Aunque se perdieron 22 de los 750 millones incautados a Zhenli Ye Gon, el asunto ahora es qué hacer con el dinero que sigue en la panza del Poder Judicial.
Por Rivelino Rueda
Nadie daba crédito a lo que veía en las pantallas de televisión aquella noche del 15 de marzo de 2007, ni a lo que al día siguiente se observaba y releía en los diarios de la mañana siguiente. Una montaña de fajos de billetes de 100 dólares había sido incautada al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon en su casa de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México; reportó MILENIO.
En el papel moneda incautado de divisa estadounidense predominaba el rostro de Benjamin Franklin, uno de los fundadores de esa nación. Eran un total de 2.3 millones de dólares que permanecían, como escena de película hollywoodense, en un rincón de las instalaciones de la desaparecida Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En el revoltijo informativo de las próximas horas, aparecía el desconocido nombre de Zhenli Ye Gon, un empresario farmacéutico de origen chino dedicado a la producción de metanfetaminas y pseudoefedrina. Esa montaña de dólares, donde también había euros y unos cuantos pesos, era dinero suyo y, para ese momento, ya estaba en calidad de prófugo de la justicia. Eran los primeros meses del calderonismo, del inicio de la guerra contra el narcotráfico, del empoderamiento al límite del Poder Judicial.
Una tercera parte de ese dinero –753 millones 856 mil 400 pesos– fue a parar a un fideicomiso del Poder Judicial que, precisamente, forma parte de los 13 instrumentos financieros que ha buscado extinguir el presidente Andrés Manuel López Obrador y que han frenado la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hoy esos recursos podrían financiar, de aprobarse la reforma judicial –un asunto que hoy luce saldado–, la elección de la ciudadanía de ministros, magistrados y jueces.
Habían transcurrido 90 días y la PGR notificó al extinto Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), hoy Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), que los cientos de fajos de billetes estaban en calidad de “abandono” a favor de la administración de Felipe Calderón.
Por ley, el recurso se repartiría en partes iguales a tres entidades: la Secretaría de Salud federal, para programas contra adicciones; la PGR, y al Poder Judicial de la Federación, específicamente al Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia (FAAJ), instrumento financiero creado en mayo de 2006, en los últimos meses del gobierno de Vicente Fox, aprobado por mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Hoy los millones aún están bajo custodia de un fideicomiso que supervisa la SCJN, encabezada por Norma Piña. ¿Es hora de pensar qué hacer con esos recursos?
Javier Lozano amenaza al empresario chino
Todo marchaba bien hasta que, en agosto de 2007, vino el famoso “Copelas o cuello” de Zhenli Ye Gon, una frase intimidante que supuestamente le lanzó Javier Lozano Alarcón, el polémico secretario del Trabajo del gobierno de Felipe Calderón, para que aportara dinero a la campaña presidencial, la de 2006. Esa misma en la que oficialmente perdió López Obrador, cuando tomó Reforma, los años del famoso “AMLO es un peligro para México”.
El empresario chino declaró a un medio estadounidense sin evidencias contundentes, en calidad de detenido en aquel país y con una petición de extradición del gobierno calderonista por los presuntos delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas que eran de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Todo era legal. El 19 de diciembre de 2002 se publicó en el ‘Diario Oficial de la Federación’ la reforma aprobada por el Congreso de la Unión para que la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales se entregaran en partes iguales entre el Poder Judicial, la PGR y la Secretaría de Salud.
Para junio de 2004, el SAE consultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) si dichos recursos deberían entregarse directamente a las instituciones contempladas en la reforma o si tendría que concentrarse en la Tesorería de la Federación. Hacienda, encabezada entonces por Francisco Gil Díaz, instruyó que los recursos que correspondían al Poder Judicial se entregarían directamente, y los que estaban destinados a la PGR y a Salud se integrarían a la Tesorería para su registro en la Ley de Ingresos de la Federación.
Pero tanto en la reforma de 2002 para el destino de los bienes decomisados, como en la aclaración de la SHCP de 2004, no se especificó la figura jurídica del “abandono”, lo que dejaba un vacío.
En mayo de 2006 se crea el instrumento financiero FAAJ. El Poder Judicial, entonces encabezado por el ministro presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, determina que sea administrado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con el respaldo de un Comité Técnico. Cuando fue constituido, el Fondo contaba con recursos por un monto de 17.5 millones de pesos: 1 millón 713 mil 400 dólares y 451 mil 200 pesos de recursos entregados al Poder Judicial, provenientes de decomisos en procesos penales federales.
