Por Ernesto Ángeles
El reciente escándalo protagonizado por el presidente argentino, Javier Milei, en torno a la promoción de la criptomoneda $Libra, ha desatado una tormenta política y financiera sin precedentes en el país. El mandatario, conocido por su afinidad hacia las finanzas descentralizadas y su postura política anarcocapitalista, utilizó sus redes sociales oficiales para respaldar un proyecto que, en cuestión de horas, se desplomó estrepitosamente, afectando a más de 40,000 inversores y generando pérdidas de varios millones de dólares dentro y fuera de Argentina.
Y si bien la naturaleza de $Libra, una «memecoin» sin respaldo en activos tangibles, la hacía inherentemente volátil y susceptible a manipulaciones del mercado, la promoción presidencial impulsó su valor de manera artificial, creando una burbuja que estalló cuando los principales poseedores liquidaron sus posiciones, en una maniobra conocida como «rug pull». Aunque este tipo de operaciones fraudulentas no son nuevas en el ecosistema de las criptomonedas, la implicación directa de un jefe de Estado añadió una capa de gravedad y responsabilidad institucional, ya que a diferencia de Trump -que también tiene su memecoin-, Milei la promocionó siendo ya presidente.
La defensa de Milei, argumentando que simplemente «difundió» el proyecto sin estar plenamente “interiorizado”, resulta inadmisible desde una perspectiva ética y profesional. Como líder de una nación, sus acciones y recomendaciones tienen un peso significativo y pueden influir en las decisiones financieras de miles de ciudadanos. La falta de diligencia debida y la aparente despreocupación por las consecuencias de sus actos reflejan una alarmante irresponsabilidad y un tremendo desconocimiento -o desprecio- de las responsabilidades públicas y políticas de su cargo.
Además, la reacción posterior del presidente, eliminando la publicación y minimizando su responsabilidad, ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Incluso entidades internacionales, como el FBI, han mostrado interés en el caso debido a la magnitud de las pérdidas y la posible afectación a inversores extranjeros.
Sin embargo, más allá de lo escandaloso del engaño, queda preguntarse qué tan atípico es este caso, si es un punto de quiebre o, si bien, éste sólo es el primero de varios casos que podríamos ver en un futuro, ya que el gobierno de Milei no es el único interesado en promover el libertarismo y las criptomonedas, sino que el gobierno de Estados Unidos y la ultraderecha a nivel internacional están trabajando para este objetivo.
La muestra más clara que cierta parte de la ultraderecha está interesada en doblar la apuesta del neoliberalismo, disminuir al Estado y hacerlo trabajar para los multimillonarios es la gestión de la dupla Trump-Musk en Estados Unidos, un gobierno prácticamente oligárquico que tiene por objetivo el adelgazamiento y centralización del Estado por medio de la destrucción institucional, así como Milei lo hizo en sus primeros meses de gobierno.
Además del neoliberalismo en esteroides, otra cosa que une a los proyectos de Trump y Milei (aparte de la sumisión de éste último) es que ambos grupos tienen una fe ciega en la tecnología, tal vez porque gracias a ésta se hicieron más ricos y su capital político aumentó, pero en ambos casos parece que el objetivo es administrar al Estado como si fuera un startup, un paradigma en el que Musk es experto, pero que si aplica a un país puede resultar caótico, tal como lo descubrieron los argentinos este fin de semana.
El manejo del Estado como un startup es complicado debido a cuestiones como que los startups se caracterizan por la alta incertidumbre y riesgo en el que operan, ya que muchas funcionan con modelos de negocio no probados, lo que lleva a una elevada tasa de fracaso, por lo que aplicar un modelo así a la administración estatal resultaría en un problema del tamaño de El Salvador y su economía “bitcoinizada”.
Además, los startups dependen en gran medida de financiamiento externo como capital de riesgo, lo que puede generar presión por demostrar crecimiento rápido y rentabilidad, a veces a expensas de la sostenibilidad a largo plazo (¿les suena en algo el manejo económico de Argentina bajo la presidencia de Milei?).
Asimismo, la necesidad de escalar rápidamente también puede llevar a problemas de gestión, tal como la falta de procesos estructurados y la sobrecarga de trabajo en equipos pequeños, así como ya lo está viviendo Washington con DOGE, la agencia creada por Trump para que Musk audite el gobierno de los Estados Unidos, y es que esta agencia está llevando a cabo recortes sin ningún tipo de vigilancia o rendición de cuentas, lo peor del asunto es que su equipo está conformado por tecnólogos anónimos que no tienen experiencia en la función pública o en los sistemas públicos, lo que se traduce en implementaciones tecnológicas caóticas, así como en daños económicos a diversas instituciones públicas como museos o centros de investigación, una maniobra muy similar a la de Milei y su motosierra.
Otro aspecto complicado es que los startups suelen priorizar el crecimiento y la agilidad, lo que puede resultar en una falta de planificación a largo plazo, así como en descuidar áreas críticas como la regulación, la equidad laboral o el impacto social y ambiental, tal como se puede analizar en las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump, el cual está ocupado en “romper cosas y moverse rápido”, como el lema de Silicon Valley.
El asunto aquí es que tal velocidad tiene un impacto negativo en cuestiones como la política exterior, las políticas públicas o el Estado de Derecho; sin embargo, poco importa lo anterior cuando se es presidente del país más poderoso del mundo, el tema aquí es que los países que siguen su ejemplo no tienen la misma resiliencia, las capacidades de poder o las riendas del juego, por lo que casos como los de Argentina serán cada vez más comunes si es que cada vez más líderes libertarios o ultraderechistas son electos, especialmente si éstos se muestran favorables hacia sus oligarquías nacionales, el adelgazamiento de sus Estados y la elección de figuras políticas autoritarias, sectarias e irresponsables.
