A pesar de que la comunicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como un éxito cualquier medida implementada por su Gobierno, la realidad es que el magnate se ha topado con un “muro” de medidas judiciales, aranceles y voces opositoras que frenan su avance; informa SPR.
Jueces bloquean sus planes de eliminar la ciudadanía por nacimiento
Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas el primer día de su gestión, el pasado 20 de enero, entre las que se incluía “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», una orden que estipulaba que la administración ya no otorgaría la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres sean inmigrantes en situación irregular.
Dicha medida atenta contra un derecho derivado de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza que las personas nacidas en territorio estadounidense sean consideradas como ciudadanas, independientemente de la situación migratoria de sus padres. Por ello, los fiscales generales de 22 estados presentaron demandas para bloquear la orden.
El decreto de Trump también fue bloqueado por tres jueces federales en Seattle, Maryland y New Hampshire. “El estado de derecho es, según Trump, algo que se debe sortear o algo que se ignora, ya sea por ganancia política o personal”, afirmó el juez John C. Coughenour, sobre la orden que finalmente fue desechada por considerarse anticonstitucional.
China impone aranceles a Estados Unidos
El presidente Trump anunció la imposición de aranceles del 10% a China el pasado 1 de febrero. En respuesta, el país asiático impuso aranceles del 15% sobre ciertos tipos de carbón y gas natural licuado, así como un arancel del 10% sobre el petróleo crudo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas. Las medidas del presidente chino, Xi Jinping, entraron en vigor el pasado 10 de febrero y, hasta el momento, no hay señales de un diálogo entre ambas naciones.
La Corte Penal Internacional responde a las sanciones de Trump
El mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de «acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel». La orden impone restricciones financieras y de visado a quienes colaboren en investigaciones de la CPI sobre estadounidenses y sus aliados.
Al respecto, el tribunal condenó la medida de Trump y señaló que Estados Unidos busca «dañar su labor judicial independiente e imparcial». Agregaron que “la Corte se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo”, postura que fue apoyada por decenas de países.
Juez bloquea el acceso a los sistemas informáticos del Departamento del Tesoro
Un juez federal restringió temporalmente, el pasado 8 de febrero, el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, a los sistemas informáticos del Departamento del Tesoro. Dichos sistemas distribuyen las declaraciones de impuestos de la ciudadanía estadounidense, las prestaciones de la Seguridad Social, los pagos por discapacidad y los salarios de los empleados federales.
La restricción impuesta por el juez Paul Engelmayer responde a una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, apoyada por otros 18 fiscales generales estatales contra la administración Trump. Además, Engelmayer ordenó la destrucción de toda información descargada del sistema de pagos por cualquier persona a la que se haya dado acceso desde el 20 de enero. Al respecto, se fijó una audiencia para el próximo 14 de febrero.
Marcha atrás a la congelación de fondos
La Administración de Donald Trump canceló, el pasado 29 de enero, su medida de congelar las ayudas públicas federales. El 10 de febrero, un juez federal ordenó al Gobierno que cumpla a cabalidad con la cancelación y reestablezca todos los fondos, después de que un grupo de 23 fiscales generales estatales aseguró algunos de ellos seguían retenidos.
Imagen portada: SPR
