Por Tona Gallardo
El más reciente capítulo de la ya extensa confrontación entre los poderes de la Unión ha alcanzado un punto irreversible justo en el momento en el que los manifestantes contra la reforma judicial decidieron romper con el dialogo pacífico y el respeto institucional al actuar con violencia. Que los responsables de los hechos violentos hayan escalado el conflicto hasta este punto es también muestra que ya no les interesa el diálogo, sino más bien su imposición al costo que sea y que no cambie nada aunque sea una legitima exigencia ciudadana.
Asimismo, hay que plantear desde el principio que no existe formalmente el “parlamento abierto. En ninguna ley se establece dicho evento y por lo tanto no obliga a ninguna institución ni a ningún funcionario realizarlo. Que funcionarios judiciales lo ignoren es preocupante.
Por otro lado, desde hace meses se realizaron diversos y numerosos foros en los cuales diversos representantes de los tres poderes como diputados y senadores del legislativo, funcionarios de dependencias federales del ejecutivo y del judicial magistrados, jueces, incluso ministros. Así que se realizaron foros abiertos con los funcionarios responsables de la reforma; si los manifestantes fueron representados por varios de sus liderazgos afines, fueron escuchados e incluso incidieron con algunas de sus demandas en la reforma ¿imaginaron que con celebrar más mesas de diálogo y negociación en un parlamento abierto podrían incidir aún más en la reforma o incluso evitarla?
Al mismo tiempo, en diversos momentos varios diputados y senadores de oposición se acercaron a los manifestantes y llevaron sus demandas a las numerosas discusiones en el Congreso. Cabe señalar que en la iniciativa de reforma en cámara de diputados se realizaron más de cien modificaciones. Así que institucional, formal y legítimamente los inconformes de la reforma fueron representados en el congreso federal.
Recapitulando, si los manifestantes fueron representados por sus mismos funcionarios judiciales en los foros de discusión de la reforma judicial desde meses, tuvieron acercamientos con partidos de oposición y estos evocaron sus demandas en las discusiones de la reforma en el congreso, realizaron manifestaciones en la vía pública no consideran que han sido escuchados es porque quisieron imponerse. Fueron a un camino sin un destino posible.
Sin embargo, no solamente fue eso, que ya de por si es criticable. Realizaron las “suspensiones de labores” que fueron ilegales e ilegitimas; decidieron violar la ley desde hace semanas. Y la semana pasada transgredieron el legítimo debate público al bloquear los ingresos en la cámara de diputados para interrumpir el proceso de reforma. Se metieron en un laberinto sin salida.
Pues todos los anteriores excesos de los manifestantes no les fueron suficientes. La irrupción violenta que realizaron al congreso para evitar para que se realizara la discusión es el punto de no retorno de este conflicto que ellos decidieron elevar. Decidieron con ello también fracturar el dialogo institucional y el legítimo debate público. Fue muy delicado e irresponsable este lamentable e inédito suceso. Si algo se hubiese salido de control es probable que hubiera sucedido una tragedia; con tantas manos, personas, acciones con solo una persona que se aproveche de la situación es suficiente. Los manifestantes decidieron echar todo abajo, romper los límites que quieran. De igual forma es terrible que los líderes del poder judicial no lo condenen. Ahora fueron directo a un abismo.
Además hay que observar las muestras de abuso y cobardía de familiares ya identificados de políticos de oposición que participaron en la irrupción; así como de los funcionarios judiciales.
Es pavorosamente preocupante lo sucedido este martes. Los ciudadanos debemos de señalarlo, reprochar a los responsables, reflexionar sobre lo sucedido, evitar siempre a la violencia y no olvidar.
