La reforma al artículo 19 de la Constitución mexicana, que amplía el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, fue aprobada por 17 congresos estatales, completando su proceso legislativo. El próximo martes, la Cámara de Diputados y el Senado emitirán las declaratorias de constitucionalidad, y la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
Asimismo, la reforma que incluye la extinción de siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), ha seguido un proceso similar y ha recibido la aprobación de 14 congresos, con solo tres pendientes.
La reforma también amplía la lista de delitos graves que ameritan prisión preventiva, incluyendo extorsión, producción y comercialización de fentanilo y otras drogas sintéticas, contrabando y actividades relacionadas con falsificación de comprobantes fiscales. Estos cambios han sido ratificados por las legislaturas de 17 estados, entre ellos Ciudad de México, Veracruz, y Tamaulipas.
La discusión en el Senado fue divisiva dentro del grupo del PAN, con siete de sus legisladores apoyando la reforma junto con Morena y sus aliados, lo que permitió superar la mayoría calificada. No obstante, la oposición, liderada por varios de los estados gobernados por el PAN, argumentó que la prisión preventiva oficiosa vulnera derechos humanos, especialmente el de presunción de inocencia.
El dictamen de la reforma subraya que delitos como la extorsión y la producción de fentanilo, que afectan la economía y salud pública, no deben quedar impunes debido a la “puerta giratoria”, en la que los delincuentes pueden eludir la justicia al enfrentar sus juicios en libertad. Con la prisión preventiva, se busca evitar esta situación y garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Imagen portada: SPR Informa
