Por José Francisco Villarrreal
5 Su Señoría Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el tremendo ministro de la tremenda Suprema Corte de Justicia de la Nación, me causó menuda sorpresa al estrenarse como comediante. Y lo hizo ante un selecto público durante un conversatorio en su Alma Mater, la Universidad de Harvard. Gutiérrez está en la cartelera anual de Harvard desde 2017. Nunca había generado mucho euforia hasta ahora que renovó su rutina. Usó en su sketch las nuevas leyes constitucionales sobre el Poder Judicial, pero no todas, sólo habló del promedio académico de los aspirantes a juzgadores y el requisito de tener cartas de recomendación de sus vecinos. Con esto se suma a la constelación de cómicos que abundan en México, como Marín, López-Dóriga, Aguilar Camín, Krauze, Riva Palacio, Loret de Mola, Gómez Leyva, “Chumel” Torres, Eugenio Derbez, et al. De hecho, los rebasa, porque Gutiérrez lanza su cuadro cómico investido en la toga ministerial, y eso impone. Todavía más, porque se burla de las cartas vecinales para avalar la conducta de un juzgador en un país en donde todavía existen vecinos que no permiten que un juez determine la culpabilidad en un delito grave. Allá les llaman “jurados”, y son ciudadanos comunes, ignorantes del Derecho, que así bloquean la posibilidad de que un juez prevaricador determine culpa o inocencia. Y sí, son vecinos, comunes y corrientes, obligados por ley a una forma de participación ciudadana en la Justicia, algo que el Poder Judicial en México quiere impedir a toda costa, incluso en contra de la propia Constitución. Porque en el fondo un jurado es eso: participación ciudadana en un ámbito vedado para los electores. Votan legisladores, votan gobernadores, votan alcaldes, votan presidentes, pero son excluidos del Poder Judicial. Habría que apuntar que el ministro Gutiérrez ha progresado mucho desde que trabajó como jefe del SAT en el narcogobierno panista de Felipe Calderón (quien también, como Carlos Salinas, estudió en Harvard). De ahí llegó a la SCJN propuesto por el expresidente priista Enrique Peña. Un cambio radical, de la muy seria condonación multimillonaria de impuestos a empresas fuertes desde el SAT, a nuevo mimo mimado de la ministra Piña y sus secuaces. Aplauso de pie para el flamante histrión del Poder Judicial.
4 La precisión de reformas constitucionales para garantizar la Supremacía de la Constitución Mexicana me suena un poco capicúa, pero es un hecho. Sí, parece ocioso blindar a la Constitución en contra de recursos legales para desmantelarla, cuando la supremacía de la Constitución es inherente a ella. Parece ocioso, pero no lo es. Durante los recientes años, y particularmente meses, hemos visto cómo desde el Poder Judicial se ha iniciado y fomentado una verdadera rebelión en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y todo a costas de usar criterios políticos para interpretar leyes que a su vez buscan echar abajo leyes constitucionales aprobadas, publicadas y vigentes. El Poder Judicial olvida que su autonomía, que no independencia, lo es en relación a los otros poderes, pero no de la Carta Magna. También olvidan los juzgadores que incluso el ámbito de su competencia para juzgar lo determina el Poder Legislativo, y que la Constitución sólo les da instrumentos para emitir sus juicios. Si el Poder Judicial logra echar abajo una sola fracción de la más recóndita ley constitucional, está violentando su principio rector y está atentando contra la soberanía nacional representada en los cuerpos legislativos federal y estatales. Una sola ley, una sola fracción revocada de la Carta Magna a través de retruécanos legaloides pone en entredicho a toda la Constitución. De paso, libera a los juzgadores de la necesidad de que sus criterios estén limitados por las leyes constitucionales. En otras palabras, no es ocioso garantizar la Supremacía Constitucional puesto que estamos en el riesgo real de que se cree un Poder Judicial supremo, autócrata, por encima de los otros poderes. Y en vista de cómo usan, inventan y desvirtúan leyes, sería, ahí sí, una dictadura judicial.
O se garantiza la supremacía constitucional de la Constitución, así sea un pleonasmo, o estaremos todos a expensas de un Poder Judicial que ya no oculta sus intereses, sus contubernios y su filiación ideológica con las más oscuras tendencias políticas, criminales y de la derecha internacional, esa abominable trinidad.
