La sobrerrepresentación legislativa favorece a los partidos más votados. Eso ocurre en Reino Unido, Francia, España… y México. El motivo es garantizar la estabilidad de los sistemas políticos y evitar la parálisis parlamentaria; señala MILENIO.
A principios de siglo, los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se quejaban de que la oposición obstaculizaba sus reformas en el Congreso, e incluso hacían campañas pidiéndole al electorado “quitarle el freno al cambio”. Eran tiempos en que los politólogos hablaban de la estorbosa “parálisis legislativa”.
Curiosamente, los cambios a las leyes electorales de 2009 terminaron beneficiando a la coalición de PRI-PVEM en 2012 y 2015, así como los ajustes políticos del Pacto por México de 2014 apuntalaron a Morena y sus aliados en 2018, 2021 y probablemente 2024.
En las elecciones francesas, a dos vueltas en junio y julio pasados, los partidos de casi todo el arco político, del centro derecha a la extrema izquierda, maniobraron para cerrarles el paso a los candidatos de la ultraderecha a la Asamblea Nacional, lo que la perjudicó con una subrepresentación de 8.6 por ciento.
Por esos mismos días, el 4 de julio en Reino Unido, se confirmó la inmensa derrota del partido en el gobierno a manos de los laboristas, a pesar de que el voto del ‘Labour’ creció apenas en 1.6 por ciento: esto, aparejado con una caída del Partido Conservador y al avance de otros grupos más pequeños, se tradujo en una sobrerrepresentación de los centroizquierdistas: con el 33.7 por ciento de los votos obtuvieron el 63.3 por ciento de los miembros del Parlamento.
Los tories conservadores no se podían quejar: por los últimos 12 años, como en tantas veces anteriores, también habían gobernado gracias a la sobrerrepresentación, que en la pasada legislatura fue de 12.5% por ciento.
En España, mientras tanto, el derechista Partido Popular, aunque está en la oposición, se beneficia de un sistema electoral que sostenidamente le ha permitido obtener un porcentaje de legisladores mayor que su tajada de votos: los comicios de julio de 2023 le permitieron alcanzar una sobrerrepresentación de 6.1 por ciento en diputados y de casi 25 por ciento en senadores.
Esto también ha sido normal en México, en el caso de las coaliciones, que desde 2008 no están sujetas al límite de 8 por ciento a la sobrerrepresentación que sí tienen los partidos: la del PRI-PVEM, que se presentó a las elecciones de 2012 y 2015, la tuvo de 8.22 por ciento en la primera y de 11.72 en la segunda.
Con el cambio en las preferencias mayoritarias del electorado, el beneficio se trasladó después a las coaliciones formadas por el obradorismo: en 2018, fue de 15.22 por ciento para Morena-PT-PES; y en 2021, de 12.83 por ciento para Morena-PT-PVEM.
Este viernes, el Instituto Nacional Electoral resolverá si sostiene la norma que sólo les impone límites de sobrerrepresentación a los partidos y no a las coaliciones (por lo que la alianza Morena-PT-PVEM la alcanzaría en 18.1 por ciento), o la modifica.
Naturalidad en Europa
En los sistemas electorales mayoritarios o mixtos, las alteraciones en la representación son explicadas como necesarias para darle estabilidad al sistema político: al fortalecer las bancadas legislativas del partido más votado facilitan la integración de mayorías de gobierno.
Esto se presenta como solución a los problemas del caso italiano clásico, que buscaba asegurar una representación exacta del voto popular mediante un sistema de proporcionalidad pura, a costo de provocar una fragmentación y una inestabilidad crónicas; en 77 años, entre 1945 y 2022, Italia tuvo 70 gobiernos, con duración promedio de 401 días.
Reino Unido tiene un sistema mayoritario a una sola vuelta: el que gana un distrito –aunque sea por un solo voto–, se queda con él. Esto permitió que, en 2019, a los conservadores les bastara obtener el 43.6 por ciento de los sufragios para convertirlos en un 56.1 por ciento de asientos en el Parlamento, y gobernar cómodamente.
