La Comisión Estatal de Derechos Humanos contrató a la empresa Mapa Dyne S de RL de CV, pese a haber sido sancionada e inhabilitada por cinco años por el gobierno de Hidalgo.
Diputados de Nuevo León solicitaron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) esclarecer con urgencia el contrato millonario con la empresa Mapa Dyne S de RL de CV, que pese a haber sido sancionada e inhabilitada por cinco años por el Gobierno de Hidalgo al proporcionar un domicilio falso, fue contratada por el organismo local; informó MILENIO.
Armida Serrato, diputada local del PRI, hizo un llamado a Susana Mendez, presidenta de la Comisión, para que verifique los procesos en los que deben contratar a una empresa, y que en caso de anomalías procedan en consecuencia.
«Para un organismo constitucionalmente autónomo tiene que efectivamente ser responsable de cada una de sus situaciones, el hecho que esté esta empresa inhabilitada en ese estado, no la exime (a Derechos Humanos) de haber hecho el análisis correspondiente, entonces yo le pediría y haría un llamado a través de este micrófono a la presidenta, a la doctora Susy Méndez, para efecto de que verifique cada uno de los procesos que debió haber llevado a cabo el área administrativa de la Comisión, y seguramente actuarán en consecuencia», declaró Serrato.
Mario Soto, coordinador de Morena, pidió al órgano que aclare la situación de contratación de la empresa a la que pagó casi 4 millones de pesos.
«Pues primero que aclare por qué está contratando esta empresa, qué servicios va a dar y por qué tan caro, y sobre todo analizar este tema, que se aclare a la brevedad», apuntó.
En tanto, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, declaró que la Auditoría Superior del Estado (ASE) debe poner especial atención al tema debido a que el tema es mediático, la autoridad debe iniciar una investigación.
«Yo creo que la Auditoría debe poner atención, si es un tema mediático automáticamente se abre una investigación especial para darle atención a cualquier situación de riesgo y no debería de haber ese tipo de proveedores, ni en los gobiernos, ni en este caso los organismos autónomos», finalizó.
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