La suspensión de labores en todos los juzgados y tribunales del Poder Judicial Federal que ayer cumplió 50 días, desde que se decretó, ya ha frenado la apertura de más de 175 mil casos nuevos de todas las materias y ha paralizado más de un millón que se encontraban en curso; informa MILENIO.
Entre los procesos afectados se encuentran desde los grandes y conocidos casos de posible corrupción, pasando por extradiciones cuyo trámite se encuentra paralizado, hasta víctimas de delitos que buscaban un amparo para poder recibir sus apoyos, o un médico que perdió la oportunidad de presentar su examen de residencia porque nadie pudo hacer la notificación de su recurso.
Aunque algunos actores políticos minimizaron los efectos de la suspensión del paro de actividades, que por lo pronto ya se ha extendido hasta el 11 de octubre, abogados y juristas consultados por MILENIO advirtieron el daño significativo no solo por los casos en curso, sino por aquellos aún no iniciados y se sumarán a los que lleguen en la fecha cuando todo se reactive.
“No solo es que esté suspendido lo que ya estaba encima del escritorio, lo que ya estaba agendado. Además, está suspendida la admisión de todo lo que se ha generado ya en estas seis semanas. Una vez que todo se reabra se tendrá que generar mucho trabajo para reactivar todo lo que se suspendió; admitir todo lo que está pendiente y no se ha hecho estos días; más el turno normal del trabajo de la jornada. Se les va a triplicar el trabajo que tenían”, dijo en entrevista el abogado litigante Epigmenio Mendieta.
La suspensión de labores en todos los órganos del Poder Judicial Federal inició formalmente el 21 de agosto.
La medida impulsada tanto por juzgadores como por trabajadores del propio Poder Judicial de la Federación y planeada con semanas de antelación se adoptó en protesta por la reforma judicial impulsada por el oficialismo y que, denuncian, afecta la independencia judicial.
De acuerdo con datos oficiales del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2023 del Inegi, los juzgados federales de todas las materias inician un promedio de tres mil 441 nuevos casos y asuntos. Si se toma en cuenta esa referencia los 51 días de paro representan ya 175 mil 491 casos.
Aunque la suspensión de labores contempla el no frenar la atención de casos urgentes esos son en realidad minoría y están relacionados con procesos ya en curso. Más del 65 por ciento de los casos nuevos que no se han iniciado debido al paro tienen que ver con demandas de amparo.
Como explicaron los juristas consultados por este medio, a lo anterior se suman los procesos que ya estaban en curso al momento en que se decretó la suspensión de labores y que de acuerdo con los datos oficiales ascienden a más de un millón de procesos de los cuales, como ya se dio a conocer en esta nota, el 32 por ciento son de la materia administrativa; el 25 por ciento son en materia laboral; el 19 por ciento son de la materia penal; y el resto son asuntos civiles y mercantiles.
Procesos, de todo tipo, estancados
MILENIO consultó con operadores de sistema de justicia sobre alguno de los casos o procesos que se encuentran detenidos por la suspensión de labores en los juzgados y tribunales federales.
Destacan por su notoriedad pública los grandes casos de corrupción.
Por ejemplo, están los procesos relacionados con los llamados casos Odebrecht y Agronitrogenados donde el principal implicado, el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, ya fue acusado formalmente y está todo listo para ir a juicio.
Sin embargo, desde hace meses el ex funcionario promovió amparos que han frenado el avance a dicha etapa y que en este momento están paralizados.
Sumado a ese mismo tema y derivado de una denuncia de Lozoya se encuentra paralizado el proceso en contra de otro ex director de Pemex, Carlos Treviño, a quien en su momento se le giró una orden de aprehensión.
La defensa de del ex funcionario promovió un juicio de amparo en contra de dicho mandamiento que debido al paro está congelado.
Hay nuevos casos en donde ya se había citado para una audiencia inicial pero el paro ocasionó que esta no se materializara dejando en incertidumbre a los implicados.
Es el caso de un empresario español que ya había sido requerido para que se imputaran los cargos en su contra y se resolviera si se le vinculaba o no, pero la sesión no ha podido llevarse a cabo.
