Al menos 150 abogados excluidos de la elección judicial, ya comenzaron una batalla legal para que el Tribunal Electoral ordene a los Comités de Evaluación que los consideren elegibles para un cargo de juzgadores, al exhibir que la revisión de los documentos que enviaron fue incompleta o que los motivos por los que los descartaron fueron incongruentes o consecuencia de los vacíos en las convocatorias; informó MILENIO.
En una revisión hecha por MILENIO, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación turnó hasta este domingo a medio día, 150 demandas de abogados que fueron excluidos de las listas de elegibilidad emitidas por los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, para pasar a la segunda etapa en la elección de juzgadores y poder seguir aspirando a una candidatura definitiva.
A una semana de que se dieran a conocer los nombres de quienes pasaron la primera etapa del proceso, en medio de errores e incluso de incumplimientos a los plazos legales, decenas de excluidos alegan que cuentan con todos los requisitos de ley, que presentaron todos los documentos que solicitaban las convocatorias y que no recibieron ningún argumento congruente sobre los motivos por los que fueron considerados inelegibles.
En las impugnaciones presentadas ante la Sala Superior, en su mayoría, los tres Comités de Evaluación son señalados de no haber cumplido con exhaustividad la revisión de todos los requisitos que estos mismos pusieron.
Por ejemplo, una demanda contra el Comité de Evaluación del Poder Judicial exhibe que no se revisaron los ensayos completos y se limitaron a ver el número de cuartillas del documento sin analizar cuántas de éstas eran concretamente de cada requisito.
“Expuse en tres cuartillas la justificación donde expongo los motivos para postularme como juez, como lo pide la aludida convocatoria, sin embargo, el comité de evaluación sin ser exhaustivo ni congruente, está contabilizando en mi perjuicio la carátula y la conclusión del documento enviado como parte de la justificación de motivos para ser juez, cuando dichos apartados no forman parte de esa justificación y motivación.
“Luego entonces, dicho comité no puede contabilizar esas hojas extras como arte del ensayo en estricto sentido, extralimitándose en la calificación de no elegible porque parte de una premisa falsa en su dictamen de elegibilidad al señalar que no cumplo con el requisito”, acusa una postulante.
En otro juicio contra el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, el aspirante critica que se le respondió que la declaración de protesta de decir verdad tenía que haberla presentado por separado y no en un mismo documento con el resto de los requisitos, y que sólo por eso fue descartada.
Otra persona acusa que “el Comité Evaluador (Ejecutivo) sostiene que no acredité mi experiencia profesional en el ámbito jurídico. Sin embargo, dicho razonamiento es erróneo, toda vez que adjunté un desglose detallado de mi trayectoria profesional y académica”, dice otra demanda en la que alega que “la falta de lineamientos claros no puede ser imputable al aspirante” y que “resulta ilegal exigir requisitos adicionales o desestimar documentales que cumplen con los principios de certeza jurídica y debido proceso”.
Mientras que una de las demandas de un postulante que fue excluido por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, señala que a pesar de la tardanza fuera de los plazos legales que caracterizó a este comité, se exhibe que ni siquiera terminaron la revisión documental enviada por los aspirantes.
Pues detalla que “acompañé mi solicitud con los nombramientos de los cargos que he ocupado en el Poder Judicial de la Federación desde el 7 de octubre de 2013” pero se le señaló que no cumplía con la experiencia necesaria, por lo que considera que “la falta de análisis del Comité de Evaluación constituye una violación a su obligación de revisar la documentación para calificar el requisito de elegibilidad del postulante.
En total, los Comités de Evaluación de los tres poderes sumaban hasta este domingo 169 impugnaciones: 33 del Poder Legislativo, 37 del Poder Judicial y 101 del Poder Ejecutivo.
Esto, porque además de las listas de elegibilidad, otras personas alegan otros aspectos, por ejemplo, el caso del ex suplente de Morena ante el INE, Eurípides Flores, que pidió una guía de estudio para el examen del Poder Judicial, pero que su denuncia podría terminar desechada porque ni siquiera fue considerado elegible.
Hasta este domingo, sólo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no contaba con ningún expediente asignado sobre impugnaciones contra las listas de elegibilidad de los Comités de Evaluación, mientras que las magistrada Mónica Soto y Janine Otálora, y los magistrado Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña tienen en promedio 40 demandas turnadas a sus ponencias.
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