Por Martha Herrera
La Nueva Ruta es una nueva política de protección social integral que ha trabajado para cambiar la vida de miles de personas en Nuevo León. No es una estrategia asistencialista, sino una visión colectiva basada en la cooperación multisectorial para garantizar una vida digna y equitativa para todas y todos.
La necesidad de atender la deuda histórica con quienes han sido vulnerados social y económicamente, nos hizo comprender que era urgente reorientar la política social, para atender a quienes no tenían acceso a sus derechos fundamentales: la alimentación, salud, educación, y oportunidades de empleo y vivienda.
Este modelo nos permite aprender sobre la marcha para consolidar una política pública innovadora que se robustece progresivamente. Por eso, en el marco del tercer aniversario de La Nueva Ruta, quiero compartir tres reflexiones.
La primera es sobre la importancia de un sistema de protección social integral. Necesitamos sistemas que se basen en los derechos humanos y que no solo sean instrumentos de apoyo gubernamental. Tenemos que movernos a sistemas que logren resultados concretos en las vidas de las personas, bajo el entendido de que la protección social es un resultado que se alcanza con un conjunto de programas e incentivos complementarios. Esto implica garantizar estrategias que protejan a las familias frente a las adversidades económicas, de salud y sociales del siglo XXI.
La segunda reflexión es sobre el desafío de la sostenibilidad y la institucionalidad del sistema. Es cierto que muchos grandes programas tienen una vida útil muy corta, y al llegar la siguiente administración se deshacen, llevándose consigo los logros alcanzados. Esto se debe a su dependencia de ciclos políticos y a la falta de sostenibilidad financiera e institucional.
Por eso, un sistema de protección social integral efectivo debe ser adaptable y resiliente, con mecanismos jurídicos que permitan su operación, incluso en momentos de crisis.
Finalmente, la tercera es que necesitamos garantizar un enfoque universal, justo e incluyente. En lugar de enfocarnos en un giro transaccional, el Estado debe priorizar la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para todas las personas.
Además, la atención debe ser progresiva, enfocándose en quienes tienen mayores necesidades y trabajando de la mano de los tres niveles de Gobierno, para maximizar el impacto positivo.
Porque sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar, todo esto se tiene que hacer siempre de la mano de la evaluabilidad. Esta y todas las políticas públicas que implementemos se deben monitorear, manteniendo un diálogo y evaluación constante para poder garantizar sus resultados.
La trascendencia de La Nueva Ruta radica en su capacidad para generar bienestar, erradicar desigualdades estructurales y construir un modelo sostenible e inclusivo que trascienda administraciones y se adapte a los desafíos del futuro.
Nuevo León tiene una oportunidad real de eliminar la pobreza extrema, actuando desde esta lógica sistémica.
Además, la evaluación nos permitirá enriquecer nuestro sistema de protección social integral, para constatar su impacto y compartir esta experiencia como una buena práctica con el resto del país, con la convicción de hacer de la igualdad, la inclusión y la protección social, una realidad para todas las personas.
