Tras la designación de Pedro Arce Jardón, como nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Partido Movimiento Ciudadano condenó la acción y calificó la elección como «un proceso viciado de origen y completamente alejado de los principios democráticos y legales que deberían regir en Nuevo León«.
Miguel Ángel Sánchez Rivera, dirigente de Movimiento Ciudadano Nuevo León, señaló que no aceptarán la designación porque responde a intereses políticos del PAN y del PRI.
No podemos aceptar una designación que claramente responde a intereses políticos y no a las necesidades de justicia que reclama la sociedad de Nuevo León. Este proceso ha sido una farsa y una burla para los ciudadanos que exigen transparencia y equidad”.
Asimismo, puntualizó que el nombramiento es ilegítimo, alegando que el proceso no cumplió con los requisitos establecidos por la ley ni se llevó a cabo conforme lo marca la Constitución. Además, se ignoró una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exigía que el trámite se realizara con candidatos que sí reunían los requisitos para ser Fiscal.
“Esto convierte la designación de Pedro Arce en un acto impugnable legalmente, similar a otros nombramientos cuestionables que se han hecho en órganos autónomos del estado”.
El líder de Movimiento Ciudadano en la entidad, aseguró que la gestión de Pedro Arce como encargado de despacho de la Fiscalía ha estado marcado por múltiples controversias.
“Durante su gestión, ha sido acusado de utilizar la Fiscalía como un instrumento político para perseguir a opositores y obstaculizar el trabajo del gobierno estatal. Durante las pasadas elecciones, quedó en evidencia que la Fiscalía operó en favor de los intereses políticos del PRI y PAN. Esta designación no responde a las necesidades de justicia de la ciudadanía, sino a la perpetuación de un sistema corrupto y controlado por intereses partidistas”.
Por último, dijo preocuparse de que los diputados locales del PAN y PRI hayan decidido ignorar las observaciones y vetos realizados por el Ejecutivo estatal, optando por una elección que no garantiza la independencia ni la imparcialidad necesarias en la Fiscalía.
