Por José Jaime Ruiz
En términos prácticos, Omar Amador Escobar viene a despojar de la politizada Fiscalía General de Justicia al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza
Omar Amador Escobar Figueroa es el comisionado plenipotenciario en Nuevo León del secretario de Seguridad nacional, Omar García Harfuch –ergo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo– para asegurar que la seguridad no se politice en nuestro estado, se mantenga la coordinación y aplicar el operativo Enjambre sobre los principales generadores de violencia. En términos prácticos viene a despojar de la politizada Fiscalía al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos. Es, esencialmente, el golpe sobre la mesa que le propuso García Harfuch a la doctora Sheinbaum.
La Mañanera del Pueblo se convirtió en la arena donde se descorre el velo de la politización de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, formalmente a cargo de Pedro Arce Jardón, pero, de facto, manejada por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, y los empleados impuestos por Francisco Cienfuegos Martínez, los priistas adversarios del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda. La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta expresa, tocó de nuevo el tema:
–Por otro lado, en el tema también de las persecuciones, usted ha comentado que en Nuevo León hay problemas con la Fiscalía. Últimamente se está haciendo una persecución política a Alejandra Morales, que se presentó como candidata al municipio de San Nicolás de los Garza por Movimiento Ciudadano; hoy se le trata de vincular a proceso y se trató de aplicarle prisión preventiva, y solo no se le ha aplicado por el hecho de estar embarazada. Me gustaría saber su opinión sobre el uso de las fiscalías en temas políticos. Se le acusa por violencia política.
–En las fiscalías tienen que hacer investigaciones con base en pruebas, con base en las carpetas… en las pruebas que tiene para construir sus carpetas de investigación. Entonces, el uso político no debe ser. Pero no conozco este caso, la verdad, no podría yo determinar, tendría que determinar la Fiscalía.
–La declaración por la que se le acusa es que le dijo a Liliana Olivares, del PAN: “Definitivamente es vergonzoso que mujeres como ella estén en cargos de poder para no poder, porque realmente no puede tomar ni siquiera una decisión”. Y por eso es que se les está…
–¿Vinculando a proceso? Si este es el caso, pues no estoy de acuerdo. Las fiscalías tienen que actuar con pruebas y no políticamente.
Quien sufre el escarnio en redes sociales por ser mujer Presidenta sabe de lo que se trata. La persecución política por parte de la Fiscalía fue el último escaño de la escalada de Adrián de la Garza, Paco Cienfuegos, Zeferino Salgado y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas, el PRIAN, en contra del gobernador García Sepúlveda, sus correligionarios y familiares, incluyendo cómo le ganaron la alcaldía de Monterrey a través de la Policía Ministerial a Mariana Rodríguez Cantú.
La politización de la Fiscalía y sus persecuciones políticas son fáciles de comprobar en el caso de Ale Morales a través del factor “Gustavo Javier Solís Ruiz”, quien es el fiscal especializado en Delitos Electorales del estado de Nuevo León y, antes, Solís Ruiz fungió como representante de los intereses del PRIAN, específicamente de Adrián de la Garza y de Paco Cienfuegos, en los organismos electorales. Solís Ruiz es un activo orgánico desde el 2009, cuando fue asesor en la Oficina Jurídica del Equipo de Transición de Rodrigo Medina de la Cruz. Para demostrar su politizada sujeción a los prianistas, fue representante del PRI ante la Comisión Estatal Electoral de 2014 a 2015 y de 2020 a 2023. ¿Así o más explícito?
Esta semana, bajo las riendas de Omar Amador Escobar Figueroa, comisionado plenipotenciario, el preciso golpe de mesa, el necesario golpe de timón de Sheinbaum y García Harfuch en el estado de Nuevo León.