Los primeros días -recuerda- vio un gobierno pasmado, alterado, sin atinar qué pasos dar, a dónde ir, o qué es lo que tenían; reporta MILENIO.
La polarización alcanzó al movimiento social. Voceros y abogados, que durante una década han acompañado a los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, llegan a este décimo aniversario con una misma exigencia, el de la devolución con vida de los estudiantes, pero con dos claras visiones del movimiento y de cómo luchar por la verdad.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recuerda una década marchando con los padres de los 43 desde el primer día junto con los estudiantes de la normal.
En entrevista, dice que el caso quedó “empantanado” cuando se tuvo que deslindar responsabilidades contra el Ejército mexicano.
Hoy, confía en que la presidenta electa Claudia Sheinbaum tendrá “el reto de resolverlo”, para que este caso no sea un ‘Halconazo’, ‘68’, o ‘Aguas Blancas’.
Del otro lado de la lucha, se encuentra Felipe de la Cruz, quien dejó el campo para hacerse activista, padre de un sobreviviente de la noche de Iguala.
Estuvo lejos de los reflectores cuando se alejó de los padres por sus aspiraciones políticas, y reapareció recientemente con otro grupo de familiares.
Asegura que la administración del presidente López Obrador ha logrado avances en la investigación, y destaca detenciones como la de Jesús Murillo Karam:
“La protesta -dice a MILENIO– se hace cuando las puertas de la institución se cierran, que no te atienden, te reprimen, se requieren acciones, pero ahorita nos reciben”.
“No lo pudo resolver el Presidente, tiene el reto Claudia, y si no, será más de lo mismo” que realizar, y advierte: “fuimos nosotros quienes dimos pautas sobre todo en materia de búsqueda y ya entonces el caso fue remitido a la Fiscalía General de la República (otrora PGR)”.
Vidulfo Rosales apareció en la trama desde el primer día. Fue él quien ayudó en las primeras horas a los padres que apenas hablaban español a explicarles lo que pasaba, quien conformó el primer expediente junto con otras organizaciones de la sociedad civil para levantar una denuncia ante el ministerio público y que no dieran un carpetazo. Su insistencia en el caso inició las investigaciones.
“Recordamos por allá de 2016-2017 la demanda de madres y padres de familia para que se retomarán las cuatro líneas de investigación, una relacionada con el Ejército mexicano, el trasiego de droga de Iguala a Chicago, el de la telefonía celular y la Policía Federal, esas eran las líneas que se tenían.
“Toda la lucha de octubre de 2014 a 2018 fue esa: mantener abierto el caso y evidenciar que la investigación de ese gobierno había sido una mentira, y finalmente se logró”, recuerda.
—¿Cómo fue la relación con la 4T?—
“En los primeros años hubo buena voluntad, hubo acciones concretas. No sin dificultades, pero caminaba el caso, sin embargo en el año 2022 el caso cayó en un bache, cuando la investigación comenzó a avanzar y hacia fincar responsabilidades al Ejército mexicano… ahí… se empantanó”.
—¿Qué acordaron con Claudia Sheinbau?—
“Fue una reunión fría, tenemos nuestras reservas. Lo interesante es que ella nos dijo que va a trazar junto con nosotros una nueva ruta, una nueva estrategia de cómo seguir el caso. Eso es importante para nosotros y lo retomamos. Vamos a esperar a que llegue su gobierno y la administración para ver cómo avanzamos.
“Yo creo que tiene la obligación este gobierno, tiene la obligación moral, política de resolver el caso. Ellos tienen que marcar un antes y un después”.
—¿Qué hay de la participación del crimen organizado?—
«El crimen organizado fue un actor fundamental en la desaparición… El crimen organizado no es un ente disociado del Estado, es un ente vinculado estrechamente a las instituciones y el caso Ayotzinapa es una muestra de ello. Hoy en día no podemos decir el crimen organizado por un lado, el Estado por otro».
—¿El caso Ayotzinapa se enfila a ser un ‘caso Colosio’ o un ‘Halconazo’?—
“En efecto, La impunidad en el ‘caso Colosio’, el ’68’, el ’10 de junio’ y en Guerrero, hubo una serie de masacres, podemos contar como seis masacres; ‘Aguas Blancas’, ‘El Charco’, ‘Yanky Kothan’ en marzo…»
“Hay una serie de agravios y que este gobierno que se dice de izquierda y progresista lo ha dejado de lado. Ha soslayado el tema de derechos humanos y creo que el tema de los 43 es un tema para ellos. No lo pudo resolver el Presidente, tiene el reto Claudia de resolverlo, y si no, será más de lo mismo”.
“Las puertas abiertas en el gobierno estatal y federal”
Felipe recuerda que esa noche no durmió. Fue de los primeros en enterarse. Recibió la llamada de su hijo:
“Ya mataron a uno… Venimos a Iguala y la Policía Municipal nos está disparando”, le dijo, y colgó.
Desde ese momento se dedicó a exigir voz para los padres y hoy es vocero del colectivo Verdad y Justicia de los 43, agrupación, que dice estar conformada por 14 padres y familiares.
De manera tajante, marca sus diferencias con la otra organización de padres, su relación con la Normal de Tixtla, y critica su manera de manifestrarse.
“La protesta se hace cuando las puertas de la institución se cierran, que no te atienden, te reprimen, se requieren acciones, pero ahorita -dice- nos reciben, queremos una reunión. Las puertas abiertas en el gobierno estatal y federal… ¿de donde viene la protesta? ¿por qué la protesta?»
“Vinieron a quemar el monumento, es una señal de hartazgo de la sociedad porque no fue más que la gente misma de Chilpancingo, una señal que basta de disturbios».
“Estuve de acuerdo al inicio porque era el momento; teníamos un gobierno represor pero hoy las puertas están abiertas”, insiste.
La ruptura con el otro grupo de padres -recuerda- comenzó tras una movilización a favor de José Luis Abarca a la que asistieron varios de ellos, siguió con el ofrecieron de una candidatura por Morena, que finalmente no prosperó, y por la manera de exigir respuestas.
“Nos marginan, no hay información, no nos representan, no merecemos nada aunque tengamos el mismo derecho… Nos separamos, desconocemos a los abogados y formamos el colectivo Verdad y Justicia por los 43. Son 14 familias que están de este lado, ahorita de las 40 que quedan, porque ya murieron tres, hay familias familiares pero los padres ya murieron”.
De la relación con la administración saliente, dice, «el presidente López Obrador se impuso; desde el momento que hace una fiscalía especial para el caso desde el momento que hay una comisión especial para el caso, pero también nos encontramos y eso no podemos negarlo con un poder judicial podrido que no permitió que se diera la verdad para encontrar el paradero de los jóvenes».
Y hace una diferencia entre sexenios:
«Durante la administración de Enrique Peña Nieto, (dice), se tenía que batallar, enfrentarnos a policías, antimotines, lacrimógeno».
«Todo eso no se vive en este gobierno, sí hay diferencias… no queramos marcar solo la parte mala, también hay partes buenas”.
Con la Presidenta Electa, dice “ya tuvimos el primer encuentro”, y confía en que se va a “encontrar un método que nos permita avanzar por la verdad”.
Imagen portada: Jesús Quintanar / MILENIO
