La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) destacó que ya prepara la transición a la nueva autoridad regulatoria que tendrá el país; esto después de que el 20 y 24 de diciembre de 2024 fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de la reforma en materia de simplificación orgánica, en el que se ordenan la eliminación de órganos autónomos; reporta MILENIO.
A través de un comunicado, la Cofece recordó que la reforma establece la creación de una nueva autoridad con autonomía técnica y operativa, la cual se encargará de vigilar y sancionar prácticas anticompetitivas en todos los sectores y mercados del país.
«Si bien esto implica una inminente extinción de la Cofece, en tanto se emiten las leyes secundarias y la reforma entra en vigor, la Cofece debe continuar ejerciendo sus funciones y tramitando sus procedimientos», detalló.
Explicó que, actualmente, el organismo desahoga diversos procedimientos sustantivos, entre ellos el análisis de más de 150 operaciones de fusiones, que equivalen a cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, con el objetivo de evitar riesgos a los consumidores.
En cuanto al presupuesto que les fue aprobado para este año, afirmó que es limitado para garantizar dicho avance.
«El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la Cofece mediante el PEF 2025 equivale a menos de una tercera parte del presupuesto originalmente solicitado y que es necesario para el cumplimiento de las atribuciones (…) Ante el limitado presupuesto de transición aprobado para 2025, la Cofece está tomando medidas extraordinarias para que los recursos asignados garanticen, en la medida de lo posible, la continuidad de sus atribuciones y procedimientos hasta que se trasladen a la nueva autoridad de competencia», aseguró.
Finalmente, la comisión afirmó que busca una transición ordenada y articulada a la nueva autoridad de competencia, por lo que continuará buscando interlocución de manera proactiva con todas las instancias de gobierno involucradas, con el fin de establecer un programa de cierre adecuado que garantice los recursos suficientes para la continuidad del debido proceso y la certidumbre a la inversión.
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