Por José Jaime Ruiz
La corrupción no es parte del sistema judicial, es el sistema judicial mismo. Servirse de un cargo judicial para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. El actual poder judicial tiende a corromper, su poder absoluto, sin contrapesos, corrompió absolutamente. Si la corrupción judicial es una enfermedad, su reforma es una parte medular de su tratamiento. La Suprema Corte ya no tiene nada que ver con la moral, ni tampoco se trata de una patología que pueda curarse, sino que es una parte estructural del sistema y puede resultar explosiva. En cierta medida la corrupción es un asunto judicial y lo peor que le puede pasar a una sociedad es acostumbrarse a ella. La corrupción es el incumplimiento del pacto de justicia. Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella… las demasiadas frases, pero adecuadas a la exactitud.
El pundonor espiritualista de los impuros lleva no sólo a interpretar la Constitución sino el “espíritu” de la Carta Magna. El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no es una propuesta jurídica, es un embate político embustero, insensato, inaceptable. Es un embuste porque nada concede ya que no destroza la reforma constitucional en dos partes, sino que prolonga los privilegios de la actual corte con sus “haberes” de retiro y, al mismo tiempo, mantiene incólume el vigente sistema judicial atacando lo esencial, su democratización: “entregamos nuestra cabeza, pero mantenemos el cuerpo”. Al contrario, mantienen sus privilegios sin entregar el cuerpo judicial para que se elija popularmente. Quien crea en esta “sensatez salomónica” cayó en su garlito. El proyecto de Juan Luis es lo más insensato que pudo suscribir porque no mete al Legislativo ni a Claudia Sheinbaum en ningún lawfare, pone a los ocho togados al borde de la penalización.
El Poder Judicial no es autónomo, es dependiente de los intereses fácticos internacionales y nacionales, donde se incluyen delincuentes de cuello blanco (Salinas Pliego, Rosario Robles…) y de la delincuencia organizada (los “narcosabadazos”). La Suprema Corte y el Poder Judicial cuentan con el monopolio de la (in) justicia, es decir, de la impunidad. Ni hay que ocultar la realidad ni tampoco maquillarla con frases eufemizadas. Ni el nuevo régimen ni el Segundo Piso de la Cuarta Transformación están en crisis, la crisis la padece el sistema judicial actual y, por ello, ¡qué viva la crisis!
Acostumbrados a prebendas, privilegios, haberes, no habría un voto hegemónico entre los ocho ministros, votar en bloque a favor de la insensata propuesta de González Alcántara Carrancá no es darse un balazo en el pie, es cancelar su futuro y el de sus familias, es abrir las puertas de la Fiscalía para integrar sus expedientes. El Cártel de la Toga y sus seguidores carecen de base social y de credibilidad moral, la posibilidad de un golpe de Estado técnico no tiene el necesario respaldo de movilidad ciudadana; Estados Unidos, metido en su propia crisis electoral, no apoyaría un lawfare; las fuerzas armadas y la fuerza de coacción física del gobierno están con la presidenta constitucional. Simple realpolitik: como en el Senado, la 4T negociaría los votos en contra del proyecto de sentencia.
Ilógico calificar como salomónico el proyecto. En la Biblia, el rey hebreo propone dividir el cuerpo del niño en dos partes, aquí, desde el embuste, la Suprema Corte se queda con los dos pedazos. Martes negro para el Cártel de la Toga, embarcarlos en el exorcismo de la vestimenta no en forma del Antiguo Testamento sino a la manera del grimorio de Salomón: “sabiduría suprema a través de todos los votos para santificar fuerza y virtudes: son indignos de llevar esas prendas; desde su deshonor, prepárense para que el Exorcista desnude su corrupción. Amén”.
Es un suicidio jurídico y político transformar togas de picos pardos en camisas de once varas. En verdad os digo, sobre aviso nunca hay engaño.
