Por Ricardo Balderas
“Un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan cinco personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente, es posible accionar un botón que encaminará al tranvía por una vía diferente, por desgracia, hay otra persona atada a ésta”…
¿Debería pulsarse ese botón?. Así concluye la cuestión para Philippa Foot, una filosofa británica que nos invita a reflexionar sobre el curso del mal y nuestra posibilidad de intervenir, a veces, a costa de lo que algunas personas denominan el bien mayor. Asunto no tan lejano como quisiéramos. En todo el mundo se toman este tipo de elecciones, principalmente cuando se ejerce el poder.
De tal modo, que en su respectiva medida quienes ejercen el poder eventualmente se ven en la posición de tener que apoyar a un sector para desfavorecer a otros, estas decisiones, la mayoría del tiempo, se ven subordinadas a la realidad del poder en turno, es decir, sus compromisos.
Por ejemplo, un escenario similar aparece hoy en día con la desaparición, por decreto presidencial, de la financiación a la ayuda humanitaria proveniente del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
Y aunque a simple vista no lo parece, en realidad, se trata de una decisión para un sector importante principalmente radicado en países en desarrollo, de vida o muerte. Por ejemplo, entre 2003 y 2012, USAID asignó (donó) 25 millones de dólares, para programas de VIH en México, cursos, talleres capacitación, programas de periodismo relacionados al tema y sí, también en compras de terapia antirretroviral.
Otro ejemplo es el de la ayuda humanitaria a personas en situación de movilidad humana (migrantes), tan sólo en el refugio LGBT Casa Frida, quienes entre el 12 y 16 por ciento de sus beneficiarios tienen un diagnóstico de VIH. En su gran mayoría, quienes ingresaron por Tapachula, Chiapas llegaba en abandono de tiramiento y justo los recursos que desaparecen eran utilizados, en gran medida, para la gestión de los mismos. Así lo reconoce Raúl Caporal, codirector de la organización civil. Estos ejemplos ayudan a dimensionar la decisión del presidente de EE.UU al desaparecer dichos fondos pero la realidad es quizás un poco más grande.
La firma de más de 41 órdenes ejecutivas, entre las cuales destaca la paralización de USAID, refleja una visión aislacionista y de recorte de compromisos internacionales (que no son pocos) y pone en riesgo a millones de personas que dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir y con impacto inmediato en poblaciones que históricamente han sido oprimidas por todas nuestras instituciones. Y no, no me refiero a las organizaciones que gestionaban esos recursos. Me refiero al beneficiario final, es decir la persona usuaria. Migrantes, población de la diversidad sexual, mujeres, infancias, negritudes y trabajadores en todo el mundo, aproximadamente 10 mil personas.
Geopirateria y otros saqueos de agencias internacionales
Aunque también existe la otra realidad. Al tratarse de un programa que tiene origen en acuerdos políticos, evidentemente aparecieron casos de instrumentalización de estos fondos para el saqueo cultural de las regiones. También de venta de información confidencial de las personas que los programas decían defender.
Quizás el más relevante que ocurre en México es el de la geopirateria derivada de acciones cometidas por agencias internacionales. El caso particular del caso ocurrido en Oaxaca y San Luis Potosí, e investigado por la académica y periodista Silvia Ribeiro para el diario La Jornada es por decirlo poco, motivo para repensar la cooperación internacional. Según explica la investigación de Ribeiro, la Unión de Organización de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo, 15/1/09), han sido víctimas de un nuevo tipo de apropiación en sus comunidades: la “geopiratería”.
El modo de operar fue el siguiente, usar y abusar de los saberes locales de comunidades indígenas y campesinas, para hacer mapas digitales altamente detallados sobre su geografía, recursos (hidrológicos, de biodiversidad natural y cultivada, arqueológicos, sociales, culturales) para colocar todo esto en páginas electrónicas de acceso abierto, a disposición de quien lo quiera usar sin la autorización de las personas que habitan los conflictos y con fines, en muchos casos, de lucro individual.
Ribeiro, agrega otra capa de complejidad al contexto debido a los casos constantes de biopiratería, es decir, el abuso de la biodiversidad local con fines de lucro para países que aseguran cooperar para el desarrollo.
“Ambas se basan en acceder a los conocimientos –y potencialmente sus recursos– de las comunidades, a partir de los saberes ricos y detallados de su ambiente, para obtener beneficios que en nada favorecen a las comunidades e incluso las pueden perjudicar seriamente.”, explica.
La conclusión a la que llegan las comunidades afectadas, es apabullante. La UNOSJO señala que un equipo de geógrafos liderado por el estadunidense Peter Herlihy, llegó a la Sierra Juárez en el 2006, para informar y pedir apoyo para un proyecto de mapeo “participativo” titulado “México Indígena”. Ese mismo informe resultó un trabajo de espionaje. En dicho trabajo, los investigadores omitieron comentar que la empresa de tecnología militar Radiante Technologies estaría presente en todos los procesos, ni que la financiación provenía de la Oficina de Estudios Militares Foráneos (Foreign Military Studies Office (FMSO por sus siglas en inglés), ambas con un papel relevante en todos los procesos procesos.
¿Y si las minorías somos todxs?
Ahora tenemos el escenario más claro. Por un lado, esos fondos indiscutiblemente salvaron vidas y por el otro, se espió, mintió y robó a comunidades originarias, todo con fines militares. La decisión (o la más simple de ellas) entonces re cae en la posibilidad de eliminar esos fondos por ser utilizados para intereses ilegítimos, o bien, salvar las vidas que ya dependen de ellos. ¿Presionarías el botón?.
Afortunadamente vivimos en un mundo donde las decisiones pueden ser más complejas y justas. Un mundo, donde gracias a la regulación ningún tren va descarrilado a punto de arrebatar la vida o bien, un estado pude dejar de usar sus recursos de cooperación en operaciones militares. Y no entiendo por qué la opción de apretar el botón es tan popular.
Entre tanto, parece que conducimos el mismo tren hacia una sociedad donde la regulación colectiva es considerada una utopía, algo inalcanzable. Es decir, la democracia es considerada una utopía. Una sociedad donde la responsabilidad de arrebatar la vida consiste en pragmatismos e inmediateces y no, en la posibilidad de una vía de vigilancia y cooperación real. Y que nadie tenga que decidir entre la vida y la muerte. Las minorías somos todos.
