Por Javier Portugal
El 2024 quedará marcado como uno de los capítulos más interesantes para la democracia en México. La elección presidencial del verano pasado rompió paradigmas: por primera vez en la historia de México resultó electa una mujer como Presidenta constitucional, y también por primera vez, el pueblo elegirá a las personas juzgadoras, desde juezas y jueces de distrito hasta ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esta reforma al Poder Judicial Federal, la democracia mexicana adquiere otra dimensión y nos coloca como uno de los pocos países en el orbe donde se eligen de manera directa a las autoridades de los tres poderes del Estado.
La intención de radicalizar y profundizar la democracia no es una idea nueva. Desde su fundación, el movimiento de transformación ha propuesto mecanismos de democracia directa para que sea el pueblo quien tome las decisiones en los asuntos públicos. La tarea no ha sido fácil, las dinámicas institucionales y las castas que se eternizaron en las diferentes esferas del sector público se han resistido a la renovación de la vida pública. En algunos casos, estos actores políticos han evitado las tensiones por la vía del acuerdo político y optan por la adhesión al proyecto de nación.
Históricamente, las instituciones más añejas que son parte -de forma directa o indirecta- de un Estado son las que más se resisten a los cambios. Las iglesias, los ejércitos y las universidades, son algunas de las entidades donde el campo de poder se concentra en una élite, que en su gran mayoría es conformada por hombres que obedecen a una jerarquía totalmente vertical en la que las decisiones son tomadas por cúpulas herméticas. Tal es el caso de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México.
La UNAM, que tiene antecedentes fundacionales en el siglo XVI como la Real y Pontificia Universidad de México, se rige -para su gobierno interior- bajo un marco jurídico compuesto por la Ley Orgánica de la UNAM, el Estatuto General de la UNAM y el Reglamento Interior de la Junta de Gobierno. La ley orgánica de la UNAM que fue publicada en 1945, señala en el artículo 6º que la Junta de Gobierno (integrada por 15 personas) será la encargada de nombrar al rector y también a los directores de facultades, escuelas e institutos. Esta disposición que se ha mantenido durante 80 años inhibe la participación efectiva de la comunidad universitaria en la toma de decisiones.
En sus aulas se lee, se estudia, se analiza, se debate, se investiga y se publica sobre la democracia, con rigor académico y visión de país. Incluso esta área de conocimiento y sus respectivas líneas de investigación se han fortalecido recientemente con la creación del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. No obstante, los grupos de poder instalados en el sexto piso de la torre de Rectoría, no han podido encontrar una vía para que la participación de la comunidad universitaria alcance un peso específico en las decisiones fundamentales de esta institución.
Las deliberaciones y los acuerdos de la Junta de Gobierno deberían cambiar de naturaleza. De operar como un cónclave, tendrán que adoptar un esquema dinámico para dar publicidad y transparencia a los asuntos tratados. Nuestra universidad es -como lo indica la Ley Orgánica- una corporación pública, un organismo descentralizado del Estado mexicano y como tal debe estar involucrada en las tendencias democráticas para replantear y legitimar los procesos de auscultaciones y designaciones.
La comunidad universitaria está integrada -según la estadística de la propia institución- por más de 416,000 personas entre estudiantes, personal académico y trabajadores. La oferta académica es de 133 carreras y 42 programas de posgrado. La gran diversidad que existe en esta casa de estudios es inmensa y se puede palpar desde sus planteles de nivel medio superior hasta el posgrado. Por si fuera poco, la universidad de la nación se mantiene en la lista de las 100 mejores universidades del mundo.
El ser y quehacer de nuestra universidad debe adaptarse a los nuevos tiempos, a los discursos que optan por democratizar espacios que anteriormente eran intocables en aras de estimular la participación activa y la democracia como formas de vida, sin que pierda su esencia y su valor como la institución de los saberes y el espíritu crítico.
La democracia en la UNAM seguirá siendo una asignatura pendiente. Para concluir este texto y fomentar el debate, dejo estas preguntas sobre la mesa: ¿De qué forma la comunidad universitaria pudiera participar de los procesos de elección de directores y rectores? ¿Es pertinente que 15 personas sigan decidiendo el futuro de una comunidad que cuenta con más de 416,000 integrantes? ¿Los procesos actuales son los únicos que garantizan la gobernabilidad y el desarrollo institucional de la UNAM?
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