Por José Alberto Alvarado Pineda
La intensa campaña por parte de la oposición de México, a través del único brazo que les queda, el poder Judicial, con el propósito de desestabilizar al Gobierno de México, sobre el supuesto desacato en el que incurriría la hoy Presidenta de México, es totalmente absurda y raya en un insulto a la inteligencia humana.
Todos sabemos que la Ley de Amparo, regula con puntualidad las causales por las que se pueden solicitar el amparo de la Unión, pero también, las causales de improcedencia del mismo, existiendo incluso un artículo detallado sobre esas causales.
Así mismo, sabemos que hoy por hoy, los tribunales Federales se encuentran en Paro y que sólo están recibiendo demandas de Amparo en casos de extrema urgencia, no así de cualquier materia, ni por cualquier acto de autoridad; entonces una pregunta sería de qué privilegios goza quien haya interpuesto una demanda de amparo en contra de la reforma constitucional, qué casualidad que se haya turnado el conocimiento de dicho Amparo a una jueza que sabemos está coludida con la mafia inmobiliaria en Veracruz, y que encabezó la protesta que increpó al presidente Andrés Manuel López Obrador?
Es decir, se ha dicho unas mil veces que el turno para conocer una demanda de Amparo entre los jueces, se lleva a cabo a través de un sistema de cómputo que impide que haya Mano Negra para entregar un juicio de amparo a un juez específico, pero en el caso que nos ocupan no fue así, y me refiero a la juez del estado de Veracruz, que de forma burlesca pretende tirar una reforma constitucional, señalando o mandatando a la presidenta de México, a quitar del Diario Oficial de la Federación, un decreto presidencial de promulgación de una ley o promulgación de la reforma constitucional.
También se ha dicho, una y mil veces, que los jueces actuales no están para politizar sino para dictar el derecho, para cumplir con la ley, para hacer valer la ley, pero ellos mismos violan la ley de Amparo que señala con precisión que en materia de reforma constitucional es improcedente ese medio de control de los derechos humanos.
Y también podemos decir que para el poder judicial, existen ciudadanos de primera y de segunda, pues sólo algunos pueden interponer amparos aún estando en paro los juzgados federales, y sin ser un caso urgente, pues el poder judicial lo admite y realiza diversos actos en ese juicio; y hay otros ciudadanos que no tienen esa posibilidad, que no tienen la calidad de ciudadanos para poder acudir al poder Judicial Federal a solicitar el amparo y protección de la justicia Federal, ellos no tienen derecho solicitar el Amparo, no tienen derecho a solicitar la reparación o la restitución de sus derechos humanos, ellos se tienen que esperar hasta que el poder judicial federal los quiere escuchar.
Queda claro que la corrupción en el poder judicial federal es el pan nuestro de cada día, el influyentismo, el amiguismo, el clasicismo, la aplicación de la ley de formas selectiva, la violación de la ley de acuerdo a los intereses de unos cuantos, la utilización de la facultad jurisdiccional para amedrentar, pisotear, violar los derechos y la voluntad del pueblo de México.
Esta claro que para eso se utiliza y se utilizó durante muchos años al poder judicial federal. También queda claro que eso es lo que se quiere acabar, lo que se quiere quitar, lo que se quiere extirpar como la basura que son los impartidores de injusticia y violadores del Estado de Derecho que tiene secuestrado al poder judicial federal.
Y para terminar, cuando un ministro de la suprema corteseñala que la pretensión del poder legislativo y del poder ejecutivo es ilegítima, en relación a la reforma constitucional del poder judicial, se le olvida que por él, ni un ciudadano lo eligió, que él está ahí por un procedimiento de designación arcaico y por demás antidemocrático; y que tanto los diputados y senadores como la Presidenta de México, fueron electos por casi el 60% de los ciudadanos, Y qué son ellos los que respaldan la reforma al poder judicial
Ya basta de que se sientan los dueños de la verdad, los dueños de las instituciones, los dueños de las leyes y del país.
El único dueño de todo ello es el pueblo de México.
