Luego de 14 años de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida entre el 22 y 23 de agosto de 2010, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las características de las 11 armas de alto calibre decomisadas en el lugar de los hechos; informó MILENIO.
A través de una solicitud de transparencia, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero informó a MILENIO que se trata de ocho fusiles, dos carabinas y una pistola semiautomática, calibres 7.26 x 39, 7.62 x 51, .223 o 5.56 mm y 9 mm. Cuatro tienen como país de fabricación a Estados Unidos, dos a China, una a Alemania, una a Israel, una a Rumania y otra no pudo identificarse la nación de fabricación.
Entre el arsenal confiscado se encuentra el poderoso fusil HK91 de origen alemán, el cual generó un escándalo internacional hace tres años, cuando el Tribunal Superior Federal de aquel país impuso una multa de 3 millones de euros a la empresa Heckler y Koch (H&K) por violar la ley para el control de armas de guerra, al haber exportado a México 5 mil fusiles de asalto G36 de manera poco clara, sentando un precedente para que la industria no venda estos productos a Estados en conflicto.
Algunas de estas armas, por ejemplo, aparecieron en 2014 en la escena de los crímenes que se cometieron durante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Y a pesar de que los organismos de derechos humanos han pedido que se rastree cómo entraron a México las armas decomisadas en San Fernando, el gobierno mexicano no ha indagado sobre el origen de las mismas. También se desconoce la manera en que fueron adquiridas por Los Zetas que perpetraron aquellos crímenes.
La FGR indicó que a los migrantes se les privó de la vida con armas de fuego calibre 9 milímetros y calibre .223, pero desconoce la marca del arma que se utilizó. En el lugar fueron asegurados 33 casquillos .223 milímetros, 27 casquillos 9 milímetros y tres cartuchos 9 milímetros.
¿Y las armas de las fosas?
También en la solicitud de transparencia se preguntó sobre las armas con que fueron privadas de la vida 196 personas migrantes halladas en las fosas de San Fernando, en abril de 2011. La dependencia indicó que lo desconoce, pero fueron aseguradas en la escena 14 armas, 3 mil 157 cartuchos y 147 cargadores de distintos calibres.
- 7 armas, 64 cargadores, mil 190 cartuchos calibre 5.56 mm y 53 cartuchos calibre 7.62 mm
- 1 arma calibre 9 mm, 1 cargador calibre 9 mm, 14 cartuchos 9mm
- 5 armas largas, mil 796 cartuchos 5.56, 7.62×39, 380 y 80 cargadores 5.56, 7x62x39
- 1 arma larga calibre 2.23, 2 cargadores abastecidos, 62 cartuchos útiles;
- 25 cartuchos calibre 5.56 2 cartuchos calibre 7.62 15 cartuchos calibre .308.
“No se cuenta con dato alguno respecto al origen, dónde, cuándo y por quién fueron compradas las armas de fuego relacionadas con los hechos”, apuntó la FGR. Aclaró que no se realizó hallazgo de cartuchos y/o balas dentro de las fosas.
Bases de datos… y nada
La FGR es la única instancia del gobierno mexicano con facultad para rastrear las armas que se ven involucradas en un delito en el territorio nacional, a través de la base de dato del sistema eTrace, perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), que contiene las armas compradas en Estados Unidos, registros a los que México tiene acceso desde 2010.
La Fiscalía señaló que “no cuenta con dato alguno” para saber si dentro de esas dos masacres de personas migrantes estuvieron involucradas armas de fuego a cargo de los policías municipales, estatales o efectivos militares, lo que llevaría a ampliar la investigación hacia las instancias del Estado mexicano, como han solicitado los organismos de derechos humanos que defiende a las familias víctimas.
El gobierno mexicano ha solicitado en varias ocasiones el rastreo masivo de armas en esta base de datos de la Unión Americana; de hecho, los resultados de esas consultas acompañan las demandas civiles que la Cancillería mexicana interpuso en Estados Unidos en contra de las fabricantes y distribuidores de armas, a quienes acusa de violar su propia ley para abastecer a los carteles mexicanos.
Las dos demandas, una presentada en 2021 en una corte de Massachusetts, Boston, y otra en Arizona, en 2022, han sido desestimadas por las cortes de ese país; sin embargo, se mantienen vigentes a través de las apelaciones y los litigios que la Cancillería mexicana está dando para responsabilizar a la industria por los daños causados en México en materia de violencia.
No obstante, en las masacres de San Fernando, Tamaulipas, que suman alrededor de 317 personas asesinadas, en su mayoría migrantes (72 en agosto de 2010; 196 en abril de 2011 y 49 en Cadereyta en mayo 2012) la FGR no ha abierto una línea de investigación para ubicar el origen de las armas halladas en las escenas del crimen, lo que pudieran ayudar en la investigación de los homicidios.
A la fecha, después de 14 años de ocurrida la masacre de 72 migrantes provenientes de seis países –Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India– no hay ninguna sentencia por el delito de homicidio. Tampoco se tiene abierta ninguna indagatoria por el delito de tráfico de armas, informó la Fiscalía.
Recientemente, la FGR dio a conocer que obtuvo una sentencia de 50 años de prisión contra 11 zetas por el delito de homicidio calificado, al ser halladas responsables del homicidio de 122 personas, quienes fueron bajadas de los autobuses en los que viajaban y posteriormente encontradas en fosas clandestinas en San Fernando.
Por la muerte de los 72 migrantes, según la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, que representa a algunas familias de las víctimas, se tienen cero sentencias por esos homicidios.
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