Por Erick Calderón
Las recientes declaraciones del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, sobre la reforma al poder judicial mexicano, han resonado con fuerza, aunque solo para alegrar a la derecha más rancia, entreguista y vende patrias que siempre se muestra dispuesta a ceder soberanía a cambio de un guiño del norte.
No obstante, lo que resulta escandaloso no es solo el contenido de sus palabras, sino la naturalidad con la que expresa el nivel de intervencionismo al que siempre han estado acostumbrados, como si México no fuera más que un patio trasero en el que pueden hacer y deshacer a su antojo. La insinuación de reformular o, peor aún, terminar con el Tratado de Libre Comercio si no se cumplen sus demandas, es un chantaje descarado que evidentemente busca doblar la voluntad del gobierno mexicano.
Este tipo de tácticas no son nuevas y responden claramente a una agenda electoral que se cuece al otro lado del Río Bravo. En tiempos de elecciones, es normal que tanto demócratas como republicanos se lancen en busca de un chivo expiatorio para sus problemas internos, y esta vez, el turno le ha tocado a México nuevamente. Ahora, nos “advierten” que con estos cambios se corre el riesgo de dejar jueces «a modo» para los grupos criminales, sugiriendo que la reforma propuesta podría ser un boleto de entrada para más impunidad.
Pero seamos francos: las «preocupaciones» estadounidenses y canadienses siempre han sido una fachada. Lo que realmente les importa no es la democracia ni el bienestar de los mexicanos, sino asegurar que sus negocios en México se mantengan bajo sus propios términos. La reforma al poder judicial representa, para ellos, una amenaza potencial a ese control. Por ello que no es casualidad que los sectores más vocales en este debate han sido precisamente las cámaras de comercio de Estados Unidos y Canadá, que actúan como portavoces de empresas multinacionales, muchas de ellas con operaciones cuestionables en territorio mexicano.
Un ejemplo claro de esto son las mineras canadienses, que durante décadas han sido criticadas por el daño ambiental que causan y por la explotación desmedida de los recursos naturales de México. Estas empresas ven con recelo cualquier cambio en el sistema judicial que pudiera derivar en regulaciones más estrictas o en una justicia más independiente que les haga rendir cuentas. Es evidente que, para estos actores, el verdadero temor no es que la justicia en México se vea comprometida, sino que se vuelva más justa y equitativa, poniendo en riesgo sus intereses económicos. Así, la preocupación por la justicia en México parece surgir convenientemente solo cuando sus intereses comerciales se sienten amenazados.
Afortunadamente, la respuesta de las autoridades mexicanas ha sido contundente. Durante su discurso, el ex canciller Marcelo Ebrard no dudó en desafiar las afirmaciones del embajador Salazar con un rotundo «What are you talking about, dear Ken?» (¿De qué estás hablando, querido Ken?), lanzando un reto público que no dejó espacio a dudas. Ebrard recordó, en un acto de fina ironía, que en Estados Unidos la elección de jueces por voto popular ha sido una práctica consolidada desde 1830 y que ha fortalecido su democracia. Entonces, ¿por qué esa misma propuesta sería vista como un riesgo para México?
Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, no tardó en sumarse al debate, recordando en un tuit que en 43 de los 50 estados de Estados Unidos los jueces son elegidos por voto popular. Una propuesta similar está en discusión actualmente para todo el país, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es la verdadera razón de la preocupación estadounidense? Quizá temen que México haga algo mejor que ellos mismos.
AMLO, fiel a su estilo, fue más directo. Negó toda posibilidad de diálogo, argumentando con razón que este es un asunto exclusivo de los mexicanos. «Diálogo siempre debe haber. El asunto es que los temas relacionados con México nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía», declaró el presidente.
Es fundamental entender que los sistemas legales de Estados Unidos y México han evolucionado en contextos muy diferentes. Mientras que en Estados Unidos se privilegia la elección popular de jueces locales, en México hemos adoptado un sistema más centralizado, en parte para asegurar una justicia menos influida por los vaivenes políticos locales. Por lo tanto, intentar imponer un modelo ajeno sin adaptarlo a nuestras particularidades no solo es imprudente, sino también puede ser peor.
De igual manera es particularmente vil amenazar a México con el fin de tratados comerciales debido a cuestiones internas. Esta estrategia no solo es inaceptable, sino que también podría resultar contraproducente para los propios intereses de Estados Unidos. Los votantes demócratas, que buscan diferenciarse del discurso de confrontación de Trump, podrían no ver con buenos ojos que su representante siga por esa misma senda. Ken Salazar parece estar caminando una delgada línea al intentar mostrar firmeza ante México. Sin embargo, al tratar de no ceder terreno a la narrativa anti-México que Trump ha monopolizado, podría estar alienando a los votantes demócratas que prefieren una relación más constructiva y menos beligerante con su vecino del sur.
Era de esperarse, en ese sentido, la contundencia del presidente López Obrador, quien subrayó que tener un tratado comercial con Estados Unidos no implica que gobiernos extranjeros puedan inmiscuirse en asuntos de carácter nacional. Este argumento es sencillamente demoledor. ¿De dónde se sigue que por tener tratados comerciales se nos pueda chantajear políticamente? La respuesta es clara: del manual de bully del barrio.