3 La “insurgencia” judicial, que sigue siendo fomentada desde el Cártel de la Toga, ha insistido en que las nuevas leyes constitucionales en materia judicial atentan contra los Derechos Humanos. No entiendo a qué derechos se refieren. Tampoco sé que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se haya pronunciado al respecto. Instancias internacionales podrán opinar sobre esto pero, así haya convenciones y pactos firmados por México, ninguno de ellos está por encima de la Constitución, así que son instancias más estridentes que legales. A primera vista todo este movimiento de juzgadores paristas repudia las nuevas leyes por el hecho de que se sometan a elección popular sus plazas, que no veo por dónde atente a los Derechos Humanos. Desde esta caprichosa y discutible protesta, el tiro de rebote pretende echar abajo todas las leyes que surgieron de la Reforma Judicial. Es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros sólo es un pretexto para alborotar el avispero, un escenario pues. La intención evidente es mantener el viejo estilo corrupto del Poder Judicial. Las relaciones peligrosas de los actuales togados ya no pueden ocultarse. Hasta ex colaboradores del criminal calderonista Genaro García Luna se refugiaron bajo la toga de la “suprema” ministra Piña. Ya sea que obedezcan al Consejo de la Judicatura Federal, terminen el “paro” y vuelvan a trabajar este 25 de octubre, 28 de octubre, 2 de noviembre, 28 de diciembre, o cuando se les pegue la gana, todos los juzgadores en paro infringieron la ley al abandonar sus labores y además al cobrar sus sueldos. ¿Y sus Derechos Humanos? Pues al servir como antífonas de los intereses políticos, criminales y económicos de la camarilla de cortesanos de la “suprema” ministra Piña sí fueron violentados sus Derechos Humanos, sólo que son tan bobos, que están quejándose en la ventanilla equivocada.
2 Es obvio que la captura o muerte violenta de un líder criminal importante desencadena violencia. Los cárteles, cartelotes y cartelitos buscarán ampliar o afianzar territorios de influencia. Los más feroces sicarios también buscarán ascender hacia liderazgos más estratégicos. Esta crisis ya es recurrente desde antes de que el narcogobierno calderonista tomara partido en la recomposición y operación de los cárteles, sin importar el fatal impacto en civiles inocentes. Los recientes brotes de violencia no son novedosos, pero algunos sí son atribuibles a la injerencia de Estados Unidos. La “captura” del “Mayo” Zambada con la intervención de un “chapito” no podía tener otra consecuencia inmediata que una guerra feroz entre facciones criminales. Esto debían saberlo las autoridades estadounidenses involucradas. De hecho, dada su intervención sistemática en el mundo del narcotráfico, esa guerra entre facciones debe ser parte de su estrategia. Tampoco es novedosa, ya que ha sido usada ampliamente en Iberoamérica para desestabilizar gobiernos y justificar su intromisión. El líder del PAN, en otro tipo de “nado sincronizado” ha propuesto definir a los cárteles como “terroristas”. Muy conveniente para, de acuerdo con tratados internacionales y la sangrienta voluntad de Estados Unidos, invadir países. Por menos que eso ya lo han hecho. El problema es que el “terror” de los cárteles mexicanos no tiene una motivación política, es sólo un asunto de negocios. Esto deja a esta violencia como un asunto interno de seguridad nacional. El consumo de drogas en Estados Unidos es problema de Estados Unidos. Si acaso el eventual triunfo de Trump podría representar un riesgo para nuestra soberanía, puesto que a ese orate no parecen importarle ni leyes ni tratados internacionales. Además, ha manifestado recurrentemente su odio por los mexicanos. Un caso distinto es el de los atentados en Guanajuato, un feudo panista en donde ya hay reclamos por la presunta colusión entre ese gobierno estatal y los grupos criminales, y donde la violencia ha sido eventualmente superior a la de otros estados. Los “autos-bomba”, un recurso frecuente del terrorismo, no son fortuitos. Desde el control panista en ese estado, se pone la cama de Procusto para forzar la identidad entre criminales comunes y terroristas. Esto muy de acuerdo con la exigencia de Marko Cortés y su corte panista. Una forma nada sutil de pedir una intervención militar de Estados unidos en México que, evidentemente, tiene una intención política. El tema aquí es que, con esa clara traición a la Patria, se sientan las bases para reinventar la expansión colonialista de Estados Unidos hacia México. El panismo de Marko Cortés no es patriota… ¿y el de los demás panistas? ¿No están hartos ya de dejar de ser militantes para ser sólo súbditos del más torpe e indigno de sus dirigentes? Por otra parte, cuando se usa la violencia de los narcotraficantes con intenciones políticas, como se usó en el narcogobierno de Felipe Caderón a través de su compadre, el criminal Genaro García Luna, no se puede hablar de “narcoterrorismo” sino de “narcopolítica”. Marko tiene una buena escuela en este tema, aunque ahora reniegue de su maestro.
