Por Efrén Vázquez Esquivel
El cálculo político de los ministros del núcleo duro de la SCJN, liderados por Norma Piña, contra el Gobierno de Sheinbaum, falló. A pesar de usar varios medios de presión y recursos legales para derrumbar la reforma al Poder Judicial, no lo lograron. Esto se refleja en la resolución de la Corte del pasado miércoles, proyectada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, plagada de falacias para aparentar imparcialidad.
Destacan entre estos medios de presión la “huelga loca” de alrededor de 50 mil trabajadores del PJF, que duró casi tres meses, y la participación del mismo Ortiz Mena como conferenciante el pasado 10 de octubre en Harvard. Desde esta plataforma, para desacreditar la reforma al Poder Judicial, recurrió al argumentum ad ridiculum, falacia que consiste en desacreditar una argumentación mediante el uso de la ironía, provocando risas, en vez de refutar con argumentos objetivos.
Y vuelve a las andadas Ortiz Mena. Ahora en el proyecto de resolución de la Solicitud de Ejercicio de la Facultad prevista en la fracción XVII del Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobada la semana pasada.
Esta vez recurre a la falacia de argumentum ad hominem para omitir su participación en acciones políticas contra la reforma judicial. El ministro juzga a otros (jueces de Distrito que otorgaron suspensiones contra la reforma) sin mencionar su propio conflicto de interés. Haré, por ahora, una síntesis de la referida resolución.
Ortiz Mena dice que este caso refleja la fragilidad de las instituciones del Estado, que al intentar defender el orden constitucional vulneran el estado de derecho. La tragedia no está en los resultados de la Corte, sino en la normalización de que cada autoridad decide cuándo acatar el derecho.
Según Ortiz Mena, la ruptura institucional se debe a la reforma judicial y a las suspensiones dictadas arbitrariamente por jueces de amparo. Con esta resolución deja a los jueces de Distrito que siguieron su ejemplo antigobiernista en defensa de sus intereses gremialistas, colgados de la brocha. Es decir, sentados en el banquillo de los acusados.
