La titular de la CEDH presentó dos denuncias por presuntos abusos de autoridad y ejercicio ilícito de las funciones públicas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra funcionarios adscritos del Periódico Oficial del Estado (POE), por presuntos abusos de autoridad y ejercicio ilícito de las funciones públicas; reportó MILENIO.
Susana Méndez Arellano, titular de la CEDH, expuso que desde el mes de marzo se pidió la publicación de un acuerdo en el Periódico Oficial con la finalidad de sustanciar el trámite de las recomendaciones emitidas y con ello acceder a las víctimas a la reparación del daño.
Méndez Arellano expuso que en tres ocasiones ha habido acercamientos para recordar la publicación pendiente, sin que hasta el momento se haga efecto en el órgano estatal.
“Esto es preocupante porque si no se publica el acuerdo, que no se ha publicado desde marzo a la fecha (…), entonces esto impide la reparación de daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos, e incluso se estaría revictimizando, por ello la preocupación y la importancia de este tema para la Comisión Estatal”, afirmó Méndez Arellano.
Lo anterior, aseguró, deja en el limbo a varias decenas de víctimas sin que puedan acceder a la reparación del daño y en algunas de ellas incluso a la imposibilidad de emitir recomendaciones.
La ombudsman en Nuevo León agregó que de emitir recomendaciones sin la publicación del acuerdo, facilitaría el que se impugne la recomendación misma y por tanto vulnerar los derechos de las víctimas.
“Si no se publica pues al rato nos van a impugnar nos van a decir que no tenemos facultades para ello que no tuvo efectos y lo que queremos es precisamente salvaguardar la legalidad de los actos de la comisión y proteger a las víctimas que esa es nuestra labor”, agregó.
La segunda denuncia, explicó, obedece a una visita realizada por un supuesto funcionario de la Secretaría General de Gobierno, sin acreditarse como tal.
“Son dos hechos distintos; la omisión de la publicación y el actuar indebido de un servidor público que, sin tener facultades, sin llevar un procedimiento adecuado, sin identificarse, sin llevar el acuerdo que se acaba de dar delegatorio de facultades y realizar atribuciones que no están expresamente conferidas en la ley del Periódico Oficial”, puntualizó.
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