Por José Jaime Ruiz
En una flagrante agresión al derecho de expresión y al derecho de información de los ciudadanos, la Auditoría Superior de Justicia, al servicio del PRIAN y sus líderes, Zeferino Salgado, Francisco Cienfuegos y Adrián de la Garza, arremetieron contra ABC Noticias por publicar una investigación que afecta al alcalde prianista de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo. El autoritarismo del PRIAN es condenable.
Cito, en extenso, la nota del medio de comunicación: “Tras ser denunciados los nexos de un proveedor favorito con el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, y la Auditoría Superior del Estado, este órgano investigador tuvo ayer una reacción inédita. Tan pronto como salió publicada la información periodística, la ASENL respondió con determinación y rapidez… ¡Pero contra ABC Noticias!
“La investigadora, que depende del Congreso del Estado, dirigió su lupa hacia este medio: le pidió entre otros reportes información de índole comercial, administrativa y hasta fiscal (…) La Auditoría solicitó información relativa a la totalidad de los contratos realizados durante el 2023 con el Poder Ejecutivo del Estado. La petición del organismo que encabeza Alejandro Reynoso Gil surge un día después de revelarse los nexos y contratos millonarios entre el municipio de San Nicolás y su empresa favorita, Comercializadora Gonsa del Valle, además de los contratos millonarios de la Auditoría estatal a la misma empresa.
“Lo anterior, a pesar de que las tareas de la ASE son fiscalizar solamente a los organismos que reciben dinero público como lo señala la propia dependencia en su misión, que es ‘realizar la fiscalización integral y objetiva de los recursos públicos del Estado, municipios, organismos descentralizados y autónomos. A través de la Auditoría, evaluamos los indicadores de desempeño y gestión financiera de la Cuenta Pública’”.
La persecución de Adrián, Paco y Chefo en contra de la familia Estrada es inédita porque el uso político de la auditoría en contra del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda ahora lo trasladan en contra de la libertad de expresión, de investigación y el derecho de los ciudadanos a estar informados de uno de los grupos mediáticos más importantes de Nuevo León. Esta persecución, repito y repito, es condenable.
