Por Efrén Vázquez Esquivel
En México vivimos momentos en los que el poder-político-interpretativo de los jueces impone sus determinaciones de ley. Éstas no son obedecidas por las autoridades, a quienes se les reclama actos de autoridad considerados arbitrarios.
Las desobediencias a suspensiones en amparos promovidos por jueces han sido criticadas, argumentando que todos, ciudadanos y autoridades, deben respetar la orden de una autoridad, sea o no legal, porque en un estado de derecho existen medios para corregir decisiones judiciales.
Esto es parcialmente verdadero, porque solo recurren a la ley y a la jurisprudencia para fundar, no a la doctrina, que, quiérase o no, también es una de las fuentes del derecho. Arrimémonos un poco a esta región olvidada del derecho.
El primer caso que obligó a reflexionar si una orden arbitraria de un juez o tribunal debe ser desobedecida, o si, por el contrario, debe obedecerse, sin importar las consecuencias, fue la sentencia de pena de muerte contra Sócrates, dictada por un Tribunal popular de Atenas el año 399 a. C.
Sócrates fue acusado injustamente por sus enemigos políticos del delito de impiedad (no creer en los dioses de la ciudad) y de corromper a las juventudes con sus enseñanzas.
Estando en prisión, esperando al verdugo con la cicuta (hierba venenosa) para beberla, Critón, uno de sus discípulos, le ofreció ayuda y medios para escapar, a lo que Sócrates se negó porque la propuesta de Critón era contraria a lo que él enseñaba: el respeto irrestricto a la ley, incluso si la decisión del tribunal le quitaba la vida.
La idea de justicia de Sócrates era formalista: “La ley es dura, pero es la ley”. Si los jueces, los más cercanos a los dioses, son inspirados por los dioses, ¿cómo desacatar la orden de un juez?
La muerte de Sócrates conmocionó a sus discípulos, incluido Aristóteles. Con él comenzó un debate aún vigente en la doctrina: ¿Debe obedecerse una ley o decisión judicial injusta?
La respuesta es sí, siempre que no cause un daño que el derecho no pueda reparar. Hoy ya no hay duda de que el juez debe someterse a la ley como cualquier ciudadano y actuar solo lo que ésta le ordena.
