Por José Alberto Alvarado Pineda
El discurso de la presidente de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación del fin de semana – lo emite en fin de semana pensando que con ello no tendrá la réplica del presidente de la República – deja ver que lo que busca es mantener todo igual.
Una persona que se cree democrática, una persona que se cree lideresa de un grupo de juzgadores que no acepta la necesidad de reformar el Poder Judicial, y se dedica a echar culpas, a pedir dinero y a dar hasta recomendaciones, deja al descubierto su falta de valores democráticos, pues no obstante que el Pueblo de México en su inmensa mayoría votó para que se reforme el Poder Judicial, esta señora se ciega y se demuestra sorda al clamor del Pueblo de México.
También es evidente que no tiene forma de defender lo indefendible, pues en ningún momento ha señalado el por qué ha dejado a delincuentes en libertad, el por qué ha permitido que empresarios no paguen impuestos, el por qué se ha dejado en libertad a delincuentes de cuello blanco, el por qué no aplican y no respetan el mandato constitucional sobre los sueldos, el por qué tiene salarios escandalosos, el por qué tiene prestaciones como si fueran reyes, por qué el 40 o 45 por ciento de los trabajadores del Poder Judicial son familiares de Jueces, Magistrados y Ministros, entere muchos actos corruptos y en plena violación a la ley, por parte del Poder Judicial.
Con este último dato, podemos entender el por qué un grupillo de trabajadores del poder judicial se encuentra marchando y en paro de labores, pues sí, son familiares de quienes les dieron el trabajo, y aunque saben que a esos trabajadores no se les va a dejar sin empleo, el juez o el magistrado o ministro que les dio ese empleo sí perderá el puesto, y cómo no defenderlos, puesto que les deben la “chamba”.
Esto no es todo, pues la Presidente de la Corte, pretendió señalar que la reforma que se está discutiendo, se encamina a la “demolición” del poder Judicial, nada más absurdo, puesto que la modificación de la forma de elección o designación de jueces, magistrados y ministros no demolerá al Poder Judicial, sino que está orientada a la demolición de la corrupción que impera en ese poder, a la demolición del nepotismo, a la demolición de los privilegios, a la demolición del amiguismo y sueldos exorbitantes.
Contrario a lo que la Presidente de la Corte señala, la Carrera Judicial hoy por hoy, no es un método para acceder a los cargos de jueces, magistrados y mucho menos de ministros, pues estos últimos son designados por el Senado a propuesta del Presidente de la República; los jueces y magistrados por el Consejo de la Judicatura, de forma definitiva, como lo establece la fracción VI del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, pues realmente nunca existe un examen de oposición, ya que para suplir las faltas temporales o definitivas de jueces, es el Consejo de la Judicatura quien los designa de una lista que ese mismo órgano la autoriza, fracciones XXI y XXII del mismo artículo y ley, es decir, todo queda entre amigos y entre la Presidencia de la Suprema Corte, que a su vez es presidente del Consejo de la Judicatura.
Pero el cinismo de la presidenta Norma Piña no tiene límites al decir que, para que hagan mejor su trabajo, en materia penal, se requiere mayor presupuesto, es decir, nuevamente señala que no es culpa suya, sino que la culpa es por falta de dinero, como si el dinero les diera el conocimiento, la ética, la moral y la honradez que deben tener los jueces.
Es claro que la señora Piña, lo que busca es mantener el Poder Judicial tal y cual se encuentra hoy, como un poder de familias, amigos y cómplices de la corrupción, donde pide más y más dinero para sus amigos, donde puedan tener el control de quienes pueden entrar a esa cofradía de maleantes, corruptos y delincuentes que imparten derecho y no justicia, que protegen los beneficios de unos cuantos y contra el Pueblo de México.
Y bueno hasta se atreve a decir que se cambie la estrategia de seguridad en el país, como si con ello les diera a los jueces la capacidad para juzgar adecuadamente, como si de ello dependiera que los jueces hagan su trabajo y por lo que el Pueblo les paga.
La reforma al poder judicial se debe realizar, aún y con las marchas pequeñas y mínimas y que hoy sabemos que están apoyadas por los familiares de los jueces, magistrados y ministros que trabajan en el poder judicial federal, sus hijos, hermanos, sobrinos, madres, padres, cuñados e incluso hasta nietos que aún están estudiando la carrera de Derecho en alguna Universidad pública o privada. Hoy todo tiene lógica, pues muchos de esos estudiantes de derecho, sentían que por su dinastía ya tenían garantizado su puesto en el Poder Judicial Federal.
El Poder Legislativo deberá seguir haciendo lo que le mandató el Pueblo en las elecciones pasada, y cumplir con su obligación Constitucional, pues ya pasaron aquellos tiempos en los que solo se legislativa para las minorías, para los privilegiados y para los corruptos.
