Por Efrén Vázquez Esquivel
Aunque tarde, ya que la violencia ha estado presente en las manifestaciones desde el inicio de la huelga, por medio del oficio 307/2024 fechado el 17 de septiembre, el pleno de la SCJN decidió condenar enérgicamente el intento de agresión física que sufrió la ministra Loretta Ortiz el pasado sábado en Monterrey.
“Nos pronunciamos por el estricto respeto a la libertad de expresión y manifestación de cualquier persona, en contra o a favor de la reforma al Poder Judicial federal. Las manifestaciones deben ser pacíficas y respetar a todas las y los integrantes de este Poder Judicial”, expresa el oficio.
Circula un video en el que se observa que, en la visita a Monterrey que hizo el 14 de septiembre la ministra Loretta Ortiz para impartir una conferencia sobre la reforma judicial, un grupo de funcionarios judiciales del PJF no solo le lanza a la ministra Loretta Ortiz billetes falsos, gritándole en coro: “Loretta Ortiz, traidora del país”, sino que uno de los manifestantes le lanza un pastel que afortunadamente no dio en el blanco.
Y como dije antes, en ese mismo evento el funcionario judicial Ricardo Urzúa Traslaviña también fue agredido. Lo acosaron gritándole: “Ricardo, traidor”. Solo porque, por medio de videos, se ha dirigido a sus colegas instándolos a seguir los cauces legales en sus protestas. La parte final del video de Ricardo narrada ayer dice así:
“La verdad, ya no sé si queda esperanzas, pero yo le pido de todo corazón y de favor a las personas que siguen participando en estas protestas, que dejen de recurrir a la violencia; si quieren externar su postura, síganla externando, pero no sigan lastimando al Poder Judicial”.
Afortunadamente el CJF ha decretado el fin de la “huelga”, lo que no significa el fin del conflicto. Lo deseable es que el retorno a las labores traiga consigo la sustitución del desasosiego por la serenidad para poner fin a este trance.
Sin serenidad en las partes del conflicto no es posible el discernimiento sobre los límites y alcances de la reforma al PJ, ni sobre el contenido de las leyes que hay que reformar para operar la reforma, en la que deben participar los jueces.
