Detenciones y audiencias interminables convierten las deportaciones de migrantes en Estados Unidos en un proceso agotador que Donald Trump busca endurecer y agilizar con un millón de expulsiones anuales; informa MILENIO.
Ante ese escenario, la cancillería mexicana se alista para reforzar el apoyo jurídico con la contratación de abogados que defiendan a los migrantes atrapados en un sistema que les obstaculiza el sueño americano.
El proceso de deportación actual, encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), comienza con la detención de migrantes mediante redadas laborales, en comunidades o tras la liberación de prisiones locales. Los detenidos son trasladados a centros especializados donde inicia un largo y complejo camino legal.
En estos espacios se recopilan sus datos biométricos y se les asigna un Número de Registro de Extranjero, que resulta ser el primer paso dentro de un proceso migratorio que pocos logran navegar con éxito.
A continuación, los migrantes enfrentan audiencias ante un juez de inmigración, quien determinará si pueden permanecer en el país o si deben ser deportados.
Estas sesiones son críticas, pues también ofrecen la posibilidad de presentar solicitudes de alivio migratorio, como asilo o la cancelación de deportación. Sin embargo, estos procesos pueden prolongarse por meses, dejando a los migrantes en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad.
Si el juez dicta una orden de deportación, el ICE dispone de 90 días para ejecutarla. Este plazo implica coordinar múltiples trámites, desde obtener documentos de viaje hasta negociar con el país de origen del migrante.
Una vez completados estos pasos, los deportados son enviados en vuelos comerciales o aviones fletados, bajo estrictas medidas de seguridad.
Ante este panorama ya de por sí difícil, las propuestas de Trump añaden una capa de dureza. Su promesa de alcanzar un millón de deportaciones al año incluye declarar una emergencia nacional para emplear a la Guardia Nacional y al Ejército en tareas migratorias.
Además, busca revivir leyes como la de Enemigos Extranjeros de 1798, permitiendo la expulsión acelerada de migrantes provenientes de países que representen un “riesgo” para Estados Unidos y la construcción de centros de reclusión masiva en estados fronterizos como Texas.
Sin embargo, los datos están en contra del futuro mandatario de Estados Unidos, pues estadísticas del ICE muestran que en los últimos cuatro años han arrestado a 473 mil migrantes con antecedentes penales y poco más de un millón de migrantes irregulares en todo el territorio estadunidense, por lo que deberían de triplicar los esfuerzos para llegar a la meta propuesta en campaña.
Además, el mismo ICE reconoce que de esas casi 1.4 millones de detenciones, solamente han podido deportar a 827 mil migrantes desde octubre de 2020 a la fecha.
Frente a la amenaza de las deportaciones masivas, la respuesta del gobierno de México ha sido reforzar la protección de los paisanos mediante un modelo de apoyo jurídico robusto, diseñado para asistir a migrantes en situaciones críticas.
Este respaldo incluye la contratación de abogados especializados para defender a los connacionales en audiencias, juicios y otros procesos legales.
El Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) es una de las herramientas clave de esta estrategia. Creado en 2019, el programa trabaja en colaboración con despachos jurídicos y organizaciones no gubernamentales, asegurando que los migrantes mexicanos tengan acceso a una representación adecuada.
Este esfuerzo ha permitido que, hasta septiembre de 2023, se hayan atendido a más de 95 mil migrantes y se hayan firmado 3 mil 352 contratos con abogados especializados.
El impacto del programa ha logrado evitar deportaciones injustas, proteger derechos laborales y reunificar familias que enfrentaban el riesgo de ser separadas. En un entorno donde los migrantes suelen enfrentarse a audiencias sin representación legal, el PALE se ha convertido en una línea de defensa fundamental para quienes encaran un sistema que no siempre les da voz.
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