Por Emerson Segura Valencia
El 1o de enero de 1995 el país despertó con una Suprema Corte cerrada y sin ministros. El presidente entrante Ernesto Zedillo, mediante la figura de jubilación inmediata, separó de su cargo a 26 ministros con una reforma que impulsó desde los primeros días de su gobierno mediante una veintena de cambios constitucionales para la creación de un nuevo andamiaje judicial, un andamiaje que utilizó para negociar espacios políticos con el PAN -un partido creciente que protagonizaba en esos años la alternancia en el país- y remover jueces que habían llegado a la Corte por decisión de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, con este último se enfrentaría fuertemente.
A excepción de Atanasio González Martínez, quien fue nombrado por el presidente Luis Echeverría, los demás habían sido nombrados por Salinas y de la Madrid. Así, la reforma que también creó el Consejo de la Judicatura fue una especie de blindaje para protegerse de los intereses e influencia de su antecesor. ¿La consecuencia? Un poder judicial cedido al panismo al mismo tiempo que esta fuerza política aumentaba su presencia en el congreso y los estados, incluso, Zedillo fue el primero en tener un gobierno dividido tras perder la mayoría en la Cámara de los Diputados en 1997 y más tarde, perdería la presidencia de la República en el 2000. De alguna manera, podríamos hablar de una alternancia pactada.
El año anterior a la publicación de la reforma judicial, 1994, fue convulso por decirlo menos. La economía “colgaba de alfileres”, el levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, acechaban a un gobierno zedillista que iniciaba entre cuestionamientos. Así, el resultado de esa reforma fue la imposición de una nueva clase política donde el monopolio de la justicia ya no era ejercido solo por el priismo hegemónico, sino que también ya lo compartía con el PAN.
Cabe recordar que uno de los dos ministros propuestos que venían del salinismo brincaron hacia el nuevo régimen zedillista, Mariano Azuela Guitrón, uno de los autores intelectuales del proceso de desafuero años más tarde en contra de Andrés Manuel López Obrador en 2005 para impedir que se convirtiera en candidato presidencial en los comicios de 2006. Azuela Guitrón fue ministro de la Corte 1995 a 2009 y presidente de la corte entre 2003 y 2006.
El proceso de desafuero que padeció López Obrador cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal fue uno de los primeros casos en la región de lo que se denomina como lawfare, estamos hablando del uso indebido de instrumentos jurídicos con fines de persecución política, destrucción de imagen pública o inhabilitación de un adversario en la arena mediática.
Bajo estos antecedentes, es que la reforma judicial impulsada por el actual gobierno y que será la que acompañe al gobierno de Claudia Sheinbaum puede constituir un antídoto para salvaguardar el proyecto político de la transformación y así, evitar maniobras judiciales que pueda atentar contra el próximo gobierno.
La tentación del golpe blando es algo común, en la región hay diversos casos, por ejemplo, el brasileño.
Dilma Roussef, sucesora de Lula da Silva en Brasil, fue destituida el 1o de septiembre de 2016 a través de un golpe blando protagonizado por el Senado, la acusaron de responsabilidad en el supuesto “maquillaje” de las cuentas fiscales y la firma de decretos económicos sin aprobación del Congreso. En 2022 el Ministerio Público Federal de Brasil cerró la investigación. No hallaron ningún delito cometido por Rousseff, pero la acusación sirvió para obligarla a renunciar y manchar su reputación.
Asimismo, el ataque judicial contra Lula da Silva es uno de los ejemplos más claros de este uso indebido de los instrumentos de la justicia para eliminar a un adversario político. En julio de 2017 el juez Sergio Moro lo condenó a 9 años y seis meses de prisión por “corrupción pasiva”. El 7 de abril de 2018 inició un periodo de 580 días en la cárcel e imposibilitado para presentarse en las elecciones de ese año para contender contra el ultraderechista, Jair Bolsonaro. Bolsonaro resultó electo en dichas elecciones e incorporó al mismo Sergio Moro a su gabinete como ministro de Justicia.
El 8 de marzo de 2021 uno de los jueces de la Corte Suprema brasileña anuló todas las sentencias contra Lula porque Moro carecía de competencia para investigar y juzgar los supuestos delitos que le imputó al ahora presidente por tercera ocasión. Apenas a una semana de que Lula da Silva rindiera protesta como presidente, cientos de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro irrumpieron en las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto -sede del Ejecutivo- y de la Corte Suprema en Brasilia.
Ahora, Lula en su tercer mandato, ha logrado cohesionar a todos los sectores anti-bolsonaro, para impedir que el lawfare siguiera actuando en contra de la democracia brasileña.
En México y la región están las lecciones y ejemplos de cómo la izquierda está enfrentando el desafío de un poder judicial conservador, muchas veces dominado por intereses ajenos e infiltrado por grupos económicos que utilizan a las instituciones del poder judicial a su favor.
