Versiones contrapuestas, señalamientos a políticos sinaloenses y una escasa colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y México han dejado a su paso una laguna de dudas sobre lo que aconteció aquella tarde del 25 de julio cuando Ismael El Mayo Zambada -considerado como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo- fue aprehendido cerca de El Paso, Texas; publicó MILENIO
A casi tres semanas de la histórica detención del cofundador del Cártel de Sinaloa, la versión sobre el secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López difundida por el abogado Frank Pérez ha cobrado relevancia, sin embargo, algunas contradicciones con los informes de autoridades mexicanas han alimentado la incertidumbre que ya comienza a tensar la relación bilateral entre los países.
Si bien el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, emitió un comunicado en el que se expresa que “la evidencia al momento de llegar indica que El Mayo fue llevado contra su voluntad«, del otro lado de la frontera, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro, traición a la patria y lo que resulte.
Del amplio catálogo de ilícitos que la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero investigará, entre la opinión pública ha resonado el último. Y es que, hasta antes de la detención de El Mayo Zambada, el término traición a la patria resonaba con mayor frecuencia en la esfera política, alcanzando incluso a varios expresidentes.
¿En qué consiste la traición a la patria?
En México, el delito de traición a la patria se encuentra estipulado en el artículo 123 del Código Penal Federal y, hasta su última actualización, se contemplan quince causas por las que una persona puede ser acusada de dicho ilícito.
Desde actos contra la independencia, soberanía o integridad del país con la finalidad de someterla a una persona, grupo o gobierno extranjero y hasta tintes bélicos que incluyen el reclutar gente para hacer la guerra en México o proporcionar dolosamente información militar, el artículo contempla diversos escenarios bajo los cuales puede imputarse el delito.
En caso de la detención de Ismael El Mayo Zambada, la FGR investiga traición a la patria con base en la segunda causa del artículo 123, cuyo último párrafo fue añadido en julio de 1992 y establece lo siguiente:
» II.- Tome parte en actos de hostilidad contra la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México […]
Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito».
El precedente
El párrafo adicionado al artículo 123 tuvo su origen por coincidencia -o no tanto- en un caso que no solo involucró al narcotráfico sino que figuró como una de las tensiones más fuertes que ha existido en la relación diplomática de México y Estados Unidos: el asesinato de Enrique Camarena Salazar.
Los hechos se remontan a 1990 cuando, en el marco de las investigaciones para esclarecer la tortura y homicidio del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Humberto Álvarez Machaín fue secuestrado en Guadalajara.
Reportes periodísticos dan cuenta de que el médico fue trasladado ilegalmente hasta El Paso, Texas para comparecer ante la justicia estadounidense por su presunta responsabilidad en el caso. Según el relato, Álvarez Machaín fue el encargado de suministrar drogas al agente antinarcóticos para mantenerlo con vida mientras integrantes del Cártel de Guadalajara lo torturaban.
El plagio del médico figuró para el gobierno de México como una violación al tratado de extradición del 4 de mayo de 1978. Humberto Álvarez Machaín fue declarado como inocente en 1992 mientras que su caso sirvió para reformar el Código Penal Federal en un artículo que, décadas después, continúa dando de qué hablar.
Los ex presidentes y la traición a la patria
Pese a que la traición a la patria contempla diversas causas por las cuales una persona puede ser imputada, es en la esfera política donde el término ha sido utilizado con mayor frecuencia.
Denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta de que la mayoría de las veces -o las más mediáticas- son los ex presidentes a quienes buscan acusar por dicho delito
Por ejemplo, en 2012, integrantes de la asociación civil Mexicanos Unidos presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una acusación en contra de los exmandatarios panistas Vicente Fox y Felipe Calderón por traición a la patria.
Reportes de la época dan cuenta de que las medidas tomadas por ese grupo de ciudadanos mexicanos derivó de los acuerdos comerciales conocidos como el plan Puebla-Panamá y la Alianza de América del Norte que Vicente Fox signó durante su sexenio (2000 – 2006).
La acusación de Felipe Calderón estuvo directamente relacionada con la estrategia de Guerra contra el Narcotráfico que impulsó en su gobierno y que fue calificada por la organización civil como inconstitucional. Adicionalmente, al ex mandatario panista se le señaló de dar concesiones de amplias zonas a empresas transnacionales españolas y canadienses.
Enrique Peña Nieto no se salvó de ser acusado de traición a la patria, pues fue el mismo Andrés Manuel López Obrador quien en febrero de 2014 lo acusó -a través del representante legal Bernardo Bátiz- de llevar a cabo negociaciones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para pactar la entrega del petróleo a compañías extranjeras.
«Hay estas pruebas de cómo la reforma al artículo 25, al artículo 27 y al artículo 28 de la Constitución se pactó fuera de nuestro país, en Washington, en Londres, allá se llevó a cabo este acuerdo de traición a México y luego vinieron a implementarlo, utilizando los instrumentos de control, de manipulación que tiene esta mafia de poder, los que se hacen llamar representantes populares: diputados, senadores, que no son más que empleados del grupo de intereses creados de nuestro país», mencionó el entonces presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante un evento público.
La bancada guinda volvió a evocar el delito de traición a la patria en 2022 cuando, ante la FGR presentaron una serie de denuncias por dicho delito en contra de los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica, una de las principales iniciativas que buscó impulsar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Bajo el argumento de que los legisladores priorizaron empresas transnacionales sobre la soberanía nacional, la derrota legislativa de Morena fue llevada ante la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero basándose en la primera cláusula del artículo 123 del Código Penal Federal, el cual contempla «actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana«.
Aunque existen múltiples ejemplos de los casos en los que se ha buscado imputar a una o varias personas por traición a la patria, los reportes sobre las sanciones o consecuencias que tiene incurrir en este delito son escasos.
¿Pena de muerte?
La historia de la pena de muerte en México es muy antigua. Desde el derecho azteca, la época colonial y los tiempos de la inquisición, la muerte fue durante muchos años considerada como una sanción común, incluso después de la Independencia.
En medio de un intenso debate y con el argumento de que su abolición dependía del régimen penitenciario, en la Constitución de 1857 la pena de muerte se siguió conservando con su respectiva acotación de delitos y la adición de algunos más entre los que destacaron delitos graves al orden militar, piratería que definiera la ley y traición a la patria en guerra extranjera.
Del mismo modo, en la Constitución de 1917 quedó estipulada la sanción en el artículo 22 de la siguiente forma:
«Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves de orden militar».
Años y múltiples reformas después, con la finalidad de adecuar la legislación a los principios que rigen en materia de derechos humanos, el 29 de julio de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la eliminación de la pena de muerte en el Código punitivo militar y el 9 de diciembre de ese mismo año de la Constitución Federal.
Actualmente, el delito de traición a la patria contempla una pena de prisión de cinco a cuarenta años y una multa que puede alcanzar los 50 mil pesos mexicanos.
Imagen portada: Cuartoscuro
