Por Tona Gallardo
Algunas figuras reconocidas por simpatizantes de proyectos políticos derivados de la izquierda han mostrado su preocupación sobre la reforma judicial al señalar varias críticas e incluso hay quien ha mencionado tener cierta culpa por encumbrar algunos logros del proyecto obradorista. En la izquierda hay que mantener el debate público.
En general las críticas contra la reforma se han centrado en que esta reforma no resolverá todos los problemas de impartición de justicia judicial federal, que son más urgentes los problemas en los poderes judiciales locales, que hay problemas más graves con otras instituciones como las fiscalías, que será difícil su implementación y que se trastoca la división de poderes. Convendría resumir algunas respuestas a esos señalamientos. Quiero profundizar en la elección de jueces.
La reforma judicial es una solución plausible a varios de los problemas internos del PJF. Atiende varios problemas graves como la conformación de sus titulares (como jueces, magistrados y ministros), la reducción de sus abusivos salarios y prestaciones, la creación del tribunal de disciplina judicial que sí revise las conductas de los funcionarios judiciales y de un órgano de administración que pueda ser eficiente.
En principio y como una forma de resumir, la votación popular de jueces, magistrados y ministros solamente es un requisito adicional para ser nombrado. Que la decisión de nombrar a los titulares de una corte, un tribunal o un juzgado sea por la vía del voto popular hace que el poder judicial tenga legitimidad democrática (no por eso se resolverán otros problemas como la carga de trabajo). Que exista exigencia a un mejor servicio público pero también respaldo si lo hay.
La democracia es conflicto y su resultado es la correlación de fuerzas de los grupos de poder. Los poderes judiciales al ser un poder soberano que concentra legítimamente la resolución de conflictos entre los otros dos poderes, ciudadanos y cualquier otra entidad son materializados en aparatos burocráticos y que son entidades políticas conformadas por actores políticos. Por cierto, la mayoría de los abogados no consideran que los jueces no son políticos; una demostración que hace falta profundizar estudiar otras humanidades en las escuelas derecho.
Los poderes judiciales siempre han tenido, tienen y tendrán presiones internas y externas por parte de grupos de poder en la búsqueda de protección de sus intereses legítimos o ilegítimos. Pero la intervención de la voluntad de los ciudadanos materializa sus exigencias cotidianas por medio de votos al elegir a los titulares del PJF y no se deja influir solamente a dichos grupos. Los grupos de poder no dejaran de existir y con bastante frecuencia buscan promover sus intereses en cualquier organización, como los aparatos burocráticos. Los poderes judiciales son muy lejanos a la mayoría de la gente pero tienen mucho poder en la arena pública.
Muy seguramente en la elección de jueces, magistrados y ministros de habrá confrontaciones dentro del PJF, el TEPJF, el CJF y en la Corte, siempre las hubo, pero que sea el debate público en el escenario electoral y con el triunfo de la mayoría para resolverlo, y no las formas opacas que hasta hoy han existido. La impartición de justicia no tendría que ser solo de los abogados ni mucho menos solo de los funcionarios judiciales; la justicia es de corte diametral para toda la gente.
Seguramente en el futuro cercano saldrán mal varias situaciones no previstas (seguramente también habrán irregularidades, no se hará todo de la mejor manera). Si el poder judicial quiere tener legitimidad y respaldo popular pues entonces que empiece a tener las mismas exigencias de los poderes soberanos.
Los ciudadanos debemos hacer nuestra a la reforma judicial para incidir legítima y proporcionalmente en la vida pública del PJF. Eso lo fortalecerá y lo mejorara como actor político.