“Esto genera una situación injusta pues mientras este tiempo pasa la Fiscalía perfecciona su investigación y sus argumentos para poderlos usar en la audiencia cuando se celebre, De hecho, es la fiscalía la que ya había pedido el diferimiento en dos ocasiones de esa audiencia para darnos información lo que de por si es ilegal, pero se permitió. Y así venían ganando tiempo hasta que llegó el paro”, dijo en entrevista el defensor Oscar Zamudio.
Otro caso es el de una persona procesada por un delito que padece de una discapacidad mental y que desde hace cinco años se encuentra en prisión sin que se le haya dictado sentencia.
El juez federal a cargo del proceso ya había ordenado el cambio de medida cautelar, pero la contraparte promovió un amparo y a la puerta de su resolución se suspendieron las labores.
“Cuando ya estaba por celebrarse la audiencia incidental con efecto restitutorio y ordenar la libertad comenzó el paro. Eso significa que una persona con discapacidad reconocido por un juez federal en materia de amparo va a permanecer todo este tiempo detenido hasta que se resuelva el asunto de la reforma judicial», dijo el abogado Mendieta.
También hay procesos de extradición afectados por la suspensión de labores. Uno de ellos es, por ejemplo, el del opositor ruso detenido en México, Kirill Olegovich Safrán, quien es reclamado por el gobierno de Vladimir Putin en extradición.
El gobierno de México ya había dado el visto bueno para su entrega, pero la defensa de Kirill promovió un amparo en el que aportó indicios de que su caso podría estar motivado por fines políticos, incluidas cartas de organismos internacionales entre ellos Amnistía Internacional.
Cuando estaba a punto de resolverse el juicio de amparo con las audiencias ya concluidas y solo a la espera del dictado de sentencia, el proceso se paralizó por la suspensión de labores dictada el 21 de agosto.
Sin esa respuesta Kirill debe permanecer privado de su libertad en un centro penitenciario de la capital.
Víctimas, el daño colateral
La suspensión de labores en los juzgados federales no solo afecta a los procesos en donde hay dos partes enfrentadas sino también a personas que recurrieron a la justicia federal al considerar que sus derechos fueron violados como resultado de algún tipo de proceso legal o administrativo.
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las víctimas de algún tipo de delito que no han podido recibir los apoyos que la Ley General de Víctimas contempla y que recurren a los juicios de amparo para tratar de agilizar los procedimientos.
“Tenemos amparos por la omisión de la Comisión de Victimas de emitir resoluciones de apoyos y otros donde se negó la compensación y se procedió con los recursos en contra de esa determinación. Todos esos procedimientos están detenidos, aunque hay que partir de la base de que en los casos de omisiones la primera responsable es la autoridad que no ha resuelto”, dijo la abogada especialista en víctimas Reyna Velasco.
La asesora jurídica advirtió que a la suspensión de labores se suma una “actitud de resistencia” que han mostrado ciertas autoridades para acatar resoluciones de suspensiones o incluso de amparo, todo ello derivado del enfrentamiento entre poderes.
“Este clima crispado, donde vemos que incluso ni el Congreso ni el INE acatan suspensiones, creo que está mandando una muy mala señal al resto”, dijo la abogada.
Otro ejemplo de terceros afectados tiene que ver con aquellos que reclamaban una irregularidad relacionada con algún procedimiento administrativo federal.
Por ejemplo, un doctor había tramitado un amparo luego de que la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos le impidió participar en un proceso de evaluación para acceder a una residencia médica bajo el argumento de que ya no había espacios.
El juez que revisó el caso negó la suspensión provisional pero el afectado tramitó un recurso de revisión para que se le permitiera participar. El tribunal resolvió a favor del estudiante, pero antes de que se hiciera la notificación oficial comenzó la suspensión de labores y ya no se pudo llevar a cabo.
“El proceso de examen fue entre el 24 y 26 de septiembre, cuando el paro seguía en desarrollo. Vamos a ampliar la demanda cuando se pueda para ver si en un siguiente proceso se corrigen anomalías en el procedimiento, pero en esta ocasión ya la oportunidad se perdió para el afectado”, dijo Oscar Zamudio, apoderado legal del afectado.
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