En los primeros cinco años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el financiamiento extranjero a organizaciones civiles creció 56 por ciento, pasando de 5 mil 142 millones de pesos (mdp) en 2019 a 8 mil 13 millones en 2023, de acuerdo con los reportes que las donatarias autorizadas rinden anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); informó MILENIO.
La información, revisada y sistematizada por MILENIO, revela que son cerca de 2 mil las asociaciones que en cinco años se beneficiaron de donativos internacionales en efectivo por un total de 32 mil 747 millones de pesos, aunque apenas un puñado de 60 concentró la mitad de todo ese dinero (17 mil 100 mdp).
El perfil de las fundaciones es variopinto. Las hay enfocadas en la asistencia social, defensoras del medio ambiente, dedicadas a la investigación científica o impulsoras de proyectos de desarrollo social. Los donativos lo mismo van a organizaciones de carácter religioso que a grupos que respaldan causas como el aborto.
Hay, incluso, organizaciones que cuestionaron y aún impugnaron legalmente las políticas y obras emblemáticas de la 4T, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa, Amnistía Internacional y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
El financiamiento extranjero a estas cuatro asociaciones se fue incrementando año con año. Los donativos para Amnistía Internacional pasaron de 60.3 mdp a 110.2 mdp entre 2019 y 2023; para CEMDA, de 25.6 mdp a 42.5 mdp; para México Evalúa, de 23.3 mdp a 31.9 mdp, y para MCCI, de 16.1 mdp a 40.8 mdp.
Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), indicó que en realidad fueron tres las fuentes de financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que crecieron en el sexenio anterior: la de los gobiernos locales, la de las personas físicas y la internacional. Este incremento, agrega, fue consecuencia de otra fuente que decreció, o mejor dicho, que se eliminó: la del gobierno federal.
“Cuando se cerró, al inicio de la administración anterior, el financiamiento federal a las organizaciones, entonces creció por un lado el financiamiento público estatal y municipal, no en todo el país, pero se comenzaron a crear programas de apoyo al trabajo de las organizaciones desde estados y municipios. Creció el financiamiento también internacional –entre 2023 y 2024 los donativos aumentaron siete por ciento–, además de que ha crecido el financiamiento de las personas físicas”, detalla.
Las estadísticas públicas no permiten conocer desde qué países proceden los donativos internacionales, pero los especialistas consultados indican que buena parte lo han puesto agencias de las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos.
¿Filantropía o injerencia?
En el listado de las 60 organizaciones con más fondos del exterior figura en el lugar 14 la Oficina Regional de Amnistía Internacional (379 mdp en cinco años), que en septiembre calificó la reforma para transferir la Guardia Nacional al mando del Ejército como “un grave retroceso en materia de derechos humanos”.
Más abajo, en el sitio 40, con 159 mdp, está el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una de las organizaciones que acompañó los procesos judiciales que intentaban frenar la construcción del Tren Maya.
Tres posiciones debajo se encuentra México Evalúa, que presiden Luis Rubio y el empresario Fernando Senderos Mestre, con 147 mdp. Esta asociación también ha criticado varias políticas de López Obrador en materia energética, de seguridad y de salud, por dar algunos ejemplos. Incluso, el ex mandatario la señaló el 2 de mayo de 2023 de ser parte de un grupo de organizaciones opositoras a su gobierno.
Pero la ONG más denunciada por el tabasqueño fue Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que ocupa el lugar 60 de la lista con 104 mdp en donativos internacionales entre 2019 y 2023. El empresario Claudio X. González, uno de los más férreos y abiertos opositores a la 4T, fundó la organización en 2016, misma que dejó de presidir en 2020.
López Obrador insistió a lo largo de su Presidencia que había ONGs que recibían dinero del extranjero, en especial desde Estados Unidos, para golpear a su gobierno.
“(…) No estoy hablando al tanteo, hay quienes viven de administrar conflictos, reciben dinero para eso, hasta del extranjero. Hay en Estados Unidos asociaciones, incluso del gobierno de Estados Unidos, que les dan financiamiento a asociaciones no gubernamentales. Entonces, cruz, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, que nos dejen”, dijo el 14 de agosto de 2021.
Incluso semanas antes de dejar la Presidencia, el ex mandatario envió una carta a su homólogo estadunidense, Joe Biden, para recriminarle la “actitud injerencista” de su gobierno por financiar a organizaciones como MCCI, “cuyo propósito principal ha sido atacar” al ‘obradorismo’.
Manuel Canto Chac, especialista en política social y participación ciudadana de la UAM Xochimilco, no comparte la visión del ex Presidente y añade que la idea de la intromisión de naciones extranjeras vía las ONG es “un discurso añejo” en México.
“Esto de que las organizaciones obedecen al imperialismo, a Estados Unidos, es una narrativa muy populista y conservadora… Fue el discurso de (Luis) Echeverría, que las ONGs eran los emisarios del imperialismo”.
Para Ricardo Bucio, las declaraciones del ex presidente son “mucho más un tema de postura política”.
La misión en México de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha defendido el financiamiento que da a las organizaciones civiles argumentando que “es esencial para la democracia”.
Las ONGs con más donativos
La información de la Secretaría de Hacienda indica que las asociaciones que captaron recursos del exterior pasaron de 876 a mil 294 entre los años 2019 y 2023, lo que significa un incremento de 48 por ciento.
En cuanto a montos, estos pasaron de 5 mil 142 mdp a 8 mil 13 mdp, un aumento de 56 por ciento. Para poner el dato en contexto, los donativos en efectivo nacionales apenas crecieron 12 por ciento en el mismo periodo.
