En plena discusión sobre la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación arranca su segundo periodo de sesiones del año con temas pendientes, que van desde la prisión preventiva oficiosa hasta las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición ante las reformas aprobadas por Morena y sus aliados, en abril de 2023; informó MILENIO.
Este lunes se retoman las sesiones en la administración de la ministra presidenta Norma Piña al frente del máximo tribunal del país, mientras se realizan los últimos dos foros de discusión sobre la reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, e impulsada por la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum.
Para el segundo periodo de sesiones de este año, uno de los principales temas para el alto tribunal es definir cómo el Poder Judicial de la Federación acatará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El asunto fue turnado a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tras la determinación de la Corte Interamericana en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, emitida el 25 de enero de 2023.
El proyecto de Pardo Rebolledo no sólo propone inaplicar la prisión automática, sino también negar las órdenes de arraigo y que, en los casos en los que se denuncie tortura se ordene una investigación independiente en que no participen las autoridades penitenciarias ni de detención.
En caso de aprobarse la propuesta, ésta tendrá efectos generales, por lo que deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.
Otro de los casos más relevantes para la Suprema Corte es resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición, que impugnan las reformas aprobadas fast track en el Senado, la noche del 28 y madrugada del 29 de abril de 2023.
Entre la veintena de reformas que se avalaron se encuentra la llamada ley anti fentanilo, los cambios a la legislación minera y la extinción del Insabi y creación del IMSS-Bienestar.
Recientemente la Corte ordenó a los Tribunales Colegiados aplazar el dictado de la resolución en los casos que analicen la constitucionalidad de las reformas a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en Materia de Concesiones para Minería y Agua.
Uno de los temas recientes que analizará el máximo tribunal es la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Esto último, luego de que a finales de junio pasado la ministra Loretta Ortiz Ahfl admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentaron diputados federales de oposición.
Con dicho recurso, los legisladores pretenden evitar que el gobierno federal se quede con 40 mil millones que se encuentran en cuentas de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) inactivas.
El periodo de sesiones fue inaugurado el jueves pasado, en una Sesión Solemne en la que la ministra Lenia Batres defendió la propuesta presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), y demandó a sus compañeros ministros sujetarse “a la supremacía constitucional”.
Tras un receso que inició el 11 de julio, el 1 de agosto la ministra presidenta Norma Piña dio el banderazo al nuevo periodo de sesiones en un acto protocolario.
Como parte de la Sesión Solemne, la Comisión de Receso, encabezada en esta ocasión por Lenia Batres, rindió un informe de labores. Ahí, la togada aprovechó para abordar la propuesta de reforma presidencial.
“Como cabezas de este Poder Judicial, tenemos la obligación de reencauzar nuestros actos, respetar la división de poderes y sujetarnos a la supremacía constitucional. Emulemos a los juristas del siglo XIX que ayudaron a construir el Estado mexicano, asumiendo los reclamos sociales y sometiéndose a la voluntad popular, pues es el pueblo quien tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar al Poder Judicial como parte esencial de su propia forma de gobierno”, expresó.
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