El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones que había sido aprobado en el Senado en agosto, que contemplaba un incremento del 8.1% en los ingresos de pensiones, ante la pérdida de poder adquisitivo por la inflación que supera el 250% anual.
La jubilación mínima en Argentina es de 225 mil 454 pesos (alrededor de 4 mil 700 pesos mexicanos), mientras que el precio de canasta básica se encuentra en 285 mil pesos argentinos (5 mil 900 pesos mexicanos, aproximadamente).
La legislación proponía que la pensión no debía ser menor a una canasta básica y que la fórmula de movilidad de la pensión quedara atada al Índice de Precios al Consumidor para que se actualice cada semestre de acuerdo a la inflación, lo que representaba que hubiera un ajuste del 8.1%.
El argumento del gobierno de Milei para vetar esta ley es que “no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento», es decir, por el posible daño a las finanzas públicas, ya sea a través de un aumento en la deuda pública o el aumento en la recaudación, dos medidas políticas descartadas para el gobierno de Milei ha defendido desde su posición libertaria.
Ante esta medida anunciada, el 29 de agosto organizaciones de jubilados salieron a protestar contra el veto presidencial de Javier Milei, en una marcha que tendría por fin la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los manifestantes de la tercera edad fueron reprimidos por la policía, ya que los jubilados intentaron bloquear la avenida Rivadavia y ante la negativa de irse a la banqueta la policía respondió con el uso de la fuerza y con gas pimienta.
