Con todos los pronósticos en contra, los jueces y magistrados no desisten. Decenas de juzgadores sorteados para que sus cargos se sometan a elección popular en 2025, han presentado más de 400 juicios ante el Tribunal Electoral en contra de los acuerdos del Senado de la República acusando que se están violando sus derechos humanos; informó MILENIO.
Hasta este lunes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación registraba 412 juicios con los que buscan revertir la insaculación con la que se seleccionaron los más de 800 cargos que se someterán a elección; el procedimiento para recibir declinaciones de candidaturas de los jueces, magistrados y ministros en funciones; la convocatoria pública para que se registren quienes pretendan participar en la elección, y el decreto de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El Tribunal Electoral tiene demandas con exigencias opuestas, en las que deberá guiar el proceso electoral sobre el Poder Judicial, pues por un lado, tiene a personas juzgadoras reclamando violaciones a sus derechos, al Consejo de la Judicatura acusando que desecharon su impugnación sin que esto se haya hecho público y al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, buscando mayor claridad sobre las suspensiones judiciales.
Esta semana se sumó una demanda interpuesta directamente por el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en contra de los “acuerdos emitidos por diversas autoridades en los que admitieron demandas de juicio de amparo y concedieron suspensiones provisionales con efectos hacia las actividades de la implementación del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación”.
Fernández Noroña busca una nueva sentencia para que la Sala Superior deje claros todos los vacíos que fueron criticados en la acción aclarativa con la que declararon constitucionalmente inviable que el INE incumpliera a su deber de organizar elecciones, para que quede claro si son válidas o no las suspensiones y la orden de eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial, así como los amagos de los amparos en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De las más de 400 demandas, 224 las concentran las personas magistradas y juezas de Distrito, que impugnan el procedimiento de insaculación en las que sus cargos resultaron sorteados para que dejen su cargo y éste se someta a elección popular.
Destacan nombres como los magistrados y jueces Alberto Emilio Carmona, Basilio Rojas Zimbrón, Maribel Castillo Moreno, quienes se sumaron públicamente al paro de labores del Poder Judicial; o la jueza Marlén Ángeles Tovar quien participó en protestas y recientemente en las llamadas ‘contramañaneras’, además de Juan Manuel García Figueroa, quien busca revertir el proceso a pesar de haber formado parte de un bloque de magistrados y jueces ya notificaron su jubilación anticipada.
Además de otros nombres más polémicos como el magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación, Carlos Fernando Gallegos, a quien en 2019 como juez, investigaron por nexos con huachicoleros por concederles amparos y hace un mes, su escolta fue señalado por atropellar y matar a un motociclista.
Y el magistrado de distrito Iván Millán Escalera quien en 2015 fue denunciado por la entonces Procuraduría General del Estado de Aguascalientes por actuar de manera “sospechosa” a favor del exgobernador Luis Armando Reynoso Femat y de miembros del crimen organizado.
Otros 120 juicios electorales también impugnan la convocatoria pública para realizar los listados de las personas que quieren ser candidatas en la elección de personas juzgadoras.
Y casi 40 denuncias acusan que el acuerdo de la Mesa Directiva del Senado en el que se establece el procedimiento de recepción de las declinaciones de candidaturas de las personas que se encuentran en funciones como ministras, magistradas electorales de Sala Superior y Salas Regionales, magistradas de circuito y juzgadoras de distrito, así como de las manifestaciones para contender para un cargo o circuito judicial diverso que realicen diversos operadores jurisdiccionales, es violatorio de derechos humanos.
Además de un paquete de juicios que acusan al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Senado de que la elección de personas juzgadoras es violatoria porque evade la obligación de fijar acciones afirmativas, dejando fuera a grupos vulnerables como exigen los procesos electorales sin que se prevea algún tipo de excepción.
En contraste, el Consejo de la Judicatura presentó una nueva impugnación pero esta vez, directamente en contra de una sentencia de la Sala Superior a pesar de que éstas son definitivas e inatacables, pues acusa que la primera demanda que presentaron ya se resolvió en sesión privada sin que esto se informara ni exista un registro público del proyecto o de la resolución.
El Consejo de la Judicatura va en contra de “la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF que determinó no ha lugar a dar trámite alguno a los escritos presentados por personas juzgadoras, funcionarias de juzgados, por el director general de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura y por una asociación civil para controvertir los acuerdos del INE emitidos por el Consejo General, relacionados con el inicio del proceso electoral extraordinario 2024-2025 para elegir diversos cargos del Poder Judicial de la Federación”.
Además, al interior del Consejo General del INE ya se ha planteado interponer ante la Sala Superior una aclaración de sentencia, para que les deje claro cuáles son los alcances de su acción declarativa, cuáles acciones sí puede realizar el INE en la organización de la elección y cuáles deben apegarse a las suspensiones judiciales, ante las diferentes interpretaciones de las consejerías.
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