Por Engels Contreras Piña
Gran debate nacional causó que la ministra en funciones Lenia Batres solicitara al Senado de la República y al INE, que deseaba que en la boleta electoral después de su nombre se incluyera su sobrenombre, el cual es ya por todos conocido. Desde criticas sin fundamento hasta desproporcionados análisis que no se fundamentan en las leyes electorales vigentes.
Y es que, sin ser un investigador profesional o un erudito del derecho, cualquiera puede acceder a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y cerciorarse de que es un derecho de las y los aspirantes el solicitar que su sobrenombre aparezca en las boletas electorales para el cargo que se pretende postular, pero para que no tengan que utilizar el control “F” les adelanto que está en el artículo 515.
Este tema no es para nada nuevo, desde 2012 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentaba precedentes autorizando a las autoridades administrativas electorales a poder incluir sobrenombres en las boletas electorales, mismos precedentes dieron nacimiento al criterio jurisprudencial 10/2013 emitido por la Sala Superior del TEPJF.
Derivado de lo anterior podemos concluir que es un derecho de las y los aspirantes poder incluir sus sobrenombres en las boletas electorales, claro siempre y cuando dicho sobre nombre respete los principios que rigen la materia electoral. La sobrerreacción que causó la solicitud de la ministra Batres pareciera que es más por un sesgo factico que por una genuina defensa de la ley.
Desde mi perspectiva el sobrenombre de ministra del pueblo no es un capricho, estrategia mediática o electoral, porque resulta un sobrenombre que contiene una profunda necesidad de legitimación, es decir no cualquiera podría llevar ese apodo o mote, sino solo quien realmente ha construido una relación de congruencia entre la impartición de justicia y el clamor de justicia que piden las mayorías populares.
Muchos pueden remitirse al pueblo para llenar de significado su relato político, pero no todos son genuinos cuando se trata de defender los intereses de las clases subalternas y la propia constitución. Sin duda alguna, dicha ministra con su actuar en torno a los intereses de la nación y de la constitución, se ha ganado el derecho a que la nombren como ya todos saben. En todo caso y para que no sea un juicio unilateral y sumario, de aprobarse la solicitud de la ministra Batres, esta se someterá a juicio popular el primero de junio.
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