Al comparecer ante el Congreso local, el Tesorero del estado, Carlos Garza Ibarra dijo que no está obligado a entregar los recursos del Fondo Municipal y si lo hace solo será por orden de un juez.
El funcionario estatal fue fuertemente cuestionado por los legisladores del PRI y del PAN por no cumplir con la entrega de este presupuesto etiquetado para las administraciones municipales.
Señaló que de los mil 700 millones de pesos que quedaron pendientes por entregar a los ediles, simplemente no van a poder cumplir.
Hay que recordar que este dinero es parte de los 2 mil 500 millones que los legisladores del PRI y del PAN etiquetaron para los municipios emanados de esos dos partidos.
Todo lo anterior lo dijo el encargado de las finanzas estatales durante la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.
Mencionó que nadie de su departamento jurídico cuenta con algún papel in resolución jurídica que los obligue a entregar esos recursos.
«No estamos al día de hoy obligados a pagarlo, pero si así fuese, la responsabilidad nuestra sería cumplir lo más pronto posible».
«Municipios que no estaban siendo beneficiados promovieron ciertos juicios, que terminaron en un proceso en el que el Ejecutivo no está obligado a pagar».
«No descartamos que alguna resolución legal nos obligue a pagarlo una vez que se resuelva, no tendríamos problema para cumplir», expuso.
Ante las modificaciones que le hicieron al Presupuesto de Egresos, Garza Ibarra pidió a los diputados definir a que le quitan o de donde sacará los recursos para dárselos a municipios, Poderes y órganos autónomos.
«Es su atribución hacer ajustes, no he tenido tiempo de ver a detalle qué fue lo que se aprobó, pero quiero suponer que es algo que se visualizaba desde que estuvimos trabajando con los Diputados en cuanto a lo que querían hacer con los municipios, con los Poderes».
«No se puede solventar un aumento que supera el 20 por ciento y en algunos casos más claro que alguien va a decir ‘para eso existe el Presupuesto, se le puede ajustar y bajar a ciertas partidas’ el detalle es definir cuáles son esas partidas y ahí es donde empieza el debate, porque cada cosa que se ajusta evidentemente afecta a un sector o a algún rubro que puede ser prioritario».
«Yo no voy a negar que pueda haber, digamos, causas sociales o recursos a temas que son muy importantes, pero la realidad es que la Ley de Disciplina Financiera es muy clara y ante cualquier erogación adicional, el Congreso está obligado a presentar, o los ingresos que subsanen esa obligación de gasto o a ajustar el gasto», puntualizó.