De los 32 mil 747 mdp acumulados en cinco años, la mayoría se dirigió a fundaciones de carácter asistencial (19 mil 305 mdp), seguidas de organizaciones ecológicas (5 mil 066 mdp), de desarrollo social (3 mil 282 mdp) y de investigación científica (2 mil 014 mdp).
También se beneficiaron asociaciones educativas, propietarias de bibliotecas y museos privados, dedicadas a obras y servicios públicos y dedicadas a la protección de especies en peligro de extinción, entre otras.
Seis de cada 10 pesos se concentraron en ONG de la Ciudad de México, aunque también hubo donativos importantes a organizaciones de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Estado de México.
Las 60 fundaciones que acapararon la mitad de este pastel filantrópico tienen diversas actividades. Encabeza la lista Hospital Shriners para Niños A.C., una red de hospitales en Estados Unidos y México que brinda atención gratuita a niños y adolescentes con problemas ortopédicos y lesiones por quemaduras. La organización, que recibió del extranjero mil 803 mdp, la encabeza Miguel Brostella Novey, un miembro destacado de la masonería de Panamá.
Completan el ‘top 5’ Médicos sin Fronteras (777 mdp), que asiste en lugares con conflictos sociales o bélicos; Fondo Semillas (604 mdp), que tiene una agenda de fortalecimiento a los derechos de las niñas, mujeres y personas trans, no binarias e intersex; World Vision (593 mdp), que apoya a infancias en condiciones de vulnerabilidad, y Fundación Aloysius Estado de México (552 mdp), que promueve la creación de establecimientos educativos y culturales para niños y jóvenes de escasos recursos.
En la lista también figuran organizaciones como El Poder del Consumidor (395 mdp), Cruz Roja Mexicana (390 mdp), Oxfam (365 mdp), el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (283 mdp), GIRE (274 mdp), Católicas por el Derecho a Decidir (204 mdp), Artículo 19 (163 mdp), Equis Justicia para las Mujeres (150 mdp) y Aldeas Infantiles SOS (105 mdp).
También destaca el Fideicomiso F/744942, constituido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para financiar la construcción del Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet). El recinto, que originalmente se planeaba inaugurar en 2018 para presumir las bondades de la Reforma Energética ‘peñista’, sigue sin abrir sus puertas al público. Esto, sin embargo, no fue impedimento para que recibiera en el último lustro 126 millones de pesos desde el extranjero.
AMLO cerró la llave, ¿Sheimbaum la abrirá?
López Obrador siempre mostró desconfianza hacia las ONG. De hecho, su primer decreto como Presidente, el 14 de febrero de 2019, fue prohibir las transferencias públicas a dichas organizaciones, aun cuando el marco legal le obligaba a fomentar las actividades de la sociedad civil. Justificó su decisión señalando que la intermediación de las asociaciones había originado discrecionalidad, opacidad y corrupción.
A la eliminación de los apoyos se sumó la extinción del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), que era el órgano administrativo responsable de la interlocución entre el gobierno y la sociedad civil.
Bucio no comparte la visión del tabasqueño y afirma que hay mayor control y transparencia en los donativos que recibe una ONG que la que tienen los gobiernos, empresas, instituciones educativas o beneficiarios de subsidios gubernamentales. “No hay ningún sector en el país que esté más regulado y que tenga más obligaciones de transparencia”, sostiene.
Aunque López Obrador no estaba del todo equivocado, ya que una parte de los donativos federales durante la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto, fue a dar a fundaciones como Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, del magnate Ricardo Salinas Pliego; Poder Cívico, del ex embajador Andrés Roemer, acusado de presuntamente cometer abusos sexuales, o a Fundación Mídete, de Óscar Hernández Salgado, Guillermo Figueroa Calderón y Xiuh Tenorio, que trabajaron en la Secretaría de Gobernación durante los primeros tres años del ‘peñismo’.
Otro caso fue el de Fundación Organizados para Servir, de la que era socio Gerardo Sánchez García, ex senador y ex candidato del PRI al gobierno de Guanajuato en 2018, además de su esposa, su hermano y otros políticos priistas de esa entidad.
No sólo eso. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que en los dos últimos años del peñismo (2017 y 2018) diversas asociaciones, principalmente de corte cultural, no lograron comprobar en qué usaron el dinero que el gobierno federal les donó.
Los reportes hablan de eventos y festivales que nunca se realizaron, falsificación de documentos y firmas y hasta desvío de recursos a las cuentas personales de algunos de los socios, lo que implicó un daño a la Hacienda Pública de casi 400 millones de pesos.
Entre las fundaciones señaladas destacan Drama Voz y Movimiento, Institución Romero Mac Gregor, Salud y Cultura por Veracruz, Fundación Juan José de los Reyes Martínez El Pípila, Suena México Suena, Ayudando por la Vida, Fundación Hermanos Servel y la asociación de Sánchez García.
También la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a la ex secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, por haber donado más de 59 millones de pesos para un museo que nunca se concretó; Puerto Cultura, la asociación que se encargaría del recinto, fue constituida por funcionarios del gobierno de Peña Nieto y se convirtió en una de las ONG que más dinero federal por donativos recabó de esa administración.
Como sea, Manuel Canto, de la UAM Xochimilco, espera que con la presidenta Claudia Sheinbaum la relación entre el gobierno federal y las ONGs mejore. Fundamenta su esperanza en que su administración en la Ciudad de México no siguió a pie juntillas la política federal de quitarles por completo los apoyos.
“Disminuyeron las transferencias, pero no desaparecieron”, apunta.
Bucio, presidente del Cemefi, destaca que “hasta ahora hay una apertura al diálogo que se valora y se agradece por parte de esta nueva administración”.
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