El multimillonario sudafricano dueño de Tesla, Starlink y X, Elon Musk, se ha convertido en un aliado sumamente relevante para la candidatura a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, cuya campaña ha estado marcada por mensajes en contra de las regulaciones estatales, los fenómenos migratorios, así como la realización de eventos vinculados con grupos supremacistas blancos.
El magnate enfocado en la industria tecnológica ha realizado múltiples apariciones en los mítines republicanos apoyando a Donald Trump. Sin embargo, su apoyo no se ha restringido a lo social, también ha hecho grandes contribuciones monetarias que ya se acercan a los 70 millones de dólares.
Dentro de este entramado público – privado que se enfila a la constitución de diversas alianzas de corte cleptocrático, cabe cuestionarse: ¿cuál será el papel de Musk si Trump gana las elecciones? ¿habrá regulaciones frente al potencial conflicto de interés entre ambos empresarios si toman las riendas del Gobierno?
Las donaciones de Musk a la campaña de Trump han generado fuertes cuestionamientos sobre su regulación de cara al riesgo de potenciales conflictos de interés tras las elecciones. No obstante, dichos cuestionamientos sobre las regulaciones aumentaron luego de anunciarse el sorteo de un millón de dólares diarios entre los votantes del partido Republicano financiados por Musk, excediendo así los límites jurídicos de la compra de votos.
No es la primera vez que Elon actúa sobrepasando los márgenes de la ley. Anteriormente, el multimillonario prometió la entrega de cheques de 100 dólares mediante la plataforma X para incitar el voto republicano.
¿Qué gana Musk apoyando a Trump?
Desde el año 2020 el sudafricano criticó las medidas gubernamentales frente a la pandemia del Covid-19, y desde ese momento han continuado sus cuestionamientos referentes a las regulaciones de las agencias federales en contra de sus empresas, medidas que han incrementado conforme sus negocios con el gobierno estadounidense han aumentado en el campo de la tecnología.
Pese a ello, los negocios que ha concretado con el Gobierno estadounidense no han dejado de crecer en los últimos años en la compra de cohetes, carros y satélites, siendo la NASA su mayor contribuyente al haberle pagado 2.2 billones de dólares a su empresa SpaceX por contratos relacionados con servicios de comunicación, así como el diseño, construcción y pruebas de un sistema de aterrizaje para astronautas.
No son pocas las investigaciones y medidas que han tomado las agencias en contra de sus empresas. Desde temas de seguridad de sus productos hasta cuestiones sociales y laborales, el gobierno estadounidense se ha visto obligado a limitar y sancionar las acciones del propio Elon Musk como publicó el diario The New York Times:
- La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) ha abierto cinco investigaciones contra Tesla por quejas de frenado inesperado, pérdida de control de la dirección y choques mientras los autos estaban en modo de «conducción autónoma».
- Tesla ha intentado bloquear al menos dos fallos de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, incluido uno que castiga a Musk por tuitear que los trabajadores de las fábricas perderían las opciones sobre acciones si se unen a un sindicato.
- Neuralink, la compañía de implantes cerebrales de Musk, fue multada por violar las reglas del Departamento de Transporte sobre el movimiento de materiales peligrosos.
- El Departamento de Justicia demandó a SpaceX, argumentando que la compañía se negó a contratar refugiados y personas a las que se les concedió asilo debido a su estatus de ciudadanía.
- Entre muchas otras medidas relacionadas incluso con la compra de la plataforma X, antes Twitter.
El magnate no ha sido discreto con sus intenciones de desregularizar el sector privado, acrecentando aún más el potencial conflicto de interés, también ha propuesto limitar las tareas del Estado (muy al estilo de Javier Milei en Argentina), así como reducir el tamaño del Gobierno como comandan las directrices de las teorías más liberales de la economía. Por ello, el magnate ha ironizado sobre dichas medidas regulatorias y sus agencias a través de su cuenta de X.
Sobre su papel en el gobierno de Donald Trump, aseguró que le gustaría ser consecuente con la sugerencia del expresidente, quien el pasado 5 de septiembre lo propuso para encabezar un departamento de “eficiencia gubernamental”, para entonces enfocarse llana y plenamente en la reducción de los costos gubernamentales, asegurando que Musk es “el mejor recortador”.
La estrecha relación política entre Donald Trump y Elon Musk pone sobre la mesa una discusión cuya solución no parece querer ser abordada por las autoridades electorales y de regulación comercial de ese país. En ese sentido, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha declarado públicamente que las leyes de financiamiento de campañas se encuentran “fundamentalmente rotas”, esto luego de cuestionar al panel gubernamental de vigilancia sobre el tema.
El panel en cuestión aseveró que no existe ninguna regulación en las relaciones comerciales constituidas bajo esquemas de conflicto de interés post elecciones, como pueden ser las prácticas de lobby o fenómenos como el de las puertas giratorias, las cuales describen relaciones público – privadas sesgadas vinculadas con la utilización de fondos públicos en el mercado privado.
Esta desregulación no se limita a las elecciones estadounidenses. En realidad, las políticas y los discursos ultraderechistas libertadores del mercado privado, es decir, iniciativas de mercados desregulados, han tomado una mayor relevancia a nivel mundial, como en el caso de Brasil con Jair Bolsonaro, o como en Argentina con Javier Milei, quien ha mantenido una postura que él mismo ha denominado como anarcocapitalismo, enfilándose así hacia la diseminación de propuesta de políticas de mercado laxas, deficientes e incentivadoras de dinámicas anticompetitivas catalizadoras de la desigualdad.
Imagen portada: SPR Informa