1 Me parece redundante la recomendación desde el Congreso de la Unión, y específicamente desde la Cámara de Senadores, para que la presidenta Sheinbaum no atienda la orden de “bajar” del Diario Oficial de la Federación la Reforma Electoral, ahora Ley Constitucional. Empecemos por la reforma ya aprobada en el Congreso de la Unión. ¿Qué procede? Pues enviarla al Poder Ejecutivo para que sea publicada en el Diario Oficial. ¿Qué puede hacer un presidente en este caso? ¿Puede corregir la ley? Pues no, porque su función no es constituyente. ¿Puede vetarla? No exactamente. Sí puede hacer observaciones y regresarla al Congreso si lo considera necesario, y no lo fue en este caso. ¿Puede ignorar la publicación? No, porque está emplazada a obedecer la orden del Congreso. ¿Qué hace entonces? Pues publicar la reforma y convertirla así en ley vigente. La jueza con sede en Coatzacoalcos debe entonces redirigir su “orden” de eliminar esa reforma, esta vez hacia quienes la crearon y ordenaron su publicación y vigencia, es decir, ordenar al Congreso de la Unión erigido en Constituyente. Y ni así se puede eliminar, en todo caso reformar la reforma. Así de simple. Lo demás es puro show mediático que, además, sirve a la susodicha jueza para proyectar nacionalmente su imagen, una imagen bastante negativa por cierto pero que no faltará quién se la compre. Ni esa es la manera de anular una reforma, ni la jueza es la instancia para hacerlo. Puro cuento.
0 Desde el triunfo en las urnas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, supuse que no sería un sexenio muy tranquilo. Ya durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fuimos testigos de cómo tuvo que gobernar a contrapelo de poderes fácticos, medios, políticos, gobiernos extranjeros, institutos e instituciones internacionales, clubes de ultraderecha, y hasta una pandemia. A pesar de todo don Andrés hizo valer el peso de los votos que lo llevaron al poder, y en contraparte, y a pesar de la polarización extrema generada por la derecha y condescendida desde las mañaneras, sacó adelante al país con cifras sociales y económicas rechazadas por la oposición pero reconocidas en el extranjero y percibidas por los ciudadanos. Tanto así que hay países iberoamericanos que ven a su régimen y a su “humanismo mexicano” como un ejemplo para sacudirse el yugo neoliberal y de la nociva ultraderecha “libertaria”. El reto de doña Claudia no es pequeño. Tiene a su favor el peso extraordinario de millones de votos que, aunque chille la oposición, no se pueden regatear. Sin embargo tiene en su contra la desfachatez del Poder Judicial empeñado en dar un golpe de estado no contra la presidenta sino contra la mismísima Constitución, lo que no tendría otra consecuencia que la pulverización del estado y la democracia. El Poder Judicial no está solo, y no son los juzgadores paristas su fortaleza sino intereses más oscuros. Tampoco es tan fuerte como presume, porque el Poder Judicial arrastra un descrédito que se ha ganado durante décadas y que se incrementa ahora por su golpismo y su descaro. Me pregunto si los casi 36 millones de mexicanos que votaron por Claudia Sheinbaum y además por hacer una limpia en el corrupto Poder Judicial se quedarán con los brazos cruzados ante la intentona golpista de un grupo de togados completamente ajenos, distantes a la realidad de la mayoría de los ciudadanos. El reto para la presidenta Sheinbaum y para el Congreso de la Unión es grande, pero es mayor para los ciudadanos. ¿Dejaremos que un pequeño grupo atente contra nuestra soberanía? De plano, necesitamos recursos y medios para exponer e imponer nuestra soberanía. Sin ellos, sólo nos queda la indeseable manifestación violenta… como las de los juzgadores paristas. Urgen más espacios e instrumentos para la participación ciudadana… como el voto universal para elegir jueces, magistrados y ministros, por ejemplo.
PD: Ceterum censeo… Felipe Calderón debe ser investigado.