Pero los millones de Zhenli no pasaron por Hacienda
Con la presentación de la Cuenta Pública 2009 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en ese entonces presidida por Arturo González de Aragón, se levantan las primeras ámpulas en torno a la constitución de este fondo del Poder Judicial. Entre las conclusiones del acto de fiscalización, se menciona:
“El denominado Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia se ha convertido en una masa de recursos fiscales que, sin haber ingresado previamente a la hacienda pública federal, se han ido acumulando hasta alcanzar un monto de 1.2 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2009, los cuales se mantienen invertidos en bancos y casas de bolsa, en forma independiente al resto de las disponibilidades del gobierno federal”.
El caso del dinero “decomisado” y “abandonado” de Zhenli Ye Gon, y que una tercera parte fue a parar (en carácter de donativo, en los términos del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta) a uno de los instrumentos financieros del Poder Judicial, el máximo órgano fiscalizador del país le dedicó un apartado.
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De entrada, la ASF señaló que “los bienes abandonados tienen una naturaleza jurídica y una aplicación diversa a los bienes decomisados”. Y además la Auditoría subrayó:
El SAE “debió haber entregado al fisco federal, en su carácter de legítimo titular, la totalidad de los bienes declarados en beneficio del gobierno […], sobre el cual no había obligación alguna de repartirse, como ampliaciones presupuestales, entre el Poder Judicial, la PGR y la Secretaría de Salud, ya que, al formar parte todos ellos del gobierno federal, tratándose de bienes abandonados, la ley no lo establece”.
Una parte de esa montaña de dólares incautados la noche del 15 de marzo de 2007, en la casa de Zhenli Ye Gon, ya estaban en las arcas del fondo judicial. Los 753.8 millones de pesos donados al FAAJ en 2007 representaron 66.7% del total de ingresos que dicho instrumento financiero obtuvo entre 2006 y 2009 –sin considerar los intereses por su inversión–. El Poder Judicial no chistó nada sobre esa transferencia millonaria. El CJF no se pronunció sobre el tema hasta que la Auditoría le pidió una explicación para integrarla a los resultados de la Cuenta Pública 2009.
La ASF se mantuvo firme:
“La instrucción del Ministerio Público Federal originó que una tercera parte del numerario de referencia, declarado por la autoridad competente en favor del gobierno federal, no se concentrara en su totalidad a la Tesorería […] para su registro, como un aprovechamiento en la Ley de Ingresos de la Federación”.
Todo quedó ahí. Una tercera parte del dinero decomisado y no reclamado de Zhenli Ye Gon –hoy preso en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en espera de una sentencia– se mantuvo en las arcas del Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia que, hasta el 30 de junio de 2024, según datos públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya acumula una bolsa de 7.1 mil millones de pesos.
¿Quién se quedó con los 22 millones perdidos?
Doce años después del reparto del dinero decomisado al empresario, el presidente López Obrador revivió el tema. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional del 18 de julio de 2019, el mandatario dijo desconocer el destino de esa fortuna y ordenó una investigación.
“A todos nos tocó ver cómo sacaban las imágenes. Sería bueno que ahora las televisoras recordaran eso. ¿Se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano chino-mexicano? ¿Cómo nos tuvieron como una semana o 15 días con eso? Imágenes e imágenes. Sería buenísimo reconstruir todo lo que declaró, hasta saber dónde está ahora, porque del inculpado nadie sabe, pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero”.
Para el 29 de julio ya había una respuesta. Pero las cifras no cuadran con lo que el SAE reportó haber entregado en julio de 2007, es decir, 753 millones 856 mil 400 pesos en tres partes iguales entre la PGR, la Secretaría de Salud y al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Poder Judicial de la Federación.
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En la conferencia de López Obrador, el entonces titular del INDEP, Ricardo Rodríguez Vera, agregó que la suma distribuida entre estas instituciones fue de 746 millones 579 mil 504 pesos. Es decir, 21 millones 830 mil 688 pesos menos de lo que se registró en 2019.
Tampoco hubo una explicación al presidente sobre cómo llegaron los recursos al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, es decir, por medio de una entrega directa, sin pasar por la Tesorería y, sobre todo, haciendo uso de un vacío jurídico en la ley, el del “abandono” de los bienes decomisados, para luego integrarlos en automático a las arcas del instrumento financiero del Poder Judicial.
Ahora que la reforma judicial obtuvo 86 votos a favor y 41 en contra en el Senado de la República, ¿será momento de pensar qué hacer con el dinero del empresario chino que, al parecer, sigue en la panza de un fideicomiso de la SCJN?
Imagen portada: MILENIO.
