Entre un grupo que exige respetar las reglas del juego y otro que pide cambiarlas cuando ya acabó el partido, el INE alista la última batalla del proceso electoral: el reparto de plurinominales en el Congreso de la Unión. En medio de protestas y presiones, acuerdos previos que no pueden ignorar y jurisprudencias del Tribunal Electoral, el Consejo General definirá esta semana si se concreta el llamado ‘Plan C’; reportó MILENIO.
MILENIO confirmó que el proyecto que prepara la dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, más que analizar las posibilidades de una nueva interpretación de la Constitución para lo que no tiene facultades, se enfocará en justificar y explicar la propuesta que tiene por obligación apegarse al acuerdo previo del Consejo General del INE, a la forma en que se ha hecho en las elecciones federales previas y a las jurisprudencias del Tribunal Electoral, todas en la misma línea que lo que marca la Constitución: reparto por partido y no por coalición.
Este miércoles, cinco consejerías serán las primeras en conocer la propuesta en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que encabeza el consejero Uuc-kib Espadas y que integran las consejeras Dania Ravel, Norma Irene de la Cruz y Carla Humphrey, y el consejero Arturo Castillo, lo que podrá determinar la votación del resto de las consejerías el próximo viernes.
Esta dirección está encabezada de manera provisional por Yéssica Alarcón Góngora como encargada de despacho, quien fue colocada en este puesto por Guadalupe Taddei sin el aval del resto del Consejo General. La consejera presidenta ha advertido en varias ocasiones que el proyecto deberá apegarse a la literalidad de la Constitución y al acuerdo que aprobaron el 7 de diciembre.
Ese acuerdo estableció el reparto por partido político y se aprobó con 10 votos a favor y sólo uno en contra. La única que lo rechazó fue la consejera Claudia Zavala quien se prevé que se mantenga en esta postura minoritaria, lo que no alcanzaría para que el INE modifique o vaya en contra de su propio acuerdo.
Con esta regla en la que quedó establecido que todos los criterios aplicarán “por partido político nacional”, las coaliciones debieron prever sus estrategias políticas para repartir sus candidaturas dentro de sus alianzas. MILENIO advirtió desde ese momento, que Morena-PT-PVEM incluso generaron una estrategia para dividirse en las entidades en las que consideraban que tenían más fuerza, para ganar más espacios, lo que la oposición no planteó en sus acuerdos.
En el análisis de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos también contemplará el único requisito del acuerdo que es la afiliación efectiva, comprobar si los nombres que los partidos colocaron en sus listas con pases exprés a la Cámara de Diputados o al Senado cumplen con resta condición. En esos casos, la distribución no dejaría de afectar a la coalición, pues el propio acuerdo señala que se repartiría al partido dentro de la alianza en el que se compruebe la afiliación.
“La autoridad deberá verificar si las y los ganadores son militantes del partido por el que fueron postulados, en caso de que no haya coincidencia por estar afiliado a otro partido integrante de la coalición, para efectos de la asignación de diputaciones de representación proporcional, estas candidaturas se contabilizarán a favor del partido respecto del cual mantengan una afiliación efectiva”.
Y el segundo requisito es la paridad. Además, de una condición adicional que se sumó en los últimos días: si quienes están ahí no tienen calidad de prófugos de la justicia, como sería el caso de Javier Corral.
En las próximas horas, se reforzará la presión contra el INE por parte de ambos bandos. El pasado jueves, la presidenta electa Claudia Sheinbaum pidió al Consejo General y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que respetaran la voluntad de la ciudadanía.
“El 2 de junio el pueblo de México también plasmó su voluntad para la composición del Congreso de la Unión y es clara la norma electoral en la asignación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional. Estoy convencida que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema porque así han actuado en pasadas elecciones y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo”.
Mientras que 20 ex consejeros y ex consejeras y siete ex magistrados y magistradas, enviaron el pasado viernes una carta en la que sostuvieron que el reparto de representación proporcional “no se trata sólo de aplicar una fórmula matemática” y pidieron “una lectura “más ‘abarcante’, completa, sistemática y funcional”.
“Nos preocupa que una lectura letrista y parcial de una fracción de la Constitución lleve al país a contar con una Cámara de Diputados en la cual, la representación de las diversas corrientes esté distorsionada”, señalaron.
A pesar de que esta carta la firman consejeros que recientemente dejaron el cargo como Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña quienes apenas en la elección intermedia del 2021 votaron a favor del reparto de plurinominales por partido político, igual que en todos los procesos electorales anteriores, sin que hubiera advertido que no se trataba sólo de la fórmula que obliga la Constitución.
Una vez que el Consejo General del INE apruebe el reparto de escaños y curules, que determinará si la coalición de Morena-PT-PVEM obtienen la mayoría calificada, la oposición tendrá 48 horas para impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Sala Superior tiene 72 horas para responder, por lo que se prevé que en la sesión del miércoles 28 de agosto se resuelva en definitiva.
Imagen portada: Juan Carlos Bautista / MILENIO
