La falta de recursos para la elección judicial podría terminar convirtiéndola en un ejercicio similar a una consulta popular. Las casillas cambiarían por mesas receptoras que agrupen varios puntos de votación, las casillas especiales estarían en duda y el papel seguridad podría tener la mitad de los candados que las boletas de la elección presidencial para evitar su falsificación; señala MILENIO.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra enfocado en elaborar una propuesta alterna para abaratar la elección judicial, que tiene como base el ‘plan B’ que implementaron en la consulta popular de 2021 cuando el Legislativo se negó a darles el dinero que necesitaban para cumplir con una elección de dimensiones nacionales.
MILENIO confirmó que la propuesta que se analiza hasta ahora, implica reducir las 170 mil casillas de la pasada elección presidencial a al menos 80 mil mesas receptoras, tomando como referencia que en la consulta popular de 2021 se instalaron 57 mil mesas receptoras de las 150 mil casillas de la elección presidencial de 2018.
Es decir, sin dinero suficiente para cumplir con la dimensión que la elección judicial exige, tal como sucedió en 2021, la cantidad de centros de votación se reduciría alrededor de un 45%, lo que traería beneficios económicos, pero también, complicaciones para la ciudadanía.
En cuanto al costo, tener menos centros de votación impacta en automático en una cadena de gastos e inversiones para el proceso electoral, principalmente en las dos bolsas más costosas: la de cuatro mil 500 millones de pesos para contratación de Capacitadores Asistentes Electorales, y la de seis mil 800 millones de pesos para material electoral y todo lo relacionado con las casillas.
Por ejemplo, si no se instalan las más de 170 mil casillas, sino que varias de éstas se compactan en centros de votación más grandes, esto implicaría que serán menos personas las que se requieren para integrar las mesas de votación.
Por lo tanto, serían menos Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales los que tendrían que contratarse para recorrer todo el país para convencer a la ciudadanía de que participe recibiendo y contando los votos.
También sería menor la inversión para capacitarlas por lo que implica el material para esto, incluidos los traslados a los domicilios de estas personas.
Pero también, se reduce el costo en material electoral porque esto implicaría menos urnas, menos mamparas y menos impresiones de Listas Nominales de Electores para identificar que cada persona que se pretende el día de la jornada electoral, tenga vigente su credencial y pueda ejercer su derecho, así como menos gasto de alimentación, sanitización y limpieza del espacio.
En este escenario, las casillas especiales para que personas en tránsito pudieran votar no se instalaron por falta de presupuesto en 2021, por lo que cada persona debía votar únicamente si se encontraba en su lugar de residencia.
Pero además, los centros de votación que agrupan diferentes casillas, implica que la ciudadanía tenga que ir a lugares que no son tan cercanos a su domicilio como en las elecciones ordinarias, y si están de viaje o fuera de sus hogares, no podrán ejercer su derecho.
Con estos ajustes, el material electoral reduciría no sólo en volumen sino también en los altos estándares de calidad utilizados en la pasada elección presidencial. Pues una de las claves de 2021 para reducir su producción, fue cambiar el papel seguridad de las boletas garantizando los candados básicos que permitieran detectar su falsificación.
Las boletas que el INE solicita a Talleres Gráficos de México llegan a tener hasta 10 candados de seguridad que las vuelven infalsificables.
Como el que los rodillos de su producción son exclusivos, se utiliza una densidad de fibras que hacen el papel único, con algunas visibles y otras invisibles que vuelve imposible igualarlas, tiene fibras ópticas que sólo son detectables con luz ultravioleta, tinta invisible e impresiones a nivel macro e invertida.
Las papeletas de la consulta popular sólo contaron con cuatro de estos elementos para garantizar los elementos más básicos para detectar si eran falsas. Más riesgos, pero más baratas.
Para aterrizar en números, el INE pidió de manera precautoria 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos para la elección popular, mientras que, con la referencia de 2021 y al tener la instrucción de la Suprema Corte de pedir un presupuesto precautorio para una eventual consulta popular cada año, solicitó cuatro mil 620 millones 764 mil 137 pesos. Es decir, una consulta costaría el 35 por ciento de una elección judicial, con la diferencia de la trascendencia que implica cada ejercicio.
El INE reforzará esta semana los estudios de diferentes vías para proponer al Poder Legislativo, previendo que se reduzca el presupuesto solicitado, pero sin dejar a la autoridad electoral con la imposibilidad de hacer el ejercicio con la calidad de cualquier proceso electoral.
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