A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó al gobierno de los Estados Unidos dos solicitudes formales de extradición en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que sea entregado y juzgado en México; publicó MILENIO.
MILENIO obtuvo de parte de la SRE un balance oficial actualizado de la situación en la que se encuentran los procesos de extradición en contra del ex funcionario federal detenido a finales de 2019 en los Estados Unidos.
Una solicitud es por el caso del fallido operativo ‘Rápido y Furioso’ y la otra por los contratos con presuntos sobreprecios para la construcción de penales federales del gobierno del ex presidente Felipe Calderón.
Gracias a una solicitud de transparencia, ahora se sabe que tras algunas complicaciones las solicitudes fueron enviadas en octubre del 2023 y, hasta ahora, siguen bajo análisis de las autoridades estadunidenses.
Sin embargo, la FGR no ha iniciado ante la SRE el trámite para solicitar la extradición de García Luna por el caso de mayor gravedad en su contra: el de delincuencia organizada, peculado y posible lavado de dinero de más de cinco mil millones de pesos.
Tampoco se ha solicitado la extradición a Estados Unidos en contra de ninguno de los otros implicados en este último caso, entre los que se encuentra la propia esposa de García Luna quien, hasta el año pasado por lo menos, continuaba viviendo en Florida, Estados Unidos.
Originalmente, México había enviado entre 2020 y 2021 solicitudes provisionales de detención con fines de extradición en contra del ex funcionario que el gobierno de los Estados Unidos desestimó bajo el argumento de que García Luna ya estaba detenido por otro caso de narcotráfico.
En ese contexto el Departamento de Estado requirió la presentación de solicitudes formales con los expedientes completos para iniciar el análisis.
Hasta el 24 de octubre de 2023 fue cuando a través de notas diplomáticas la cancillería mexicana presentó al Departamento de Estado las dos solicitudes formales de extradición por las cuales la Fiscalía General de la República le pidió iniciar los trámites.
Una de ellas está relacionada con la orden de aprehensión obtenida por la FGR dentro de la causa penal 002/2021 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, por el delito de introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del ejército.
Se trata del fallido operativo conocido como Rápido y Furioso en el que, bajo la gestión de García Luna en la SSP Federal, se permitió la entrada deliberada de armamento ilegal a México que terminó en manos de criminales.
La otra solicitud de extradición es por la causa penal 44/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. En este caso la FGR acusa a García Luna de haber autorizado contratos para la construcción de penales federales con sobreprecios.
“La Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ)añadió que las peticiones referidas se encuentran en estudio por parte de las autoridades competentes estadounidenses”, indicó la cancillería en su oficio de respuesta.
Falta el caso estrella y la esposa
La FGR cuenta con otra orden de aprehensión en contra de García Luna y de 60 personas más por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se trata del caso de mayor gravedad tanto por los delitos, así como por el monto del presunto lavado que según lo informado por la propia fiscalía en un comunicado supera los cinco mil 112 millones de pesos.
Sin embargo, la SRE informó que la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero no le ha pedido iniciar trámite alguno de extradición por ese caso.
La carpeta de investigación que dio pie a esta orden de captura surgió de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la que se detectó que García Luna, a través de una presunta red de prestanombres y empresas, se había enriquecido ilícitamente con múltiples contratos en los últimos años, y que el recurso se había triangulado para luego ser invertido en los Estados Unidos.
El actual titular de la UIF, Pablo Gómez, ha expuesto este caso en múltiples ocasiones en la conferencia matutina ya que, además de la denuncia presentada en FGR, la UIF también promovió demandas civiles en Florida para tratar de recuperar algunas de las propiedades en las que se invirtieron los recursos desviados desde el erario mexicano.
Otra de las personas implicadas en este mismo caso y por la cual también se solicitó una orden de captura es Linda Cristina Pereyra, quien al menos hasta el año pasado vivía en Florida. La UIF denunció ante la FGR que ella ha sido cómplice invirtiendo a su nombre recursos desviados. En su momento el gobierno de México incluso se quejó de que un juez federal descongela sus cuentas bancarias.
Sin embargo, y a pregunta expresa sobre el caso de Pereyra, Relaciones Exteriores dijo que la FGR no ha solicitado iniciar el procedimiento de extradición ante Estados Unidos en contra de ella o de algún otro vinculado con el caso García Luna.
¿García Luna puede ser extraditado?
Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en los Estados Unidos en cumplimiento de una orden de arresto girada en ese país por cargos de narcotráfico. En febrero de 2023 fue encontrado culpable por un juzgado en Brooklyn, Nueva York, y el 9 de octubre se dará a conocer la sentencia en su contra, que podría ir de 20 años de prisión hasta cadena perpetua.
En ese contexto, Relaciones Exteriores explicó que se pidió la extradición de García Luna bajo lo estipulado en el artículo 10 del Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos, en el cual se desglosan los documentos y procedimientos necesarios para llevar a cabo la entrega.
De acuerdo con autoridades federales y juristas consultados por este medio en los hechos no habría un impedimento tácito para que García Luna pudiera ser extraditado a México y ser procesado por los delitos estipulados, con la salvedad de que irremediablemente tiene que cumplir antes o después la sentencia que se le imponga en ese país.
Sin embargo, existen situaciones logísticas o de seguridad que podrían complicar la concesión de una extradición de este tipo. Ello sumado al análisis jurídico que necesariamente tendrá que ver primero un juez en los Estados Unidos y luego el propio Departamento de Estado de este país.
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