Muy pronto, sin embargo, perdieron el favor popular y las encuestas indicaron que se dirigían a un fracaso estrepitoso: este año, los tories cayeron al 23.7 por ciento.
Los laboristas arrasaron en 2024… aunque con muy poco: pasaron del 32.1 al 33.7 por ciento, apenas subieron 1.6 por ciento. O sea, un 10 por ciento menos de lo que obtuvieron los conservadores en 2019.
Pero el conjunto de sus rivales se fragmentó en numerosos distritos y esto les sirvió para conseguir muchos más miembros del Parlamento que los que tenían los tories: con sólo la tercera parte de los votos llegaron a casi dos terceras partes en la Cámara de los Comunes (diputados).
Francia también se basa en el principio de mayoría, pero busca que sean absolutas, y por eso realiza dos vueltas electorales: si en cierto distrito, en la primera ronda nadie obtiene el 50 por ciento + 1 de los votos, los dos o tres candidatos más votados se van a una segunda ronda.
Este año, en el primer ejercicio, la ultraderecha de Marine Le Pen encendió las alarmas al conseguir la tercera parte de los votos. Gracias al sistema, en la segunda vuelta esto podría conseguirle más de la mitad de los diputados de la Asamblea Nacional, y con ello, nombrar al primer ministro.
La perspectiva de ser gobernados por un partido acusado de racista, misógino, homófobo y antieuropeo obligó a sus rivales a maniobrar: en las circunscripciones donde un ultraderechista enfrentaba a dos candidatos, uno de centro-derecha y otro de izquierdas, el más débil de ellos renunciaba a favor del otro para conjuntar el voto.
La jugada tuvo éxito, logrando no sólo abortar la sobrerrepresentación de los de Le Pen, sino someterlos a una subrrepresentación de 8.6 por ciento. Lo inesperado fue que benefició al centro-izquierda, que reclama la oportunidad de formar gobierno porque ganó el primer lugar, con el 31.2 por ciento de los diputados. El presidente Emmanuel Macron se la niega porque quiere la posición para uno de los suyos, aunque quedaron cuatro puntos abajo.
El caso español es más complejo: el principio es de representación proporcional, pero en múltiples demarcaciones electorales pequeñas, lo que le imprime un sesgo de sistema mayoritario que favorece a los partidos grandes y comprime a los pequeños (por ejemplo, si solo se reparten cuatro lugares, cada uno por 25% de los votos, los partidos que tengan menos –20% o 15% o 5%– no alcanzan escaño).
Esto genera mayores alteraciones en el Senado, pues al favorecer la representación territorial les da más senadores a los habitantes de las zonas rurales –de predominio conservador– que a los de las urbanas: cada provincia, independientemente de su población, tiene cuatro senadores.
Esto se traduce en que, a pesar de que Madrid es mucho mayor que Soria, tienen el mismo número de representantes y el voto de un soriano vale 76 veces más que el de un madrileño (como ocurre en México: el Estado de México tiene 23 veces más habitantes que Colima, pero ambos eligen los mismos tres senadores, de mayoría, de primera minoría y pluri).
Tanto el Partido Popular (PP) como el Socialista Obrero Español (PSOE), los dos más votados, alcanzan una sobrerrepresentación, aunque la del primero es mucho mayor. En julio de 2023, en la votación para el Senado, la ventaja del PP sobre el PSOE fue de apenas 1.6 por ciento, pero en número de senadores sumó casi el doble: un 32.8 por ciento del sufragio le permitió ganar un 57.7 por ciento de los escaños. La sobrerrepresentación que alcanzó es de casi 25 por ciento.
En cambio, los siguientes dos partidos, el ultraderechista Vox y el izquierdista Sumar, cada uno con 11 por ciento de los votos, no obtuvieron ni un solo senador y quedaron subrepresentados en diputados.
