Por Juan Manuel Lira
La reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial en México ha generado una amplia discusión sobre sus posibles repercusiones en distintos sectores, pero poco se ha discutido sobre cómo puede repercutir en el ámbito de la salud. Dado que la salud está consagrada como un derecho humano en el artículo 4º de la Constitución, es fundamental analizar los efectos que esta reforma podría tener sobre su acceso y protección.
Esta reforma tiene como uno de sus principales objetivos mejorar la eficiencia del sistema judicial y combatir la corrupción, pero además trae consigo cambios que podrían influir de manera significativa en la forma en que se garantiza y protege el derecho a la salud en el país.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la agilización de los procesos judiciales. La inclusión de plazos máximos para la resolución de casos —seis meses— (artículo 17) podría representar una mejora considerable en la administración de justicia en temas relacionados con la salud, donde el tiempo es un factor crucial.
Problemas como la negligencia médica, la falta de acceso a tratamientos y la violación de derechos fundamentales en el ámbito de la salud pública son situaciones que, en muchas ocasiones, requieren una resolución rápida para evitar daños irreparables a los afectados.
En este sentido, la reforma promete acelerar los procesos judiciales, lo cual podría traducirse en una justicia más pronta y efectiva para los pacientes que ven vulnerados sus derechos.
Otro cambio que podría impactar positivamente es la creación de tribunales especializados en diversas materias (artículo 100). Aunque la reforma no especifica tribunales dedicados exclusivamente a la salud, la posibilidad de que jueces con mayor conocimiento técnico aborden casos complejos relacionados con aspectos específicos de salud o políticas de salud pública, podría contribuir a mejorar las resoluciones judiciales en estos temas, donde los aspectos técnicos juegan un papel decisivo.
Un aspecto positivo de la reforma es el aumento en los mecanismos de control y fiscalización sobre el uso de los recursos públicos. En el sector salud, donde la corrupción y el mal manejo de recursos han sido problemas persistentes por décadas, este control más riguroso podría asegurar una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los presupuestos destinados a la atención médica.
Por otro lado, la reforma contempla la posibilidad de someter a juicio político a los directores de organismos descentralizados (artículo 110). El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, al ser organismos descentralizados están en este supuesto, por lo que sus directores podrían enfrentar juicio político si se demuestra que han cometido faltas graves que afectan el derecho a la salud.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la propuesta de que los jueces y magistrados sean elegidos por votación popular. Este cambio, que busca democratizar el sistema judicial, plantea interrogantes sobre la independencia judicial y la capacidad de los ciudadanos para evaluar las competencias técnicas de los aspirantes a jueces.
En el ámbito de la salud, esta elección popular podría influir negativamente si los candidatos se ven impulsados a hacer promesas o tomar decisiones judiciales que respondan a agendas políticas o de los “poderes facticos” más que a la correcta interpretación de la ley. Esto es particularmente preocupante en un sector tan sensible como la salud, donde las decisiones judiciales deben basarse en criterios imparciales y científicos.
Si el sistema judicial se ve comprometido por influencias políticas o de estos “poderes facticos”, las decisiones en materia de salud, como la asignación de recursos, la regulación de servicios o la respuesta ante crisis sanitarias, podrían estar más alineadas con estos intereses que con el bienestar de la población.
La reforma judicial, aunque prometedora en ciertos aspectos, también tiene sus áreas críticas que deben ser adecuadamente analizadas y escuchadas al momento de “armonizarse” con las leyes y reglamentos secundarios.
El reto será encontrar un equilibrio que permita mejorar el acceso a la justicia en temas de salud sin comprometer la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial. La salud de los mexicanos depende, en gran medida, de que este balance se mantenga.
