Al argumentar que el requerimiento no tenía la firma de la totalidad de los integrantes de la Comisión Anticorrupción, la Agencia de Administración Penitenciaria del estado no remitió a los diputados la carta de no antecedentes penales vigentes de los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia; informó MILENIO.
Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, dijo que el viernes 2 de agosto recibió un oficio de Cesar Daniel Ramírez Acevedo, comisario General de la Agencia, en el que da su contestación negativa, sin las cartas de los 63 aspirantes, por lo que se analizará la ruta jurídica para avanzar con el proceso.
«No las mandó y no contestó favorable, porque al menos no las envió que fue lo que se le solicitó, desconozco y tengo que ver el proceso jurídico porque creíamos que sí los íbamos a recibir y poder avanzar, pero pues hay que ver en base a la contestación cuál va a ser la nueva ruta que va a seguir», declaró.
De acuerdo con la contestación de la Agencia, dirigida al Área Jurídica, se citó un criterio de la Suprema Corte basándose en el Artículo 96 de la Constitución local, subrayando que las fracciones que lo componen no se encuentra una declaración expresa en la que las diputaciones puedan delegar alguna de sus funciones, ni un secretario Técnico.
«(Fue) firmado por algunas de las personas integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Nuevo León, es decir, no fue firmado por la totalidad de quienes la conforman.
«El acuerdo referido tiene como objetivo requerir con carácter urgente a esta Agencia de Administración Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León a fin de que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, expida y remita al Poder Legislativo local las constancias de no antecedentes penales vigentes de todas las personas que se inscribieron en la convocatoria para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia», señaló.
El secretario técnico o personal de apoyo, añadió, no cuentan con la atribución expresa para convocar a sesiones de las comisiones, sin mencionar que el requerimiento fue hecho por la Comisión, auxiliada por dicho funcionario legislativo.
«Pido conceder al suscrito el término de 72 horas (que vencerían el miércoles) para efectos de solicitar a la Secretaría General de Gobierno información sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la controversia constitucional 238/2022, así como de la queja por exceso en el cumplimiento de la sentencia emitida dentro de dicha controversia, misma que se encuentra sub judice, lo que representa un impedimento técnico para poder cumplir con el requerimiento formulado por la comisión Anticorrupción», argumentó.
El miércoles pasado, tras reanudar la Comisión, los diputados locales requirieron, con carácter urgente, a la Agencia de Administración Penitenciaria del Gobierno del Estado de Nuevo León, a fin de que en plazo improrrogable de dos días hábiles, contados a partir de su notificación, para que expida y remita las cartas de no antecedentes penales vigentes de todos y cada uno de los aspirantes inscritos.
En caso de que la Agencia Penitenciaria no expida las cartas en el tiempo ordenado, indicaron en aquella ocasión, además de dar vista a la Corte, la Comisión Anticorrupción tendrá por confirmada la presunción de que los aspirantes no tienen antecedentes penales.
Imagen portada: Roberto Alanís / MILENIO