Este sistema busca generar una mayoría estable (de sesgo conservador en el Senado) representando de más al partido más votado. Pero en las condiciones actuales, genera inestabilidad porque su alianza con Vox –cuyo nacionalismo español es feroz– le impide obtener el apoyo de los pequeños partidos nacionalistas vascos y catalanes, que le resulta indispensable.
Esto divide el espectro en dos: por un lado, PP y Vox reúnen sólo un 43 por ciento de los votos. Por el otro, están el PSOE y los demás partidos, que con un total de casi 57 por ciento de los sufragios no deberían haber tenido problemas para formar una mayoría de gobierno. Pero en este caso, la sobrerrepresentación de PP y Vox (que les dio en conjunto 48.6 por ciento de la Cámara Baja, además de la mayoría del Senado) lo hizo bastante difícil y, aunque lo lograron, el margen de ventaja es tan magro que cualquier grupo pequeño puede derribar la alianza.
México: límite a coaliciones, eliminado en 2007
En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de 1996, se estableció un límite de 8 por ciento a la sobrerrepresentación tanto de partidos como de coaliciones. Ninguno de ellos podía recibir una cantidad de legisladores de representación proporcional que, sumada a los ganados por mayoría, superara en 8 por ciento su porcentaje de la votación nacional emitida.
En la reforma al Cofipe de diciembre de 2007, que entró en vigor en enero de 2008 y fue aprobada por PRI, PAN y los legisladores de la corriente Nueva izquierda del PRD, se mantuvo la limitación a los partidos pero se eliminó la de coaliciones. En su análisis comparativo de la misma, el primer consejero presidente del Consejo General de IFE designado con las normas modificadas, Leonardo Valdés Zurita, no objetó este cambio.
En 2009, las agrupaciones políticas concurrieron por separado, por lo que la primera vez que hubo coaliciones bajo esas reglas fue en 2012 y la segunda en 2015, cuando la que formaron PRI y PVEM obtuvo una sobrerrepresentación de 8.22 y 11.72 por ciento, respectivamente.
En ambos casos, el cuidado que puso el Consejo General del IFE para evitar que algún partido –el PRI– superara el límite de 8 por ciento sólo llegó al momento de los cálculos formales. Después, varios diputados electos que, según los acuerdos de coalición, debían integrarse a la bancada del PVEM, se pasaron a la del PRI, que sobrepasó la barrera legal.
En 2014, la reforma electoral promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y votada por su Pacto Por México (integrado por PRI, PAN, PRD y PVEM), reemplazó el Cofipe por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, actualmente vigente. En ella, otra vez, establecieron el límite para los partidos pero no para las coaliciones.
Los beneficiarios, sin embargo, no fueron las organizaciones que la aprobaron sino la emergente Morena y sus aliados PT y PES: gracias a la mayoría que obtuvieron en 2018, alcanzaron un 15.22 por ciento de sobrerrepresentación.
En este caso, el PES superó el límite de manera legal, porque el exceso se dio por sus diputados electos por mayoría relativa (posteriormente, una treintena de sus 56 legisladores se cambió de bancada, principalmente a Morena).
En 2021, la coalición de Morena, PT y PVEM llegó a un 12.83 por ciento de sobrerrepresentación, sin que ninguno de los tres partidos se aproximara al techo establecido.
Tras los comicios de junio pasado, si la ley se aplica como se hizo en los cuatro procesos anteriores, el 54.7 por ciento de votación que obtuvo la coalición de Claudia Sheinbaum le daría a la alianza de esas mismas organizaciones el 72.8 por ciento de la Cámara de Diputados, es decir, 364 escaños.
Contra ello, la oposición y un grupo de ex consejeros, entre ellos quienes presidieron el Consejo General cuando votó a favor de la sobrerrepresentación en 2012 –Leonardo Valdés–, y en 2015, 2018 y 2021 –Lorenzo Córdova–; exigen que se le imponga a la coalición gobernante el mismo límite que a los partidos, para que no exceda el 62.7 por ciento de la Cámara Baja.
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