De concretarse el paro total de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF) como medida de presión ante una eventual aprobación de la reforma judicial promovida por el gobierno y Morena en septiembre, más de un millón de procesos judiciales abiertos podrían verse afectados, de los cuales la mayor proporción corresponde a asuntos laborales y administrativos; publicó MILENIO.
El impacto, de acuerdo con abogados y especialistas consultados por MILENIO sería grave, dado que alargaría procesos que ya de por sí llevan meses y a veces años de retrasos, y en algunos casos, de no contemplarse salvaguardas, podría generar un daño inmediato en el patrimonio, salud o libertad de las personas.
“Aunque la paralización de labores se haga de manera ordenada por ejemplo manteniendo guardias con juzgados abiertos para casos urgentes, seguramente habría un caos y quejas de los ciudadanos. Y dependiendo de cuanto dure el paro podría haber hasta demandas o juicios políticos” dice Julio Ríos Figueroa, doctor en ciencia política por la Universidad de Nueva York (NYU) y Profesor Titular en el Departamento de Derecho del ITAM.
La posibilidad de una suspensión de labores fue anunciada el martes 13 de agosto por nueve agrupaciones y colectivos de juzgadores y magistrados federales encabezados por la Asociación de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C..
Esto ante la posibilidad de que en septiembre se apruebe una reforma judicial que consideran se ha tratado de forma unilateral y que será dañina para la independencia judicial.
“La suspensión de labores, como última medida, la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”, informaron en su posicionamiento.
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, al que no pertenecen jueces, pero sí los trabajadores administrativos, actuarios, oficiales judiciales, entre otros, dijo a MILENIO que ellos hasta el momento no apoyan un paro y confían en que el diálogo funcione.
De acuerdo con datos oficiales de los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Federal del INEGI, los jueces y magistrados federales que se irían a paro están a cargo de más de un millón de procesos judiciales en promedio.
Aunque la cifra es dinámica por los procesos que entran y salen, desde 2014 los asuntos en curso superan se ubican siempre por encima de esa cifra.
El último censo publicado en octubre de 2023 muestra que los asuntos abiertos en manos de los jueces y tribunales ascendían a un millón 256 mil 77 correspondientes a las cinco materias que conocen los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación: laboral, civil, administrativo, mercantil y penal. De acuerdo con autoridades del PJF el promedio en 2024 es similar.
¿Quiénes serían los más afectados?
Aunque los temas penales son los más mediáticos y en ellos se ha centrado buena parte de la discusión de la reforma judicial, la mayor cantidad de asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales, y que se verían afectados en caso de que haya un paro completo de labores, pertenecen a otras materias.
De acuerdo con el censo de INEGI, por ejemplo, los juzgados de distrito —que son la primera instancia que conocen los casos— iniciaron en el último año analizado 228 mil 238 procesos en materia administrativa que equivalen al 32.1% del total de los casos. Es la mayor proporción de todas las materias.
Los casos en materia administrativa comprenden asuntos relacionados con permisos, concesiones y trámites ante todas las secretarías e instancias y organismos federales.
En ese contexto, un paro podría afectar un proceso relacionado con un reclamo de una persona por la falta de medicamentos en el sector salud o tratamientos; una demanda por una clausura indebida de algún establecimiento; un proceso por iniciado por una persona que denuncia la invasión de algún terreno; o un juicio por concesiones o cobros indebidos de algún impuesto, entre otros.
Luego de la materia administrativa la materia laboral concentra la mayor cantidad de procesos: 181 mil 587 iniciados en el último año analizado que equivale al 25.5% de todo el universo de casos de acuerdo con las cifras de INEGI.
De darse la suspensión podrían verse afectadas personas que demandan irregularidades como despidos injustificados, retenciones de pensiones, falta de pagos o indemnizaciones, entre otros.
Después se ubica la materia penal que involucra todo lo relacionado con delitos con 19.1% de los casos. Ahí entran asuntos muy delicados que involucran la libertad de las personas como órdenes de aprehensión, liberaciones, cambio de medidas cautelares, entre otros. Luego se ubican los asuntos civiles con un 17.1% de los casos y los mercantiles con un 6.2 por ciento
Y a nivel de tribunales colegiados que son la segunda instancia en la que se dirimen los casos, el 42.3% de los procesos en curso en el último año estudiado corresponden a temas en materia administrativa; mientras que el 24.6% son asuntos entre civiles; 23% a asuntos laborales; y 10.1% a temas penales.
