Clasificar a los cárteles mexicanos de droga como organizaciones terroristas extranjeras, como lo propone el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, traería implicaciones que afectarían más a los migrantes mexicanos, pero que no reforzarían significativamente los instrumentos que ese país tiene para combatir el terrorismo, consideró el especialista en seguridad nacional estadunidense Eric Halladay; informa MILENIO.
En un artículo publicado en el sitio Lawfare, el experto analizó las consecuencias que podría traer la declaratoria de organizaciones terroristas de los grupos mexicanos de narcotráfico y destacó que los más afectados serían los migrantes en tránsito o ya procesados en Estados Unidos.
Lo anterior porque se les podría vincular más fácilmente a la labor de tráfico de estupefacientes e incrementarles a unos, las restricciones para ingresar al territorio estadunidense, y otros, las sanciones penales.
En materia penal, el especialista expone que, de lograrse la categorización aludida, si una persona extranjera es acusada de fabricar o distribuir sustancias controladas, «puede ser condenado por narcoterrorismo si el fiscal prueba que el acusado sabía que la acción proporcionaría directa o indirectamente ‘valor pecuniario’ a cualquier persona o grupo que participe en terrorismo o actividad terrorista».
Entonces, la condena podría duplicarse y llegar de los 10 a los 80 años de prisión.
Además, los fiscales podrían presentar cargos contra el acusado por “brindar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera”.
Para ello, explica Halladay, el fiscal debe demostrar que el acusado proporcionó, intentó o conspiró a sabiendas para proporcionar apoyo a una organización terrorista extranjera y que el acusado sabía que el receptor del apoyo era ésta o que el grupo participaba en terrorismo o actividad terrorista.
De demostrarse, las condenas irían desde 20 años de prisión hasta la cadena perpetua si el apoyo a los cárteles resultó en la muerte de alguna persona.
Otra de las consecuencias previstas por el especialista es que la aplicación de la justicia estadunidense podría llegar a la extraterritorialidad.
Aunque se presume que los estatutos federales se aplican sólo a nivel nacional, lo que significa que los fiscales federales deben esperar a que la actividad delictiva forme un nexo suficiente con los Estados Unidos antes de presentar cargos.
Sin embargo, la declaratoria permitiría a los fiscales “presentar casos contra ciudadanos extranjeros que actúen enteramente en países extranjeros con poca conexión con los Estados Unidos”.
Las disposiciones penales «alcanzarían a los acusados que no están directamente involucrados en el tráfico de drogas, pero que, sin embargo, ayudan a los cárteles y sus afiliados brindándoles servicios logísticos o financieros», expone.
Migrantes, más vulnerables
Por otra parte, el artículo de Eric Halladay advierte que, en materia de control de la migración, la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas impactaría más en las condiciones que viven las personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Por ejemplo, la interacción frecuente de los migrantes en su camino al norte podría ser utilizada en su perjuicio.
«Si alguien apoya materialmente a una organización terrorista extranjera, podría enfrentarse a una prohibición automática de entrada, sin importar cuán convincente sea su caso.
«Por ejemplo, alguien puede ‘apoyar materialmente’ a una organización terrorista al ser obligado a cocinar y limpiar para el grupo», afirma el especialista.
Además, detalla que, dado que muchos migrantes pagan a los grupos de contrabandistas por su pasaje, “esos pagos podrían interpretarse como apoyo material si los grupos estuvieran controlados por cárteles o fueran cárteles ellos mismos”.
En tal caso, para impedir la entrada de una persona a Estados Unidos, “el gobierno sólo debe probar que la persona debería haber sabido razonablemente que su pago por contrabando brindaría apoyo a un grupo terrorista”.
La situación es complicada, considera el experto, porque los cárteles mexicanos se han repartido entre ellos gran parte de las actividades delictivas que se desarrollan en México.
«Es difícil, si no imposible, que un grupo delictivo que dirige una red de contrabando opere en territorio controlado por un cártel sin obtener la aprobación de esa organización«.
Halladay expone un caso aún peor: Si un migrante fuera secuestrado por un grupo designado como organización terrorista y le ofrece cualquier forma de rescate, ya sea un pago en efectivo o servicios a cambio de su libertad, ese pago lo haría cómplice del grupo criminal y la persona sería inelegible para ingresar a Estados Unidos.
«Cuando los migrantes exponen su caso ante las autoridades de inmigración, una pregunta crucial para determinar la probabilidad de que se les permita ingresar a los Estados Unidos es si pueden o no alegar que actuaron bajo coacción por cualquier otra conducta que los descalifique.
«Sin embargo, demostrar la coacción es un obstáculo difícil de superar; las exenciones se consideran caso por caso, y las autoridades de inmigración consideran una serie de factores al tomar esa determinación.
«Esos factores incluyen si el solicitante de asilo podría haber evitado proporcionar apoyo material y la gravedad del daño amenazado o infligido contra el solicitante.
«Por lo tanto, un solicitante de asilo que alegara coacción en virtud de esta exención discrecional tendría que demostrar la gravedad de la coerción, lo cual estaría lejos de estar garantizado», explica el experto.
El análisis del experto concluye que, aunque la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras podría dar a Estados Unidos nuevas armas contra los narcotraficantes, «no habría ningún cambio drástico en las sanciones impuestas a los cárteles».
En tanto, sólo afectaría a los ya imputados con una carga más pesada de acusaciones y limitaría más a los migrantes que buscan asilo o refugio por considerar que, en su paso por México, pudieron proporcionar fondos a una organización terrorista.
Imagen portada: Archivo
