Por Ernesto Ángeles
Hoy en día estamos presenciando un cambio de paradigma en la acción política en torno a la gobernanza tecnológica, especialmente en lo que corresponde a las plataformas de redes sociales. Y es que los excesos de estas empresas con poder casi monopólico, así como las posturas y parcialidades políticas de sus administrativos y tecnologías, han revelado peligros y riesgos para la población, la democracia y la seguridad nacional.
La última manifestación de este problema tuvo lugar el fin de semana pasado en Reino Unido, cuando una serie de noticias falsas alimentadas por las redes sociales, especialmente en X, causaron diversos de actos de vandalismo y ataques de la ultraderecha en contra de migrantes, sobre todo migrantes musulmanes; al punto que se promovió la quema de hoteles en donde se alojaban. Esto se sumó al intento de golpe de Estado e intervencionismo en las elecciones de Venezuela en las últimas semanas, el cual fue directamente promovido por Elon Musk y su red social X. Así como también se suma a la parcialidad de Meta a la hora de tratarse del genocidio que está cometiendo Israel en contra de Palestina, borrando y deplataformizando a diversas cuentas pro-Palestina.
Ante esta situación diversos gobiernos alrededor del mundo han reaccionado, algunos con la censura y cancelación del servicio en sus países; mientras que otros se han preguntado qué puede hacer el Estado sin entrar en conflicto con estas empresas. Tal como en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se planteó la posibilidad que el Estado creara su propia red social.
Considero que antes de preguntarnos si es posible hacer una red social o cómo hacerla, es necesario preguntarnos para qué hacerla, ¿cuál es el objetivo de contar con una red social? Será acaso ¿disminuir la influencia de estas empresas en la cultura política y en la información que se consume?; ¿luchar contra la desinformación y el uso de bots y troles?; ¿reducir la influencia política de estas plataformas y sus directivos?; o tal vez ¿minimizar la dependencia de tecnología extranjera?; o será acaso que ¿se empieza a hacer más evidente que el Estado debe reclamar su lugar en el sistema socio-digital nacional?
Sea cual sea el objetivo que se persiga al crear una red social, se debe partir de una visión realista que tenga en consideración las capacidades y características del Estado en materia de tecnología digital, ya que una plataforma de redes sociales del Estado requeriría una estructura institucional y de infraestructura adecuada, la cual, en el mejor de los casos, debería de contar con identidad propia y no depender de otra institución, ya que de lo contrario sólo será un proyecto cuya probabilidad de éxito e impacto social será mínimo.
Asimismo, el Estado debe ser consciente de su sujeción legal en materia de tecnología digital, ya que gracias a tratados internacionales como el T-MEC, existe una estructura legal que limita la acción de México en tecnología digital, especialmente en lo que se refiere a su relación con las empresas.
Lo anterior es importante debido a que diversos problemas que se desprenden del rol político-social de las plataformas de redes sociales pueden ser atendidos a través de regulaciones, las cuales deberían cambiar su enfoque y seguir una línea mas afín al enfoque regulativo europeo, el cual establece límites y sanciones más amplias a las empresas de tecnología digital, a diferencia de su contraparte estadounidense.
El caso de la regulación es necesario a tener en consideración en todos los escenarios ya que, aunque el Estado consiga hacerse con una red social, es evidente que ésta no puede ser regulada de la misma forma en la cual funcionan las plataformas comerciales de redes sociales, empezando con que no se debe priorizar el sensacionalismo o el lucro por sobre la exactitud o la veracidad. Dicha regulación también tendría que impactar en las relaciones y el comportamiento de los usuarios, ya que nada asegura que esta hipotética red social estatal no sea invadida por hordas de usuarios troles, acosadores, mentirosos y violentos.
En líneas generales, para que México tenga una red social el país necesitaría contar con una infraestructura adecuada, la cual incluiría centros de datos y oficinas para el funcionamiento administrativo y operativo de esta plataforma de red social, aunque no sólo basta con crearla, sino que mantenerla también es algo que implica un costo constante: desde la ciberseguridad, hasta el mantenimiento de los centros de datos. De lo contrario, existe la posibilidad de alojar dicha red en infraestructuras externas, algo que sería un error.
La mano de obra también es clave en este proyecto; sin embargo, es importante preguntarnos cómo se administraría y organizaría ésta ¿bajo una nueva institución o dependiente de una institución existente como el actual Conahcyt o la futura Secretaría de Ciencia y Tecnología?
Además, ¿cuál sería el beneficio tangible de dicha plataforma de red social para los usuarios? Más aún, ¿cómo se atraería a los usuarios? Ya que un reto central para la supervivencia de toda red social es tener usuarios que estén dispuestos a pasar tiempo dentro del ecosistema tecnológico, así como generar contenido, mantener interacciones y establecer relaciones entre sí.
Es aquí donde encuentro otro gran reto para que México tenga su red social, ya que el contenido es primordial en todo espacio digital. En tal caso considero necesario que el enfoque del Estado se amplíe con el fin de establecer una plataforma que sirva de intermediaria en la relación entre el Estado y la población. En dicha plataforma se debería albergar y centralizar todo procedimiento digital federal y hasta estatal o local. Asimismo, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser otra característica de dicha plataforma, en donde ésta replique las funciones de la plataforma nacional de transparencia.
Otro elemento imprescindible es que se establezcan canales de comunicación y atención ciudadana en diferentes niveles e instituciones, por lo cual sería necesario que la apuesta tecnológica del Estado y los diferentes órdenes de gobierno sean coordinados por una institución centralizada y no bajo acuerdos interinstitucionales, en donde sólo existen líneas generales a seguir.
Y como parte de las labores de comunicación, es ahí donde el Estado y los diferentes gobiernos podrían comunicar sus acciones, reportes, estadísticas y demás información de interés púbico a manera de contenido. Además, instituciones como CONACULTA, SECTUR, la SEP y la Secretaría de Ciencia y Tecnología deberían extender su relación, publicidad y proyección digital, al punto de convertirse en polos importantes de generación de datos e información, algo que implicaría la contratación de personal para generar contenido. Es ahí donde podría entrar la faceta de red social de dicha plataforma, en donde considero que la atención hacia las relaciones y redes personales locales debería ser central en la construcción y funcionamiento algorítmico de esta red social.
En general, esta plataforma debe ser abierta, transparente y colaborativa, ya que será una manifestación del Estado y su relación en el mundo digital.
Para todo este escenario hipotético se requeriría un esfuerzo político, económico e interinstitucional titánico; sin embargo, creo que es impostergable que el Estado reclame su lugar en el mundo digital, no sólo en lo que corresponde a las redes sociales, sino a una serie de servicios y áreas más amplias, las cuales pueden extenderse tanto como el gobierno así lo pueda. El reto consiste en que el Estado se asuma como desarrollador y usuario de tecnología de un modo innovador y adaptado a sus capacidades y realidad. Se trata de proyectar al Estado en una plataforma nacional.
De lo contrario, una red social tendría un éxito limitado, sobre todo porque nada asegura que haya suficientes usuarios interesados no sólo en abrir su cuenta, sino usar el servicio de manera rutinaria y, de haberlos, tampoco nada asegura que estos espacios no se llenen de usuarios negativos y maliciosos con agendas, estrategias y herramientas como las de la ultraderecha.
Sea cual sea la determinación, este es un asunto que requiere un análisis y debate más amplio y extenso desde una mirada crítica y no romántica de la tecnología, y ya con que el presidente haya convertido este en un tema político a nivel nacional es un logro por sí mismo.