Un costo alto para la gente y los jueces
De paralizarse las labores en los juzgados y tribunales federales habría una afectación inevitable para todas las partes que estén inmiscuidas en los cientos de miles de procesos penales en curso. Y dependiendo de la naturaleza del asunto este daño podría ser más significativo según los especialistas consultados por este diario.
“El impacto en muchos casos puede ser terrible. Hay personas que en este momento tienen asegurada sus casas, sus edificios, invadidos sus terrenos y estamos esperando la resolución de un amparo o de un procedimiento federal para que cada uno de ellos se imparta justicia, y recuperen su libertad, su patrimonio, su seguridad jurídica y con ellos se logre una estabilidad o un bienestar común. Que los juzgados paren, aunque la causa sea legítima, genera una afectación inevitable para la sociedad”, indica el penalista Epigmenio Mendieta.
La abogada especialista en temas de derechos humanos, Karla Michelle Salas, consideró que un eventual paro afectaría un problema que ya de por sí golpea a las personas y es la lentitud con la que se mueven los procesos en el sistema de justicia, donde con mucha frecuencia se posponen las audiencias.
“Yo llevo casos de víctimas que recurren ante juzgados federales ante el retraso de algún tipo de apoyo de la Ley General de Víctimas y sin duda esto nos afectaría. Un paro provoca la suspensión de los plazos que la ley contempla para distintos asuntos y eso se agrava por los rezagos que además ya se traen desde la pandemia y aún no se recuperan”, explicó la abogada Reyna Velasco.
El juez federal de distrito, Eduardo Alberto Osorio, dijo a este medio que la posibilidad de irse a una suspensión de labores sería una medida de última instancia en caso de que no prosperen otras acciones de acuerdo con lo señalado en el posicionamiento del pasado miércoles.
“Lo que es claro es que esto debe hacerse sin descuidar los aspectos urgentes de la justicia que nunca deben detenerse”, dijo el juzgador.
Para el doctor Julio Ríos Figueroa aun con el mantenimiento de guardias y otras medidas que deben tomarse en cuenta para minimizar el impacto sobre terceros, todas las personas que llevan sus procesos resultarán perjudicadas y también habrá un costo para los mismos juzgadores que puede ser capitalizado por aquellos que promueven estas iniciativas.
“Habrá un impacto para las personas que requieren el servicio que proveen los juzgados, pero también un impacto político para los juzgadores tanto por la reacción que puede haber del ejecutivo y legislativo, así como la percepción que se generaría entre la ciudadanía y la opinión pública. Es muy probable que se difunda la idea de que los jueces quieren defender sus privilegios y abandonan a la ciudadanía”, dice Figueroa.
Pese a lo anterior, el experto considera que la potencial suspensión de labores o al menos el anuncio puede funcionarle para los juzgadores en tanto que eleva el costo de la reforma judicial que se pretende llevar a cabo y, a su vez, incrementa la visibilidad internacional sobre este asunto y eventualmente fortalecer los litigios que se promuevan en el exterior.
¿Hay consenso? Trabajadores sindicalizados se distancian
MILENIO buscó desde el martes a la jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), para conocer más detalles en torno a la posibilidad de irse a un paro.
Por ejemplo, se cuestionó si esta acción tiene el apoyo de todos los jueces federales del país, si hay un plan para el más de millón de procesos que podrían verse afectados, y si se requiere de algún procedimiento especial para detener labores. Hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta por parte de la organización.
Dos jueces federales consultados por este diario por separado, y que prefirieron no dar declaraciones, dijeron que conocían del anuncio hecho por la asociación, aunque dijeron desconocer, hasta ahora, los detalles de su aplicación.
Por otra parte, el secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (organización gremial que agrupa más de 30 mil trabajadores de dicho poder) confirmó a MILENIO que luego de una plenaria realizada la noche del 13 de agosto tomaron la determinación de no apoyar, al menos por ahora, la decisión de las asociaciones de jueces de irse a una potencial suspensión de labores.
Indicaron que del estudio de la iniciativa de reforma no se advierte una afectación a los trabajadores sindicalizados del PJF por lo que no estiman conveniente una medida de esta envergadura.
No obstante, indicaron que ya entregaron a la junta de Coordinación Política de la cámara de Diputados una sugerencia de adición a la reforma para mejorarla en caso de que sea aprobada.
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