En los últimos siete años, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha presentado cinco denuncias penales contra empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) por presunto enriquecimiento ilícito y ha sancionado a mil 550 servidores públicos por no presentar su declaración patrimonial en tiempo y forma; informó MILENIO.
De acuerdo con información proporcionada vía transparencia a MILENIO, el 57.27 por ciento de los funcionarios judiciales sancionados por la contraloría del CJF son secretarios de juzgados y de tribunales, secretarios particulares de jueces y de magistrados, así como actuarios.
Entre los sancionados también aparecen un magistrado adscrito a la Ciudad de México y un juez de distrito de Boca del Río, Veracruz, que fueron destituidos de su cargo en 2017 y 2019, respectivamente; además, un juez de Hermosillo, Sonora, que fue inhabilitado en 2019, y un juez de Puente Grande, Jalisco, y dos magistrados, de Ciudad Victoria y de Xalapa, que fueron suspendidos temporalmente de sus labores en 2020 y 2021.
MILENIO solicitó información sobre el número de empleados que el CJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sancionado en los últimos siete años, desde 2017, cuando entraron en vigor las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, por haber detectado irregularidades en su patrimonio, así como a cuántos ha denunciado penalmente por no poder explicar el dinero y los bienes que poseen.
Mientras en juzgados y tribunales, el CJF sí detectó irregularidades en las declaraciones patrimoniales de diversos funcionarios judiciales, en la SCJN, según su respuesta, en los últimos siete años no se ha iniciado ni un solo procedimiento de responsabilidad administrativa contra algún empleado del máximo tribunal por ese motivo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 64.6 por ciento de los ciudadanos encuestados, es decir, dos de cada tres, consideró que los jueces son corruptos y ocupan el segundo lugar del ranking de percepción de corrupción, sólo por debajo de los policías de tránsito, que encabezan la lista, con el 72 por ciento de opiniones negativas.
De manera complementaria, los jueces se ubican entre los cuatro grupos de servidores públicos en los que menos confía la gente, sólo por encima de los ministerios públicos y los policías municipales y de tránsito.
De las cinco denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que el CJF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), sólo una ha sido judicializada sin que haya sentencia aún, mientras que los demás casos contra empleados judiciales están atorados en la fase de investigación de la fiscalía.
FGR atora casos
Entre el 12 de febrero de 2019 y el 23 de abril de 2020, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del CJF presentó ante la FGR cinco denuncias en contra de empleados judiciales a los que se les detectó un presunto enriquecimiento ilícito en su patrimonio personal.
No obstante, la Fiscalía no ha reportado avances de cuatro de esos casos, que se encuentran en fase de “integración”, pese a que tienen entre cuatro y cinco años de antigüedad.
Sólo la denuncia que se presentó el 24 de mayo de 2019, con número de carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000602/2019, fue judicializada y está en trámite para ser llevada a juicio.
Secretarios particulares, entre los más sancionados
En cuanto a las sanciones administrativas aplicadas, la Dirección General de Substanciación, Registro y Seguimiento de la Evolución Patrimonial del CJF respondió que, de 2017 a 2024, aplicó mil 550 sanciones administrativas a funcionarios judiciales por “irregularidades y/o omisiones en la presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial”.
Cinco de los sancionados son jueces de distrito, a los que se les dictó destitución, inhabilitación, amonestación pública, sanción económica y suspensión, respectivamente.
Otros cuatro son magistrados de circuito, sancionados con una destitución, un apercibimiento privado y dos suspensiones.
El 22.25 por ciento de esas sanciones, es decir, 345 casos, se han aplicado a secretarios de juzgados y de tribunales; el 18.32 por ciento, es decir, 284 casos, corresponden a secretarios particulares de jueces y magistrados, mientras que en otro 16.7 por ciento de los casos, 259, los sancionados fueron actuarios.
Los secretarios de juzgado tienen como función apoyar en el despacho de los asuntos que atienden los jueces de distrito y los jueces de los Centros de Justicia Penal Federal e incluso, de ser necesario, pueden dictar resoluciones de carácter urgente.
En los siete años, la Contraloría del CJF ha destituido a cuatro funcionarios de ese nivel, inhabilitó a uno, a 10 los suspendió temporalmente y a uno le impuso una sanción económica; además, amonestó o apercibió de manera privada a 103 y amonestó o apercibió de manera pública a 77 más.
Por su parte, los secretarios de tribunal están encargados de apoyar en el estudio y resolución de los asuntos del Tribunal Colegiado o Unitario o del Centro de Justicia Penal Federal al que estén adscritos.
La Contraloría del Poder Judicial ha destituido a dos funcionarios de ese nivel, ha inhabilitado a otros dos y suspendido a 13 de ellos, además de que impuso sanción económica a uno más; asimismo, amonestó o apercibió de manera privada a 73 de ellos y amonestó de manera pública a 58.
Los secretarios particulares de jueces y magistrados se encargan de apoyar a los titulares de juzgados y tribunales con el control de su agenda y en la atención de visitantes, así como dar seguimiento a los acuerdos generados en reuniones de trabajo con el equipo interno del juzgador.
La contraloría ha sancionado a 120 secretarios particulares de jueces, con ocho suspensiones, 81 amonestaciones y apercibimientos privados y 31 amonestaciones públicas.
Además, a 164 secretarios particulares de magistrados, de los cuales ha inhabilitado a uno y suspendido a siete, mientras que a los demás los amonestó o apercibió.
A los actuarios, se les han aplicado tres destituciones, 22 suspensiones, 126 amonestaciones y apercibimientos privados, 107 amonestaciones y apercibimientos públicos, así como una sanción económica.
Entre los funcionarios con más sanciones también destacan 162 oficiales administrativos, que acumularon seis amonestaciones privadas, 53 amonestaciones públicas, 100 apercibimientos privados, un apercibimiento público y dos suspensiones, así como 67 choferes de funcionarios, de los cuales uno fue suspendido, 32 recibieron una amonestación pública y otros 34 recibieron apercibimientos privados.
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