Por Efrén Vázquez Esquivel
Hace dos días, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, dio entrada a una acción de inconstitucionalidad promovida por el líder nacional del PAN, Marko Cortés, la cual busca que dicho tribunal se pronuncie sobre si hay o no sobrerrepresentación de Morena en la Cámara; publicó MILENIO.
Se trata de una estratagema política para cargar la balanza hacia el lado de la oposición. No encuentro criterios de aceptabilidad racional que justifiquen su admisión inmediata a trámite, ya que es el Tribunal Electoral a quien corresponde la competencia para conocer de asuntos electorales.
La prudencia indica que debió haberse desechado de inmediato por ser notoriamente improcedente y provocadora, y no turnarse para estudio a uno de los ministros de la Corte.
De haberse hecho tal cosa sería una clara señal de que los ministros que siguen a Norma Piña tratan de distender el conflicto, pero lo que se observa es lo contrario. Parece que hay acuerdo tácito entre Andrés Manuel y Norma Piña en que si uno le da una vuelta a la rosca, el otro le da dos.
La política y el derecho están estrechamente relacionados. En ocasiones se implican y hasta se complican, pero no se deben confundir. Las decisiones jurídicas tienen como fin lograr la justicia por medio de una interpretación correcta de la ley. La política, en cambio, tiene en la lucha por el poder uno de sus principales objetivos.
Conclusión: el conflicto entre el PJF, cuyos líderes están aliados a los poderes fácticos y, paradójicamente, a la mayoría de los colegios de abogados y a algunos líderes de escuelas de derecho, tiene que ver, entre otros factores, con la politización de la justicia.
Hagamos caso a la tradición que heredamos de Crescencio Rejón y Vallarta. Sin afectar a ninguno de los integrantes del PJF, hay que despolitizar la justicia, condición esencial para discutir a fondo la reforma que pide el PJF.
No queremos una presidenta, como lo será Claudia Sheinbaum, con un poder omnímodo; pero tampoco un Poder Judicial sin ningún tipo de control, que goce de una gracia cuasi divina sobre los otros Poderes para interpretar la Constitución, atendiendo a necesidades políticas.
