El estruendo del estallido de un ‘coche bomba’ despertó a los habitantes de Acámbaro, Guanajuato la mañana del jueves 24 octubre. La explosión se registró a las afueras del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y dejó, al menos, tres policías heridos, uno de ellos de gravedad; informó MILENIO.
Simultáneamente, el edificio de Seguridad Pública Municipal de Jerécuaro también fue objetivo de un ataque con un ‘coche bomba’ que estalló alrededor de las seis de la mañana. La detonación dejó daños materiales y afectaciones a inmuebles aledaños a la dependencia.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que agentes de investigación criminal comenzarían a realizar las pesquisas correspondientes para esclarecer ambas agresiones, así como para identificar y capturar a los responsables, no obstante, los hechos volvieron a avivar una práctica que se ha vuelto constante en Guanajuato y que, en más de una ocasión, ha sido vinculada a grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad.
Los artefactos explosivos en Guanajuato
Sembrar terror a través de explosiones se ha convertido en una de las herramientas con las que organizaciones delictivas se comunican en diversos municipios de Guanajuato.
En junio de 2023 10 elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados luego de que un ‘coche bomba’ estalló en la localidad Sauz de Villaseñor en Celaya, ciudad que es considerada como la capital económica del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).
Los reportes de los hechos narran que la explosión se registró mientras los agentes atendían el reporte de un vehículo baleado y abandonado en el cruce de la carretera entre Celaya y Salvatierra.
Al igual que en los recientes casos, la FGE inició una carpeta de investigación en la que se contempló la venganza de un grupo criminal por la detención de algunos de sus integrantes como una de las principales hipótesis, según expuso el entonces gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue.
Una situación similar ya se había registrado un año antes, en julio de 2022, cuando un grupo de policías fue emboscado al interior de una casa en Irapuato cuando acudieron a atender el reporte de un supuesto homicidio.
Una vez dentro del inmueble una bomba fue activada por control remoto, dejando como saldo un total de dos policías, un agente ministerial y un perito heridos.
Aunque por fortuna dicha agresión no tuvo víctimas mortales, las investigaciones de las autoridades volvieron a apuntar al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).
Además de un video de la explosión difundido en redes sociales donde se lee la leyenda «Recuerden que todo Guanajuato tiene dueño», el ataque se suscitó días después de que fueran aprehendidos varios familiares de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, otrora líder de la organización delictiva que para entonces ya había sido detenido.
La explosión de otro ‘coche bomba’ cerca de una base de la Guardia Nacional en marzo de 2020 y la frustración de la detonación de otro en junio de ese mismo año en Salamanca se sumaron a la lista de ocasiones en las que el crimen organizado ha utilizado dicha práctica para amedrentar a autoridades de los tres niveles de gobierno.
Y es que, incluso, el mismo ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue objetivo de amenazas con dichos explosivos en un mensaje que abiertamente le envió José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, en 2019.
La lucha contra el ‘huachicol’ y el mensaje a AMLO
Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México en diciembre de 2018 con un ‘as bajo la manga’ dentro de su estrategia de seguridad nacional: terminar con el robo de combustible, conocido popularmente como huachicol.
Para entonces, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) ya había encontrado en el ordeñamiento ilícito de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) un lucrativo negocio que le permitió no solo diversificar sus actividades criminales sino también acumular gran poder y base social en Guanajuato.
Si bien el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya había intentado arrebatarles el control de la entidad, fue la advertencia del ex mandatario tabasqueño de acabar con el huachicol la que desató la furia de José Antonio Yépez Ortiz, quien no tardó en responder.
Durante la madrugada del 31 de enero de 2019, en la puerta 4 de la Refinería de Salamanca fue colocada una manta en la que el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) le exigió a Andrés Manuel López Obrador retirar de Guanajuato a todos los elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar) que habían sido desplegados en el estado.
A las exigencias del otrora líder criminal se sumó la liberación de personas que habían sido detenidas y el abandono de una camioneta pick up que en su interior contenía lo que a simple vista parecía ser un artefacto explosivo.
El hallazgo provocó la movilización de personal de Protección Civil, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
El entonces vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que todo se trató de una falsa alarma, sin embargo, trascendió que sí fue localizado un artefacto explosivo.
La detonación se evitó porque del total de 20 emulsiones con las que contaba, únicamente seis de ellas contaba con su detonante, lo que imposibilitó su capacidad para activarse.
“Los productos se utilizan para la construcción, para la minería, caminos, puentes, para ser detonados tienen que estar conectados mediante un proceso manejados normalmente por ingenieros en minas de una manera profesional como explosivista”, explicó Carlos Bárcena, director general de una compañía que fabrica explosivos en la comunidad de Dinamita, en Gómez Palacio, Durango al periodista Jorge Maldonado Varela de MILENIO.
El origen de los explosivos
La fabricación de artefactos explosivos caseros no ha sido descartada en los casos de ‘coches bomba’ que se han registrado en los últimos años en Guanajuato, sin embargo, en el caso específico del que fue encontrado en la puerta 4 de la refinería de Salamanca las investigaciones apuntaron a la empresa Austin Powder México.
En entrevista con la periodista Verónica Díaz para MILENIO, el investigador y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Víctor López, aseguró que el material encontrado tenía empaque de fábrica, lo que implicaba que cada cartucho está numerado con código de barras, además de que son controlados estrictamente por el Ejército Mexicano.
Es decir, es la Sedena la única dependencia en México encargada de autorizar la compra de explosivos de ese tipo, así como de coordinar el uso, manejo y almacenamiento que cada empresa tenga en sus instalaciones.
El protocolo para el manejo es riguroso por parte del Ejército Mexicano, sin embargo, el ingeniero Víctor López no descartó que existiera aunque sea una mínima posibilidad de que haya un mercado negro de las emulsiones -como el Emulex 1- utilizadas para la fabricación de artefactos explosivos.
Ya sea fabricados de forma casera o con productos sumamente regulados por autoridades federales, el uso de explosivos en Guanajuato se ha vuelto una constante que además de generar pánico y temor entre la sociedad civil, envía mensajes de grupos de la delincuencia organizada que han adoptado la misma violencia como lenguaje.
Imagen portada: Especial / MILENIO
