Por Erick Calderón
Es de conocimiento general que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han implementado diversas políticas sociales con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad, dos de los grandes males históricos de México. Con una oposición que no ha dejado de ladrar durante 6 años consecutivos respecto a algunas de estas medidas, los datos disponibles hoy reflejan resultados positivos en ambas áreas, a pesar de las complejas circunstancias globales que han afectado al país.
Uno de los principales focos de críticas hacia la administración de López Obrador ha sido la implementación de iniciativas de apoyo a sectores vulnerables, donde figuran programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida. Desde ciertos sectores del conservadurismo se argumentaba que estos planes desincentivarían el trabajo, y promoverían “la pereza” especialmente entre los jóvenes, a quienes la oposición llegó a referirse despectivamente como «ninis».
Sin embargo, los datos duros no respaldan esta narrativa. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), más de 9.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza desde el inicio de la administración de AMLO. Estos números sugieren que los programas sociales, lejos de desincentivar el trabajo, han logrado fortalecer el ingreso de los sectores más vulnerables, generando oportunidades educativas y laborales para quienes antes estaban excluidos del mercado laboral formal. La evidencia muestra que la crítica sobre una supuesta «pereza» no tiene un fundamento sólido, y la retórica del «nini» ha sido más una estrategia política que se ha movido muy bien entre los sectores más clasistas, pero que definitivamente está lejos de ser diagnóstico real de los resultados.
De igual manera, un segundo pilar en la estrategia de López Obrador ha sido el aumento del salario mínimo. La narrativa neoliberal clásica sostiene que los salarios no deben ser regulados por el Estado, ya que es el mercado quien debe determinar su valor. No obstante, la situación mexicana requería una intervención decidida. Antes de los aumentos decretados durante este sexenio, México se encontraba entre los países con los salarios más bajos del mundo, y la más baja del OCDE, donde, por cierto, se lideran las alzas a las remuneraciones salariales de los últimos 5 años (La Jornada: Lidera México alzas al salario mínimo entre los miembros de la OCDE).
En este contexto, la intervención estatal para incrementar los salarios no solo mejoró la calidad de vida de millones de mexicanos, sino que también desmitificó la idea de que ‘el mercado se regula solo’. En un entorno económico dominado por grandes corporaciones —muchas de ellas dirigidas por ex priistas que se enriquecieron bajo décadas de capitalismo de cuates—, el aumento salarial fue una corrección necesaria. Esta política rompió con una visión empresarial arcaica que presentaba el aumento salarial como inviable, cuando en realidad reflejaba un sesgo ideológico que subvaloraba el tiempo, la calidad de vida y la dignidad del trabajador. Hasta el momento, los datos han demostrado que mejorar los ingresos mínimos no ha desatado las catástrofes inflacionarias que se auguraban, ni que tampoco eran precisamente inviables, sino que era una medida necesaria que ha permitido a millones acceder a mejores condiciones de vida.
La reducción de la desigualdad: Un desafío económico y cultural
Otro aspecto que merece ser destacado es la reducción de la desigualdad durante el sexenio, un logro particularmente notable si se considera el contexto global marcado por la pandemia y los conflictos económicos internacionales. Si bien es cierto que la pobreza se mide mayormente en números, la desigualdad no es solo una cuestión económica, sino también social y cultural.
Aunque es evidente que el gobierno de AMLO ha trabajado incansablemente en la redistribución del ingreso, de manera paralela también ha logrado impulsar políticas que han reducido barreras históricas de acceso a derechos fundamentales como la educación y la salud. El aumento de las becas para estudiantes de familias de bajos recursos, la expansión de los servicios de salud pública y la construcción de una cultura de inclusión social han tenido un impacto significativo en la reducción de la desigualdad en un contexto cultural y social.
En este sentido, el sexenio de López Obrador no solo ha combatido la pobreza en términos numéricos, sino que ha contribuido a una mayor cohesión social, disminuyendo las diferencias abismales entre clases sociales que caracterizaban al México de años anteriores, ya que las políticas implementadas no solo han mejorado las condiciones de vida de millones de mexicanos, sino que han sentado las bases para una economía más equitativa. Estos resultados sin duda han quedado muy lejos de las lecturas opositoras de; “promover la ociosidad” o de desatar una “espiral inflacionaria”.
A pesar de los avances tangibles en la reducción de la pobreza y la desigualdad, aún queda un largo camino por recorrer. Algunos desafíos no han sido abordados de manera uniforme en todo el país, especialmente en regiones rurales e indígenas, donde la pobreza sigue siendo un obstáculo significativo.
Será tarea de la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, dar continuidad a estos proyectos. Con su perfil más académico, se espera que se refuercen las estrategias que garanticen una mayor cobertura en sectores aún desatendidos, y que al mismo tiempo se evite el desbalance en las finanzas públicas para no generar un déficit que comprometa los avances logrados. Además, será clave fortalecer los acuerdos con el sector privado para generar más empleo formal y oportunidades autosustentables, reduciendo la dependencia de los apoyos gubernamentales y permitiendo que el crecimiento económico sea más inclusivo y sostenible en el largo plazo.
